El Movimiento #RegularizaciónYa ha llevado esta semana al Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir la prórroga del plazo de regularización extraordinaria de migrantes, que vence el 30 de junio. Además, la plataforma, que agrupa a cientos de entidades sociales, también denuncia las trabas administrativas, las deportaciones y los fallos burocráticos que amenazan con dejar fuera del proceso a miles de personas vulnerables.
La PNL llega en un momento en el que el proceso de regularización extraordinaria, puesto en marcha mediante Real Decreto el pasado 15 de abril, ha consumido ya más de la mitad de su plazo. Las solicitudes, abiertas tanto por vía telemática como presencial, deben presentarse antes del 30 de junio. El movimiento avisa de que esa fecha límite es insuficiente para atender a todas las personas que deberían beneficiarse del proceso, y lo califica directamente de “plazo arbitrario”.
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Por el momento, la iniciativa cuenta con el apoyo de Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. El PSOE, por su parte, estudiará esta semana si se suma al respaldo.
Trabas en cadena: huellas, consulados y burocracia
Según la plataforma, desde que arrancó el proceso, las entidades sociales que sostienen la tramitación de expedientes —sin presupuesto específico, denuncian— han detectado una acumulación de obstáculos que ralentiza o impide el acceso a la regularización. Entre los más graves figuran las demoras en la admisión a trámite de expedientes, que superan el plazo previsto de 15 días, y la práctica inexistencia de resoluciones favorables.
El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.
A esto se suman la falta de citas para la toma de huellas dactilares, la inoperancia de algunos consulados españoles para legalizar los certificados de antecedentes penales que exige el proceso y la confusión generada por las instrucciones del Ministerio de Inclusión, que algunas administraciones han interpretado de forma discrecional.
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“El Ministerio de Inclusión dictó instrucciones que algunas administraciones se han tomado como un menú a la carta y hemos perdido un mes de los 2 meses y medio para esta regularización extraordinaria”, señala el movimiento en un comunicado.
Las seis medidas de la PNL
La PNL registrada plantea seis medidas concretas. La primera pide facilitar urgentemente los trámites de legalización documental desde los consulados españoles. La segunda exige reforzar de forma extraordinaria el sistema de citas para la toma de huellas. La tercera, suspender las órdenes de expulsión durante toda la vigencia del proceso.
La cuarta medida apunta a garantizar el principio constitucional de presunción de inocencia, de modo que los simples antecedentes policiales no judicializados no generen consecuencias negativas en la tramitación. La quinta pide agilizar los procedimientos para la apostilla de los certificados penales emitidos por consulados y por los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, por último, y lo que el movimiento considera más urgente, reclama prorrogar el plazo de presentación de solicitudes para que ninguna persona quede excluida por causas ajenas a su voluntad.
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El Defensor del Pueblo pide parar las deportaciones
Y es que uno de los elementos más graves del proceso ha sido la continuidad de las deportaciones. El Movimiento #RegulaciónYa denuncia que, desde la firma del primer acuerdo, se han puesto en marcha lo que describe como “deportaciones racistas” sobre personas que podrían ser beneficiarias de la regularización. La situación ha llegado a tal punto que el Defensor del Pueblo tuvo que emitir un informe para solicitar expresamente que no se ejecuten expulsiones contra personas que ya han tramitado expedientes de regularización.
Para el movimiento, esta contradicción es inaceptable: “Resulta incompatible que el Estado promueva una vía de regularización extraordinaria y, al mismo tiempo, mantenga actuaciones policiales y procedimientos de deportación sobre potenciales beneficiarias de dicha regularización”.
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