La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

Extraña decisión de la Audiencia Nacional. El Servicio Común de Ejecutorias, dependiente de la Sala de lo Penal, ha decidido que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, coordine la venta de las 46 propiedades que la Justicia le embargó para hacer frente a la responsabilidad civil de sus múltiples condenas. En una resolución fechada el pasado 18 de junio, el tribunal acuerda suspender el mandato que tenía la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, y “requerir a la representación procesal de Francisco Correa para que, en el plazo de 10 días, presente convenio de realización de bienes” con las empresas que han manifestado interés en adquirir los bienes embargados.

Como ya publicó Infobae, ocho empresas de varios puntos del país se han interesado por las propiedades de Correa. Una de ellas, Inversiones Aralmar, una inmobiliaria aragonesa, había hecho una oferta para la compra de los inmuebles que un día pertenecieron al empresario y que hoy están embargados. Aralmar, que pertenece al Grupo Inmobiliario AC, propiedad de Alberto Calvo del Río, ofrece 6,1 millones de euros por las 44 propiedades. Inversiones Aralmar hizo su oferta de la mano de Paco Correa. Pero entonces aparecieron siete empresas más que también mostraron su interés por el tesoro inmobiliario de Correa y que esperaban que la Audiencia Nacional subastara todos estos bienes, entre los que hay chalés en Ibiza, Cádiz y Madrid, garajes, varias parcelas rústicas y atraques para barcos en Sotogrande.

Paco Correa presentó entonces un recurso. No quería subasta. En todo caso, que los bienes fueran a parar al primer postor, Inversiones Aralmar. Ahora, en una extraña decisión, pero que está permitida por la ley, la Audiencia Nacional pide a Correa que este se coordine con todas las empresas interesadas para que estas puedan “conocer los bienes individuales que integran el patrimonio afectado a la ejecución y cualquier otra información que precisen para realizar una eventual oferta de adquisición”. Algunas de las firmas interesadas explican que es “como poner al zorro a cuidar del gallinero. Lo suyo es una subasta pública, en la que pueda participar cualquier empresa o ciudadano, no solo los que hemos mostrado interés. Ahora nos obligan a reunirnos con Correa para negociar precios”, explica un portavoz de estas firmas.

La Audiencia Nacional avala su decisión en el artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la posibilidad de acudir a la mediación o a otros medios de solución de controversias durante un proceso de ejecución. “El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán convenir el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución, incluida la realización por persona o entidad especializada”.

La pregunta es: ¿cuál es el modo más eficaz? “Una subasta pública”, señala una de las empresas interesadas.

Un acuerdo entre partes

En términos prácticos, este artículo permite que, incluso cuando ya se está ejecutando una sentencia (por ejemplo, embargando bienes), el juez pueda pausar el proceso para que las partes intenten llegar a un acuerdo a través de mediación, evitando así continuar con la ejecución forzosa. Si todas las partes alcanzasen un acuerdo, podrán solicitar su homologación judicial, que tendrá los efectos previstos en la ley para los acuerdos de mediación. Esta decisión obliga a Correa a ponerse de acuerdo con ocho empresas. Estas pueden recurrir ahora la decisión del tribunal.

Una de las propiedades más lujosas del tesoro de Correa es el chalé que este se estaba construyendo y no terminó en Punta Grossa, en el noroeste de Ibiza, en el municipio de Sant Joan de Labritja. Estamos hablando de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sobre estos terrenos hoy se levanta una vivienda de 400 metros cuadrados y tres plantas a medio terminar. Correa adquirió la finca de 4.000 metros cuadrados el 7 de julio de 2006. La parcela figuraba a nombre de Osiris Patrimonial. Los terrenos fueron pagados gracias a las comisiones que se llevó la trama por participar en la organización de la visita que el papa Benedicto XVI realizó a Valencia en 2006.

En Marbella, Correa tenía 12 propiedades: 10 garajes y dos viviendas. Destaca un ático en la urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús. La tasación real del inmueble puede llegar a 1,6 millones de euros. En esta casa residió durante mucho tiempo la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión. Luego está Sotogrande, en Cádiz. Correa tenía uno de los 164 apartamentos de la elitista urbanización Valgrande en esta localidad gaditana. Allí se despertó el 6 de febrero de 2009, cuando la Policía Nacional lo detuvo por primera vez. Allí las empresas de la trama tienen siete parcelas. También en Sotogrande hay cuatro atraques en el puerto, cuatro garajes y otra finca rústica con vivienda situada en la Ribera del Emperador, otro complejo residencial situado a pie de playa.

El tesoro de Correa lo completan dos fincas en la Hacienda La Conejera, en Algeciras, en un paraje de alto valor ecológico; una casa en una urbanización de Las Matas, en Las Rozas; y seis fincas rústicas en Tarifa (Cádiz) que suman 168.000 metros cuadrados. Correa ha tenido muchas condenas que suman decenas de años de prisión, pero solo puede cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Tras pasar casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado. El caso ha sido tan complejo que en octubre de 2025 (16 años después de las primeras detenciones) se celebró el último de los 12 juicios que ha generado.