El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta este lunes una reunión especialmente delicada que puede marcar un nuevo capítulo en el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y el juez Juan Carlos Peinado. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces analizará las consecuencias de las polémicas afirmaciones que el magistrado incluyó en el auto por el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez, prohibió su salida de España y le impuso comparecencias periódicas ante el juzgado, como medidas cautelares de cara a su juicio.

La cita llega después de un fin de semana de máxima tensión institucional. El Ministerio del Interior ha presentado una queja formal contra el instructor, la Policía Nacional ha criticado públicamente sus palabras, la defensa de la esposa de Pedro Sánchez ha denunciado una posible vulneración del derecho de defensa y la propia presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha decidido aplazar la votación inicialmente prevista para este domingo con el fin de que los vocales puedan debatir presencialmente el asunto.

Aunque la decisión de retirar el pasaporte a Gómez ha situado nuevamente la investigación en el centro de la actualidad política y judicial, el debate de este lunes no girará sobre la procedencia de esas medidas cautelares. Lo que estudiará el CGPJ es si algunos de los argumentos utilizados por Peinado para justificarlas pueden tener consecuencias disciplinarias.

¿Se excedió Peinado al cuestionar a la Policía?

La principal cuestión que tendrán que abordar los vocales nace de uno de los párrafos más controvertidos del auto. Para justificar la existencia de un posible riesgo de fuga, Peinado sostuvo que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la escolta de Begoña Gómez podrían colaborar en una eventual huida. El magistrado llegó a plantear que esa ayuda podría producirse tanto por iniciativa propia como siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos.

Esas afirmaciones provocaron una reacción inmediata tanto en el ámbito político como en el policial. Sin embargo, más allá de la controversia pública, la cuestión que deberá resolver ahora el CGPJ es si esas referencias forman parte de la libertad que tiene un juez para motivar una resolución o si, por el contrario, constituyen expresiones improcedentes que no encuentran respaldo suficiente en los hechos del procedimiento. Ese será previsiblemente el núcleo del debate.

¿Existe base para abrir un expediente disciplinario?

Ligada a la cuestión anterior aparece la decisión más relevante que puede adoptar el órgano de gobierno de los jueces. La Comisión Permanente estudiará si las manifestaciones contenidas en el auto pueden encajar en algún supuesto de responsabilidad disciplinaria previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuentes jurídicas apuntan a que el análisis gira en torno a una posible falta grave relacionada con la consideración debida a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En este caso, los agentes encargados de la escolta de la esposa del presidente del Gobierno.

La reunión de este lunes servirá precisamente para determinar si existen indicios suficientes para iniciar algún tipo de actuación o si, por el contrario, las afirmaciones del magistrado quedan amparadas por el ejercicio de su función jurisdiccional.

El peso de la queja presentada por Marlaska

Uno de los elementos que estará presente en las deliberaciones será la denuncia formal remitida al CGPJ por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su escrito, el titular de Interior trasladó su “más enérgica queja” por unas afirmaciones que considera de “máxima gravedad”. El departamento entiende que el juez pone bajo sospecha a funcionarios públicos sin aportar elementos objetivos que justifiquen esas sospechas, en las que cuestiona de manera directa la profesionalidad de los agentes encargados de la protección de autoridades.

Además, Interior considera especialmente relevante que el magistrado sugiera que una eventual colaboración en una fuga pudiera producirse siguiendo órdenes de superiores jerárquicos, una referencia que afecta también a la cadena de mando policial. La queja no determina por sí misma la apertura de actuaciones, pero sí constituye uno de los principales motivos que han llevado el asunto hasta la mesa del CGPJ.

La denuncia de la defensa de Begoña Gómez

La Comisión Permanente también llega a la reunión con otra reclamación encima de la mesa. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha denunciado ante el órgano de gobierno de los jueces una posible vulneración del derecho de defensa al asegurar que tuvo conocimiento de la apertura de juicio oral y de las medidas cautelares a través de los medios de comunicación antes de recibir la correspondiente notificación oficial.

Según sostiene la defensa, las resoluciones judiciales habrían trascendido públicamente antes de ser comunicadas formalmente a las partes personadas en el procedimiento. Aunque se trata de una cuestión distinta a la polémica generada por las referencias a la Policía, el escrito añade otro frente de controversia alrededor de la actuación del instructor y contribuye a aumentar la presión sobre una reunión que ya se presenta especialmente sensible.

Qué puede decidir el CGPJ este lunes

La Comisión Permanente dispone de varias opciones. Puede optar por archivar las quejas recibidas si considera que no existe base para actuar; puede acordar actuaciones previas para recabar más información antes de adoptar una decisión; o puede remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que estudie la apertura formal de un expediente.

Sea cual sea el resultado, la reunión llega en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno y el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez y después de un fin de semana en el que una resolución judicial ha acabado derivando en un conflicto institucional que involucra al Ejecutivo, a la Policía Nacional y al propio órgano de gobierno de los jueces.