
El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de organización criminal y tres de cohecho en el marco de la primera sentencia del ‘caso Koldo’. El tribunal le define como el “nexo corruptor” que pagó por favores políticos al exministro José Luis Ábalos, condenado a su vez a 24 años de prisión. A pesar de ello, no deberá pisar la cárcel y, como sanción económica, solo tendrá que abonar parte de los 430.298 euros que el Supremo calcula que pagó en sobornos.
Uno de los aspectos más criticados de la sentencia es que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aldama devolviera los 3,7 millones de euros que se embolsó con los contratos de mascarillas, al entender que había recibido un chivatazo sobre la licitación de los mismos, el Supremo le ha librado del pago al estimar que no hubo un delito de uso de información privilegiada e inducción a la prevaricación. ¿Por qué? Los magistrados piensan que “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia” y la licitación de esos contratos era “inminente”.
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Es decir, el tribunal acredita que Aldama recibió el encargo de comprar las mascarillas gracias al dinero que pasaba de forma regular a Ábalos y a Koldo (de ahí vienen las penas por cohecho), pero no considera que el beneficio millonario que obtuvo el comisionista sea ilícito. El propio Aldama reconoció en una entrevista en Telemadrid, tras conocer la sentencia, que no había disfrutado de la totalidad de los 3,7 millones de euros en comisiones, ya que había pagado unos 1,8 millones de euros en impuestos. “El resto, obviamente, me lo he quedado yo”.

Ahora, el empresario está pendiente de otras causas judiciales. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA por la venta de hidrocarburos y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia. Además, Aldama está pendiente de otra investigación por el presunto amaño de obras públicas junto a Ábalos y Koldo García (para las constructoras OPR y Levantina) y de otra causa por los presuntos cohechos en otros contratos de mascarillas durante la pandemia por parte de los Gobiernos canario y balear que se sigue en la Audiencia Nacional. Todo esto lleva un problema añadido: el pago de impuestos en el ejercicio 2020, cuando Aldama se forró con estos contratos de mascarillas.
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De hecho, la Agencia Tributaria asegura en informes aportados a la causa (uno de ellos de febrero de 2024) que Aldama, destacado empresario, no ha declarado IRPF desde el ejercicio 2015. “A pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional.
Actividades imputables a él
“Con este perfil es difícil encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables; no obstante, parece gozar de cierta relevancia, especialmente en el mundo de los negocios efervescentes”, destaca Hacienda. Muestra de ello es que es cónsul honorario de Georgia en España, consultor de importantes empresas chinas y ha hecho negocios en México, concretamente en el Estado de Oaxaca.
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El sumario del caso ‘Villafuel’ (en el que se le investiga por fraude en el IVA) revela la estructura societaria que dependía de Aldama: MTM 180 Capital, Businesscity, Future Factory SL, Deluxe Fortune, Antromero Desarrollo Empresarial, Araf Grupovivir SL, Bocata Food, Businesstar International, Duda Razonable SL, Global Stratos Investments, Grupo Signum Inversiones, Hot Wheels Ibérica, Logística Comercial Montelimar, Original London, Pilot Real Estate, Proyectos Annapurna II, Proyectos Independientes Gems II SL, Proyectos Vapesa, Soum y Endell Investments, Telefarmacia APP y Word Magic in the Villages. En la otra investigación por no pagar impuestos en las mascarillas, la Agencia Tributaria se ha fijado en dos de estas empresas: MTM 180 Capital y Deluxe Fortune.

Esta opacidad que Hacienda destaca de Aldama, “en los últimos años anteriores a ofrecer sus servicios para la localización de mascarillas al Ministerio de Transportes”, ha conllevado que la investigación fiscal solo haya encontrado una retribución oficial de 10.000 euros anuales por parte de su empresa Deluxe Fortune (que llegó a compartir con su pareja). “Lógicamente, al disponer de un sueldo tan exiguo se convierte en un no declarante de IRPF”, matiza la Agencia Tributaria, que añade: “El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputación de ingresos de empresa alguna no le ha impedido mantener un elevado nivel de vida y realizar compras en su propio nombre de imposible encaje en su economía declarada”. Por ejemplo, un Mercedes valorado en más de 140.000 euros.
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“Forma común de defraudación”
La Agencia Tributaria explica que Víctor de Aldama ha incumplido con la Hacienda española con una de “las formas más comunes de defraudación”: interponer sociedades para obtener una mejor tributación, cuando estamos ante servicios prestados de forma personal y sin intervención de estructura empresarial. Por ejemplo, en el ejercicio 2020, con la interposición de dos empresas y unos ingresos personales obtenidos de 5.657.393 euros, la tributación efectiva fue de 688.520 euros como impuestos de sociedades, “lo que representa sobre los ingresos obtenidos (los gastos son casi inexistentes) un porcentaje redondeado del 12%”.
Es decir, para Hacienda está claro. La tributación de Aldama debería haber pasado exclusivamente por el impuesto personal de las personas físicas, el IRPF, dadas las características de los servicios de asesoría que prestó, pero Aldama decidió interponer unas entidades mercantiles que no añaden valor añadido a los servicios personales prestados. En este caso, la cuota defraudada por el empresario en el ejercicio 2020 “puede ser superior a 1.834.000 euros”, concluye Hacienda.
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Luego están las empresas MTM 180 Capital y Deluxe Fortune. De esta última, Hacienda ha encontrado errores contables de 839.500 euros en el ejercicio fiscal de 2019. Son pérdidas que aplica para compensar y minorar los beneficios de las millonarias ventas de mascarillas en 2020. “Ello supone una compensación que consideramos improcedente, a juicio de esta Inspección, por un total de 1.142.435,26 euros, lo que se traduce en unas cuotas dejadas de ingresar de 285.608,81 euros”. De la otra sociedad, MTM 180 Capital, dejó de ingresar una cuota de 102.174,18 euros. Estamos hablando de un total de 2,22 millones de euros defraudados a Hacienda solo en el ejercicio 2020 por el señor Aldama y sus dos empresas. En el registro de morosos oficial de Hacienda (el último es el de 2024), aparece otra empresa de Aldama: Pilot Real State, que tiene junto a un socio. En 2024 debía 1.374.102 euros.
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