Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

Los profesores, maestros y educadoras infantiles no pueden más. Durante los últimos meses han protagonizado una marea de protestas, manifestaciones y huelgas que se extienden por todo el país y que no han hecho nada más que empezar. El video de un agente de la Policía Nacional que empuja contra el suelo a una manifestante durante una protesta por la educación pública en Valencia ha dado la vuelta a España y ha puesto en el foco huelga que empezó el pasado 11 de mayo en la región.

Los sindicatos y la Generalitat no llegan a un acuerdo. Tampoco lo hacen en Cataluña, donde arrastran meses de protestas y movilizaciones que han paralizado las principales ciudades. En la Comunidad de Madrid, la lucha de las educadoras de 0 a 3 años continúa. Y con este clima de hartazgo, el principal sindicato de funcionarios ha puesto sobre la mesa la posibilidad de empezar el próximo curso con una huelga nacional de los docentes de la educación no universitaria.

CSIF ha anunciado movilizaciones desde septiembre en toda España y no descarta una huelga “tras constatar el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y las comunidades autónomas, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad.” También han pedido al resto de sindicatos que secunden el movimiento. “Hacemos un llamamiento al resto de organizaciones sindicales porque este reto nos supera”, ha señalado este martes el presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

La organización sostiene que el malestar ya se ha traducido en protestas en distintas comunidades autónomas y que ahora pretende darle una dimensión estatal. Según CSIF, la decisión se apoya en un informe sobre el sistema educativo español desde 2009 y en una encuesta a más de 7.500 docentes de toda España sobre sus condiciones laborales.

Sus quejas resuenan desde hace años: “ Falta de inversión real en el sistema educativo público (la inflación se ha comido el gasto de los últimos 15 años), ratios profesor/alumno excesivas en las aulas, gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas, alta interinidad del profesorado, exceso de burocracia, escaso reconocimiento de la figura del docente y retribución insuficiente”.

A este escenario ya normalizado, añaden la paralización de cualquier mejora a nivel nacional. “La inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo)“, denuncian en un comunicado.

Qué reclama el sindicato

CSIF ha presentado una serie de demandas al Gobierno y a las comunidades autónomas para reforzar la protección de la educación pública. Entre las medidas solicitadas figuran:

• Un incremento progresivo de la inversión en educación pública hasta alcanzar el 7% del PIB, junto con un gasto mínimo garantizado por alumno de 7.421 euros, financiado por el Estado.
• La reducción efectiva de las ratios de alumnado por aula, mediante la creación de plazas estructurales permanentes.
• La disminución del porcentaje de interinidad docente hasta el 8%, a través de convocatorias anuales de oposiciones, recuperación del poder adquisitivo y la fijación por ley nacional de un máximo de 23 horas lectivas semanales en Primaria y 18 en Secundaria.
• La implantación de un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente, dotado de presupuesto específico, para eliminar desigualdades salariales entre territorios.
• La homogeneización de las competencias básicas en todas las comunidades autónomas, el refuerzo de la Formación Profesional Pública y el establecimiento de una prueba única de acceso a la universidad, homologada a nivel estatal, que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

Una ronda de conversaciones para agilizar

El sindicato CSIF ha anunciado también que ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado “que permita reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española”.