Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

El caso de Francisco Martínez, un conductor de autobús con múltiples problemas de salud, ha reabierto el debate sobre la seguridad laboral en profesiones de riesgo. A pesar de sufrir patologías cervicales, lumbares y en las manos desde hace años, además de depender de medicación que puede afectar a su capacidad de reacción, ha sido considerado apto para seguir trabajando al volante.

Martínez aseguró en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 que su situación médica es compleja y que ha empeorado con el paso del tiempo. Actualmente toma hasta cinco medicaciones diferentes, entre ellas, diazepam, antidepresivos y opiáceos que, asegura, “en conjunto son una bomba”, ya que afectan a la concentración, los reflejos y la capacidad de reacción al volante.

Desde hace siete años, Martínez lucha para que le reconozcan la incapacidad laboral debido a sus numerosos problemas de salud. Sin embargo, el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) de Barcelona ha determinado que es apto para continuar en su puesto, una decisión que el conductor ha recurrido al considerar que no se ajusta a su estado real de salud ni a las exigencias de su trabajo.

“No me veo apto para conducir un autobús”

El conductor realiza la ruta interurbana entre Mataró y Barcelona, un trayecto que combina tráfico urbano, carretera y autopista. Esta variedad de escenarios, explica, exige una atención constante y una capacidad de reacción que considera comprometida por su estado de salud.

Su mayor temor no está relacionado con su propia seguridad, sino con las posibles consecuencias que su estado de salud puede tener para los pasajeros que transporta y para el resto de conductores en la vía. “Si tuviese un accidente y hubiese personas que resultasen heridas o fallecidas, esa carga para mí sería peor. No me veo apto para conducir un autobús", señala.

El tribunal médico de Barcelona le obliga a seguir trabajando

Martínez fue evaluado por el tribunal médico de Barcelona a partir de un informe de síntesis de la Seguridad Social en el que, señala constaban sus patologías y tratamiento farmacológico. Sin embargo, denuncia que parte de la información clínica relevante no habría sido tenida en cuenta en la resolución final, obligándole a seguir trabajando en el transporte de pasajeros.

La decisión ha llevado al conductor a buscar apoyo en un médico forense para revisar su caso, al considerar que su situación clínica no habría sido valorada en su totalidad.

Este caso pone sobre la mesa el funcionamiento del sistema de evaluación de incapacidades en España, regulado por la Ley General de la Seguridad Social, que atribuye al Instituto Nacional de la Seguridad Social la competencia para determinar la existencia de una incapacidad permanente. En este proceso intervienen órganos de valoración médica, como el ICAM en Barcelona, que emiten informes sobre la capacidad laboral del trabajador.

Asimismo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de las empresas de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como de adaptar los puestos de trabajo cuando existan limitaciones médicas que puedan suponer un riesgo.

Más allá de su caso individual, Martínez asegura que no es una situación aislada y que conoce a otros compañeros del sector en circunstancias similares. Su testimonio reabre el debate sobre el equilibrio entre la valoración médica, la continuidad laboral y la seguridad vial en profesiones donde un error puede tener consecuencias graves.

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