El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un nuevo paso dentro de la investigación del denominado ‘caso Plus Ultra’ al ordenar una tasación preliminar de las joyas localizadas durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La medida busca aclarar qué son exactamente las piezas intervenidas, si son auténticas y cuál podría ser su valor económico.
La decisión aparece recogida en una providencia dictada este 3 de junio, en la que el magistrado acuerda someter los objetos hallados a un primer examen técnico que permita obtener una fotografía inicial de su naturaleza y relevancia. Se trata, por ahora, de una valoración preliminar, aunque el propio juez deja abierta la puerta a que posteriormente se practique una pericial más completa y detallada.
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La resolución llega después de que el juzgado recibiera una comunicación remitida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 2 de junio. A la vista de la información trasladada por los investigadores, Calama considera necesario avanzar en el análisis de los efectos intervenidos durante el registro para determinar con precisión sus características.
El objetivo de esta primera evaluación no es únicamente poner precio a las piezas. El magistrado reclama que se determine su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición, pero también que se identifique al fabricante mediante los sellos o marcas que puedan contener y que se establezca una fecha aproximada de fabricación.
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En otras palabras, la Audiencia Nacional quiere conocer no solo cuánto valen las joyas encontradas, sino también qué son exactamente, quién las fabricó y en qué periodo pudieron haber sido elaboradas. Una información que podría resultar relevante para contextualizar los objetos dentro del marco de la investigación judicial.
Una valoración inicial antes de una posible pericial más profunda
La providencia subraya que el examen acordado tiene un carácter preliminar. El juez deja expresamente señalado que esta actuación se realiza sin perjuicio de una futura tasación pericial que pueda incorporar otros análisis técnicos de interés para la causa.
La diligencia afecta a un conjunto de alrededor de un centenar de piezas de joyería halladas por la UDEF en una caja fuerte durante el registro de la oficina del expresidente. Aunque el contenido del sumario ya había revelado la existencia de esas piezas, su valor sigue siendo una incógnita. Precisamente por ello, el juez ha ordenado ahora una primera tasación que permita conocer qué objetos fueron intervenidos, quién los fabricó, cuándo pudieron ser elaborados y cuál sería su valor de reposición.
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La decisión encaja en una fase habitual de las investigaciones judiciales complejas, en las que los objetos intervenidos son sometidos a análisis especializados para determinar su procedencia, valor o posible vinculación con los hechos investigados.
Ansorena será la encargada del análisis
Para llevar a cabo este trabajo, el juez ha designado a la histórica joyería Ansorena, que será la encargada de realizar el examen técnico de las piezas. Antes de iniciar la labor, los profesionales responsables deberán prestar el correspondiente juramento o promesa previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, la providencia pone especial énfasis en la necesidad de preservar todas las garantías sobre la custodia de los objetos analizados. Por ello, ordena que la UDEF documente de forma detallada todo el procedimiento, dejando constancia de cada actuación y de los requisitos necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia.
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Ese control documental resulta especialmente relevante cuando se trabaja con efectos intervenidos judicialmente, ya que permite garantizar su trazabilidad y acreditar que los objetos examinados son exactamente los mismos que fueron incautados durante el registro.
Para ejecutar la diligencia, el magistrado ha acordado remitir el correspondiente oficio a Ansorena y librar también mandamiento a la UDEF, que deberá coordinar y documentar el desarrollo de la actuación.
La providencia recuerda igualmente que la decisión puede ser recurrida mediante recurso de reforma ante el propio órgano judicial en el plazo de tres días desde su notificación.
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