La UE agilizará la deportación de migrantes a centros en terceros países pese a las críticas políticas y sociales: “Es un retroceso en derechos humanos”

Las instituciones europeas avanzan hacia una política migratoria cada vez más estricta. Así lo confirma el acuerdo provisional al que han llegado el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, que facilita la expulsión de migrantes en situación irregular y contempla la creación de centros de retorno en países terceros distintos a los de su origen, replicando el modelo impulsado por el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni con Albania. La medida necesita la aprobación final de los gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, aunque todo apunta a que saldrá adelante gracias a la mayoría que suman el Partido Popular Europeo y la extrema derecha, pese a que el flujo de migrantes irregulares bajó un 26% el año pasado, situándose en mínimos desde 2021.

El Consejo explica en un comunicado que, con este acuerdo, si las autoridades nacionales deciden que una persona de un país fuera de la UE está residiendo de forma irregular en un Estado miembro, esa persona “deberá abandonar ese país, ya sea de inmediato o dentro de un plazo establecido”.

“Después de casi dos décadas, las normas de la UE sobre retornos necesitaban una reforma. Nuestro objetivo siempre ha sido claro: un sistema de retorno efectivo, justo y viable, respaldado por un marco legal sólido”, ha explicado en un comunicado del Consejo el eurodiputado neerlandés Malik Azmani, del partido Renew Europe, que ha subrayado que lo más importante es que Europa “cuente con un sistema creíble y aplicable en la práctica”.

Familias con hijos menores de edad

La normativa introduce reglas estrictas “para quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea”, de forma que obliga a las personas en situación irregular a abandonar el país donde se encuentren y a colaborar con las autoridades. El texto también prevé consecuencias para quienes no colaboren, como la reducción de ayudas y subsidios. Además, si la legislación nacional lo contempla, los Estados miembros podrán aplicar sanciones penales, incluyendo penas de prisión.

En los centros de retorno, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados. Por el contrario, sí se permitirá trasladar a estos centros a familias con hijos menores de edad.

Para los migrantes que las autoridades consideren una amenaza para la seguridad pública o nacional, el acuerdo contempla su expulsión con carácter prioritario. Además, podrán ser detenidos en centros penitenciarios, en áreas separadas de la población reclusa general, y se les podrá imponer una prohibición de entrada al territorio por tiempo indefinido.

Críticas de partidos y organizaciones humanitarias

La nueva normativa cuenta con la oposición de partidos socialdemócratas, verdes y de izquierda, que aseguran que la propuesta no está alineada con un enfoque europeo y supone, a su juicio, una inclinación de los populares europeos hacia posiciones de la extrema derecha.

El nuevo acuerdo también ha sido muy criticado por organizaciones sociales y humanitarias como Irídia, Novact, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional, que denuncian que “supondrá un retroceso en derechos humanos” y que “el perfilamiento racial sigue siendo una práctica estructural en el sistema policial”. También critican las medidas coercitivas y punitivas que contempla el pacto para intensificar las deportaciones y alertan de la creación de centros de retorno en terceros países, “con riesgos de detención arbitraria y vulneraciones de derechos humanos”.

“La propuesta se ha tramitado de forma acelerada, sin evaluación de impacto y en un contexto de opacidad”, señala en un comunicado Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional, que recuerda que el pacto ha recibido oposición de más de 250 organizaciones de la sociedad civil y de expertos de Naciones Unidas.