El impacto en la salud mental, el otro precio de la crisis de la vivienda en los jóvenes: los problemas se multiplican cuando gastan más del 50% del salario

Acceder a una vivienda en España, unido a la precariedad y la inestabilidad laboral, no solo se ha convertido en un problema que afecta al bolsillo, sino que cada vez provoca un impacto mayor en la salud mental de quienes tratan de conseguir un lugar estable para vivir. Esa huella es aún más profunda en la población joven, pues limita sus proyectos de vida y expectativas de futuro, según advierte el informe Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural publicado este martes por el Consejo de la Juventud de España -CJE-, Fad Juventud y Oxfam Intermón, que revela que el 42% de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por esta crisis percibe su salud mental como regular o mala.

El testimonio de María Rodenas, una joven valenciana de 26 años, ilustra ese malestar. A ella le ha tocado mudarse hasta en tres ocasiones en un año por la dificultad para encontrar un alquiler estable, según relató a Infobae en esta entrevista. Lo peor, decía, es que las perspectivas de futuro están lejos de mejorar. “En Valencia ahora mismo no hay ningún piso que valga menos de 1.000 euros para una persona sola, cuando en muchos casos tenemos salarios de 1.400. Hay pisos que están hechos polvo, otros que no tienen salón, y muchas habitaciones ya están por 550 o 600 euros si el barrio es céntrico”. El problema es aún más grave en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián, donde los precios del alquiler y la compra de vivienda superan la media nacional y la oferta resulta insuficiente para la demanda existente.

Andrea González Henry, presidenta del CJE, asegura que la juventud no solo se está jugando una cuestión material: “Nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna“, ha señalado tras la presentación del informe. ”Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro, en salarios que no alcanzan y en una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida”, añade.

Por ello, defiende, se necesita una estrategia integral que combine políticas “que hagan efectivo el derecho constitucional a la vivienda”, una mayor protección social para los jóvenes y un refuerzo de los servicios de salud mental, “pero todo a la vez”, insiste.

El acceso a la vivienda obliga a la población joven a hacer equilibrios con sus cuentas, pues habitualmente destinan entre el 40% y el 50% de sus ingresos a ese pago, muy por encima del 30% que los expertos consideran asumible, señala el informe. En el caso de los hogares unipersonales jóvenes, el esfuerzo es aún mayor, ya que desde 2017 supera el 80% del salario. Esta presión constante tiene reflejo en su bienestar: la mala salud mental afecta al doble de jóvenes que destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda que a aquellos cuyo esfuerzo no supera el 30%.

“Para muchas personas jóvenes, la vivienda marca decisiones vitales, con quién viven, qué intimidad pueden tener, cuánto tiempo pueden sostener un alquiler o hasta qué punto pueden imaginar un proyecto de vida propio”, explica por su parte Julia García, coautora del informe y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón. “La crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que afecta a su salud mental, a sus relaciones y a sus expectativas de futuro”.

Si bien los altos precios de la vivienda son una pieza clave del problema, no es la única. La precariedad económica y la inestabilidad laboral también condicionan el bienestar emocional de la juventud y alimentan una sensación de incertidumbre que limita sus proyectos de vida. Los datos apuntan a una relación directa entre dificultades económicas y salud mental: entre las personas jóvenes que viven en situación de carencia material severa, el 63,5% sufrió algún problema de salud psicológica en el último año, mientras que entre quienes no padecen privaciones materiales, el porcentaje se reduce al 52,4%.

La capacidad de ahorrar marca igualmente una diferencia. Los jóvenes que no consiguen reservar parte de sus ingresos declaran más síntomas de malestar emocional, con diferencias que superan los diez puntos porcentuales respecto a quienes cuentan con una situación económica más desahogada.

Un círculo vicioso

La falta de recursos puede acabar convirtiéndose en una espiral difícil de romper. Tener menos medios económicos se asocia a una peor salud mental, pero esa misma situación dificulta el acceso a atención psicológica. Sin apoyo profesional, el malestar se agrava. El informe refleja con claridad este círculo vicioso: entre las personas de 25 a 34 años que tuvieron que renunciar a ayuda psicológica por motivos económicos, la incidencia de mala salud mental pasó del 7% al 19,3% en el último año.

“Con frecuencia abordamos la salud mental como una cuestión individual, cuando los datos muestran con claridad el peso que tienen las condiciones de vida. La precariedad, la incertidumbre, la falta de autonomía o la sensación de que el futuro se aleja terminan dejando una huella profunda en el bienestar emocional de las personas jóvenes. No podemos entender la salud mental sin prestar atención al contexto en el que se desarrolla”, indica Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

La precariedad también tiene efectos sobre las relaciones sociales. La falta de recursos no solo limita las oportunidades materiales, sino que puede erosionar las redes de apoyo y aumentar el sentimiento de aislamiento. Casi cuatro de cada diez jóvenes con carencia material severa (39,8%) afirman sentirse solos con frecuencia. Entre quienes no afrontan dificultades económicas, la cifra se reduce a uno de cada cinco (19,6%).

Reclaman soluciones urgentes

Ante esta realidad, las tres organizaciones reclaman actuar sobre una doble emergencia: reforzar los servicios de atención psicológica dirigidos a la juventud y abordar las causas estructurales que están detrás de este deterioro del bienestar emocional. Entre las medidas propuestas figuran ampliar el parque de vivienda pública, garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible y combatir prácticas especulativas en el mercado del alquiler. En el ámbito laboral, apuestan por impulsar iniciativas como la aprobación del Estatuto del Becario y la ampliación de becas y ayudas al estudio para consolidar las mejoras recientes.

Asimismo, las entidades plantean reformar el Ingreso Mínimo Vital para facilitar su acceso a las personas menores de 30 años, con el objetivo de combatir la pobreza juvenil y reducir las situaciones de carencia material severa que, según el informe, están estrechamente ligadas al deterioro de la salud mental.