La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El Atlético de Madrid está construyendo junto a su estadio Riyadh Air Metropolitano, en el barrio de Las Rosas, el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf. Para ello está acondicionando una laguna artificial que ocupará una superficie de 23.000 metros cuadrados, el equivalente a dos campos de fútbol. El proyecto se presenta bajo la bandera del “turismo sostenible”. Sin embargo, un análisis realizado por la Plataforma Ecologista Madrileña sobre sus cifras de consumo de agua dibuja un escenario muy diferente: la evaporación de agua en los meses de verano se ha estimado en 184.000 litros diarios. Los ecologistas exigen su paralización por ser “insostenible” y porque la infraestructura no cuenta con la pertinente evaluación ambiental.

El futuro complejo, bautizado como ‘Gemswell Surf Madrid’, se construye desde agosto de 2024 en los terrenos anexos al estadio Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas. Con una inversión superior a los 60 millones de euros (15,7 de ellos procedentes de fondos europeos), la instalación está dentro de la futura Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, que se ha aliado con Stoneweg InfraSports (un acuerdo empresarial entre los fondos Stoneweg y Teras Capital) para desarrollar el parque de olas. El Atlético de Madrid mantendrá una participación del 25% en la sociedad que explotará la actividad cuando el proyecto esté en funcionamiento.

La playa contará con una laguna de surf de 23.000 metros cuadrados, la mayor de Europa, con capacidad para hasta 120 surfistas simultáneamente y programas adaptados a todos los niveles y públicos. Estará equipada con una tecnología de generación de olas que podrá producir más de 20 tipos de olas de hasta dos metros de altura, ofreciendo condiciones ideales tanto para iniciación como para perfeccionamiento técnico del surf. El complejo también incluirá 3.000 metros cuadrados de restauración, 500 metros cuadrados de comercios especializados, escuela de surf y espacios para eventos corporativos. Las previsiones apuntan a unos 500.000 visitantes anuales y la creación de más de 100 puestos de trabajo directos.

La laguna artificial ocupa 23.000 metros cuadrados y albergará 30.000 metros cúbicos de agua potable suministrada por el Canal de Isabel II. Según los promotores, tras el llenado inicial, el consumo adicional se limitará principalmente a la evaporación.

Los datos climáticos de la zona este de Madrid, proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), indican que la evaporación media anual de una lámina de agua al aire libre oscila entre 1.300 y 1.500 milímetros. Aplicando un valor medio conservador de 1.400 milímetros (1,4 metros) sobre los 23.000 metros cuadrados de superficie, la pérdida por evaporación asciende a 32.200 metros cúbicos al año, una cifra que supera en un 7% el volumen total de agua que cabe en la laguna.

Purgas del sistema

A esa cantidad hay que sumar las purgas del sistema de filtrado, la limpieza de la playa artificial de 5.500 metros cuadrados y el consumo del edificio principal (vestuarios, restauración, climatización), así como las pérdidas por salpicaduras y aerosol generadas por la formación de olas y el viento. El consumo total anual real se estima entre 38.000 y 42.000 metros cúbicos, equivalente al gasto doméstico de más de 800 personas o al de un hospital pequeño durante un año y medio, explican desde la Plataforma Ecologista Madrileña.

En los meses de verano, la evaporación diaria puede alcanzar los 184.000 litros, un ritmo que secaría completamente la laguna en poco más de cinco meses si se interrumpiera el suministro del Canal. “Se asume una superficie de evaporación constante, ya que las paredes verticales de una piscina artificial impiden que la lámina expuesta se reduzca al bajar el nivel, a diferencia de lo que ocurre en un embalse natural”.

Además, la normativa española no permite actualmente el uso de agua regenerada para fines recreativos, por lo que toda el agua de reposición procederá de la red de agua potable del Canal. El proyecto contempla una futura conexión a agua regenerada “cuando la legislación lo permita”, lo que critican los ecologistas, ya que se trata de un escenario “muy difícil de cumplir ante el riesgo que supone el uso de agua regenerada en actividades de ocio con contacto total con el agua”.

El proyecto está incluido en el Plan Especial para la mejora de Redes Públicas del área ‘Parque Olímpico – Sector Oeste’. Este Plan Especial fue anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 24 de noviembre de 2025. Entre los motivos de la anulación, los magistrados señalaron que las modificaciones introducidas exigían una modificación del Plan General y, en consecuencia, la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, que nunca se llevó a cabo.

“Por un lado, está el Estudio Ambiental Estratégico que debe hacerlo el promotor y debería formar parte del Plan Especial y, por otro, la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, en base a ese estudio, al proyecto, a las alegaciones y a los informes sectoriales, debería emitir la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica. El Plan Especial aprobado no se sometió a ese trámite. El TSJM anula el Plan Especial porque dice que las modificaciones deberían haberse hecho por modificación puntual y esa modificación se debería haber sometido a evaluación ambiental estratégica”, explica Ángeles Nieto, portavoz de los ecologistas.

Pese al fallo judicial, las obras no se han detenido. Ante el recurso presentado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se mantiene el desarrollo. En definitiva, desde la Plataforma Ecologista Madrileña (formada por ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo, Liberum Natura) consideran que Gemswell Surf Madrid “es un proyecto insostenible y que debería someterse a una paralización cautelar. Los datos de consumo de agua, la anulación judicial del planeamiento que lo sustenta y el uso de fondos públicos europeos sin una evaluación ambiental adecuada plantean interrogantes sobre su legalidad y su idoneidad”.