Profesores, maestros y educadoras salen a la calle: qué hay detrás de la marea de huelgas y protestas de los docentes en toda España

Los profesores, maestros y educadoras infantiles no pueden más. Han dicho basta. Durante los últimos meses se han protagonizado una marea de protestas, manifestaciones y huelgas que se extienden por todo el país y que no han hecho nada más que empezar.

Este jueves se produce el paro general de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de toda España. En la Comunidad de Madrid, hace un mes que Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) -respaldada por CGT- inició la huelga indefinida en este sector precarizado por las elevadas ratios, los bajos salarios y la privatización del servicio público.

En la Comunidad Valenciana, el próximo lunes, 11 de mayo, empieza otra huelga indefinida de profesores de Secundaria y Bachillerato que tiene como objetivo alcanzar una “imprescindible subida salarial”, ya que los profesionales valencianos se sitúan a la cola de España en retribuciones. En Cataluña, este mes vuelve a estar marcado por un nuevo calendario de protestas tras un acuerdo pactado con el Govern que no convence a todos los sindicatos. Hace solo dos meses, la huelga era en Andalucía. A finales de 2025, también las hubo en Castilla- La Mancha, Cantabria y Extremadura.

La Educación es una cartera derivada a las autonomías y los docentes de cada una de las comunidades autónomas luchan sus propias batallas a expensas del prometido estatuto docente que no llega. Ahora bien, sus quejas y objetivos son similares. La carga burocrática y mental, el estrés, las horas fuera de horario ante la imposibilidad de cumplir con sus tareas en tiempo no lectivo, la devaluación de los salarios y la precariedad de interinos y trabajadores de servicios públicos gestionados por empresas privadas han sido las últimas gotas de un vaso que ya estaba a punto de rebosar.

Faltan manos y horas

Para Héctor Adsuar, secretario de personal docente de educación pública no universitaria de CCOO, el origen del malestar reside en la sobrecarga, porque “los retos del sistema educativo siempre se incrementan y al profesorado no se le está tratando ni con los recursos ni con el reconocimiento necesario”. En conversación con Infobae, explica que las aulas a las que se enfrentan los docentes han evolucionado pero los fondos que destinan las comunidades acompañan.

La Educación actual contempla al alumnado con más esmero. Ahora se detectan las necesidades especiales al aprendizaje, pero no se dota a los centros de recursos para atender a esos estudiantes. Adsuar, por poner un ejemplo, subraya que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha crecido un 75% en los últimos años, mientras que la inversión destinada solo ha subido un 26%. Este desequilibrio, según el dirigente sindical, recae directamente sobre el profesorado, cuya carga laboral supera con creces la jornada oficial ya que debe atender de forma individualizada a numerosos estudiantes.

A esto se suma la proliferación de tareas burocráticas, que consideran útiles, pero que les ocupan un tiempo que no tienen. Tanto Adsuar como Beatriz García González, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, coinciden en que la introducción de más informes y evaluaciones detalladas sin reforzar las plantillas ha ampliado la distancia entre la realidad de los centro y las disposiciones sobre el papel.

Sin estatuto marco que iguale los derechos de los docentes

A estas demandas se suman cuestiones estructurales como la dualidad competencial entre Estado y autonomías. Mario Gutiérrez, presidente nacional del sector de educación de CSIF, recuerda que, en realidad, “es competencia exclusiva del Estado las bases estatutarias de los funcionarios públicos”, lo que, a su juicio, hace ineludible la adopción de un estatuto docente común para evitar agravios, porque, insiste: “No hay un marco común que haga que se puedan arreglar los problemas”.

Es más, apunta al Ejecutivo, que como recuerda la dirigente de UGT, prometió que esta sería la “legislatura de los docentes”. Y aún siguen esperando medidas. “Lo que está ocurriendo es que hay una dejación de funciones por parte del Gobierno central y que las comunidades autónomas no están ejerciendo su labor de intentar homologar unas condiciones laborales”, resume Gutiérrez.

En conversación con este periódico, el dirigente sindical de CSIF ha cifrado la pérdida de poder adquisitivo docente en un 20% en la última década y ha denunciado diferencias salariales de hasta 600 euros al mes entre comunidades. Además, se ha referido a la elevada interinidad —un 30% del profesorado— y a la percepción de desprotección frente a agresiones y falta de autoridad, respaldada, según Gutiérrez, por datos internos: “El 77% de los docentes afirma haber sufrido algún tipo de agresión y el 99% considera que no cuenta con el respaldo de la administración”.

La ausencia de avances en el prometido estatuto docente es otro motivo de queja. Tanto Gutiérrez como García González denuncian el bloqueo y la lentitud en las negociaciones estatales, que, tras décadas de promesas, solo han producido medidas parciales, habitualmente ya superadas localmente por las autonomías más adelantadas. A su vez, García lamenta que “seguimos con un temario de oposiciones docentes de 1993, con preguntas desfasadas para futuros profesores de Informática”, e insiste en que el retraso en la adaptación normativa afecta al atractivo de la profesión y al relevo generacional.

La carga burocrática, la escasez de personal de apoyo y los sueldos estancados configuran una profesión cada vez menos atractiva para los nuevos titulados. Las plantillas envejecen y muchos profesionales asumen jornadas muy superiores a la establecida. En la actualidad, la media nacional sitúa la proporción de orientadores en los centros educativos en uno por cada 750 alumnos, el triple de la recomendación europea de uno por cada 250.

Un sistema tensionado por la falta de reformas y el retraso normativo

El endurecimiento de las condiciones docentes y la falta de respuesta política han generado un malestar extendido en todas las etapas y territorios. La llegada de la inteligencia artificial, los cambios en la normativa y la escasa capacidad de los sistemas de acceso para adaptarse a los nuevos requerimientos profesionales contribuyen a una percepción de abandono. García ha subrayado el sentimiento de hartazgo: “Hemos asumido cada vez más tareas y roles, pero este esfuerzo ni se reconoce ni se retribuye”.

Mientras tanto, los sindicatos advierten de que las reformas legislativas aprobadas en el Congreso llegan tarde y son insuficientes para resolver los problemas estructurales del sistema. García González estima que, pese a los anuncios sobre reducción de ratios o jornada lectiva, “las comunidades autónomas más avanzadas ya han conseguido mejoras por su cuenta, y el Estado sigue sin abordar integralmente el Estatuto Docente”. El propio Gobierno ha reconocido el atraso en la normativa. Con la legislatura avanzada, los representantes sindicales prevén que cualquier avance real requeriría un pacto estatal inclusivo y estable, cuya ejecución sería difícil en los plazos restantes. Con todo, la bajada de ratios y el aumento de horas no lectivas, pese a las promesas del Gobierno, sigue en el aire.

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