La UCO sitúa a Cerdán como el líder de las cloacas del PSOE y a Leire Díez como su “ejecutora”: ambos protegían “los intereses del presidente”

Ya ha salido a la luz el sumario del caso Leire Díez, que persigue una presunta trama criminal dedicada a obstaculizar, torpedear y desacreditar de forma sistemática procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al entorno del Gobierno de España. Según los documentos que el juez Santiago Pedraz ha compartido con las partes, y a los que ha tenido acceso Infobae, la UCO considera que la trama estuvo dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez con el objetivo de “proteger los intereses” que afectaban “a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”, es decir, a Pedro Sánchez.

De acuerdo con ese informe, los investigadores sitúan a Cerdán “en un nivel superior” y a Díez “en un nivel ejecutivo”. Los agentes de la UCO sostienen que “actuaban de manera conjunta” y que “desarrollaron esta actividad de manera coordinada, manteniendo una unidad de acción y dirección”. Para la Policía Judicial, esa “unidad de acción y dirección” se encontraba “personificada en la figura de Cerdán”. La UCO afirma que esa preeminencia se evidenció en “la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada”.

En concreto, Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. El informe recoge que el partido “soportó el coste de la actividad investigada”, permitió el uso de “su personal” para tareas administrativas, aportó “sus dependencias” para reuniones y asumió la logística “viajes, alquiler de vehículos...” de algunos miembros.

“Santos Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos) de algunos de sus miembros”, según palabras textuales del informe.

Además, Cerdán habría autorizado pagos mediante facturación falsa y desvíos de fondos empleando sociedades interpuestas, canalizando, entre otros, 22.500 euros a Leire Díez Castro y 125.000 euros a Jacobo Teijelo Casanova.

Leire, bajo las órdenes de Cerdán

Sobre Leire Díez, el informe policial cita que desempeñó funciones de coordinación operativa bajo las órdenes directas de Cerdán, organizando actuaciones, transmitiendo instrucciones y gestionando colaboradores. Se le atribuye la organización de reuniones, la gestión de expedientes y la elaboración de documentación falsa para justificar la recepción de fondos canalizados a través de empresas vinculadas.

Por otro lado, la exmilitante del PSOE se presentó ante el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, como alguien con vínculos con “los de arriba” o con “los de arriba del Gobierno”. Así quedó reflejado en la declaración que Villalba prestó como testigo ante agentes de la UCO.

Los encuentros tuvieron lugar el 10 y el 26 de marzo de 2025, en dos reuniones separadas. Según el acta de la declaración, Villalba acudió “de forma voluntaria” a dependencias de la Guardia Civil el 28 de mayo, un día después de que la UCO registrara la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación sobre presuntos pagos a Díez por esos servicios. Los agentes lo habían citado por teléfono.

Otros investigados

La investigación también señala a Gaspar Zarrías como responsable de la cobertura jurídica de la organización. El atestado indica que Zarrías, a través de su empresa ZAÑO Sociedad Consultores SL, formalizó un contrato laboral simulado con Leire Díez para canalizar pagos procedentes del partido. La UCO intervino casi 20.000 euros en efectivo en un registro domiciliario vinculado a Zarrías, cuya implicación se remonta al menos a 2022.

Respecto a los abogados Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova, la documentación policial les atribuye la provisión de defensa jurídica a miembros clave de la organización y la preparación de acciones legales dirigidas a obstaculizar investigaciones. Ambos habrían canalizado fondos del PSOE mediante la emisión de facturas falsas desde sus despachos. Por ejemplo, Oliver facturó 22.500 euros al partido y posteriormente transfirió esos fondos a Díez Castro bajo conceptos simulados. Teijelo habría facturado 125.000 euros por servicios ficticios, destinando el dinero a fines distintos de los consignados en la contabilidad.

El papel de Leticia de la Hoz queda definido como intermediaria en la manipulación de testigos. El atestado recoge que De la Hoz, a cambio de una remuneración documentada de 25.000 euros y otras recompensas, intentó modificar declaraciones en sede judicial de testigos clave en procedimientos vinculados al PSOE. Para ello, actuó como enlace entre el entorno jurídico y los testigos, en coordinación con otros miembros como Oliver y Díez Castro.

La investigación policial incluye también a personal auxiliar del partido, en particular a Covadonga San Pedro Pascual, Celia Rodríguez Alonso y Ana María Fuentes Pacheco. Estas trabajadoras, dos secretarias y una directora gerente federal, gestionaron viajes, reservas y pagos logísticos. Además, participaron en la falsificación de documentos para simular la legalidad de pagos a despachos y personas implicadas, en cumplimiento de instrucciones de la organización.

El documento judicial presenta la estructura de la organización como jerárquica y coordinada. Atribuye a Santos Cerdán León la dirección, provisión de recursos y cobertura política y material; a Leire Díez Castro, la coordinación ejecutiva y gestión integral de la trama; a Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, la responsabilidad de la vía jurídica y la canalización de fondos; a Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova, la ingeniería jurídica-fiscal y la defensa de integrantes en procedimientos judiciales; a Leticia de la Hoz, la función de mediadora en la manipulación de testigos; y al personal auxiliar, la ejecución de tareas prácticas y administrativas.