Procesados 12 años después 41 ex políticos, funcionarios y empresarios por amañar contratos en viviendas y Metro: una de las tramas de corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre

La actualidad judicial acumula tantos titulares (la imputación de Zapatero, el juicio por el ‘caso Kitchen’, el registro de la sede del PSOE por el ‘caso Leire’...) que ha pasado desapercibida una nueva decisión de la Audiencia Nacional. El pasado 22 de mayo, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó auto de apertura de juicio oral contra una de las piezas del caso Púnica, que sentará en el banquillo a 41 ex políticos del PP, funcionarios y empresarios en una de las tramas de corrupción que asoló al Gobierno de Esperanza Aguirre: el amaño de contratos desde dos de las consejerías más importantes de ese Ejecutivo: la de Transportes y la de Presidencia, Justicia e Interior.

Aguirre no será procesada (la expresidente no está imputada en ninguna de las piezas del caso Púnica), pero sí serán juzgados el exconsejero Francisco Granados, su esposa, altos cargos y funcionarios de varios organismos públicos de la Comunidad de Madrid y varios empresarios. De hecho, firmas como OHL, Dragados (a través de filiales como Elsan), Azvi, Constructora San José, Begar y Teconsa aparecen señaladas en el auto judicial. Un total de 76 sociedades. En este caso concreto, la justicia se ha tomado su tiempo. Han pasado 12 años desde que los implicados fueron detenidos y casi 20 desde que se cometieron los supuestos delitos: fraude, prevaricación, falsedad de documento mercantil y cohecho.

¿Qué se juzga en esta pieza 8 en concreto (hay 12)?: Por un lado, que desde la empresa pública Arpegio (hoy absorbida en otro ente) se diseñó “un plan preconcebido para enriquecerse” a través del amaño de la venta de suelo en varios consorcios urbanísticos que había por toda la Comunidad de Madrid. La Audiencia no solo juzgará a los políticos que idearon este fraude, también “a los funcionarios que tuvieron que emitir informes en los expedientes de adjudicación y velar por la pulcritud de cada procedimiento, y los empresarios que, de forma continuada en el tiempo, se vieron beneficiados previo pago de comisiones en las adjudicaciones concertadas bajo aquel plan ideado”.

Y por otro, que desde la empresa pública Mintra (que ya no existe), dependiente de la Consejería de Transportes, se desviaron fondos públicos en varias obras del Metro: MetroSur, el tramo 1C, Metro Norte el tramo 1A, y MetroLigero la nueva línea a Boadilla del Monte. Todos los procesados deberán indemnizar a la Comunidad de Madrid con 98,4 millones de euros. Las obras fueron presupuestadas en 141,2 millones de euros, pero terminaron costando a las arcas públicas 216 millones. Entre todos los empresarios procesados destacan David Marjaliza (cuya colaboración con la Fiscalía ha permitido avanzar en algunas de las pesquisas) y Javier López Madrid, exconsejero de OHL.

625 años de prisión

El auto hecho público por la Audiencia Nacional refleja todas las penas de prisión que se piden para todos los acusados, que suman 625 años y 10 meses. Para Granados, por ejemplo, se solicitan 42 años de cárcel. Para Marjaliza, 17 años. Esta causa no solo va de amaños de grandes bolsas de suelo para construir viviendas ni de sobrecostes irregulares en obras de Metro.

La investigación también llegó a fraudes mucho más mundanos. Tantos Granados como su esposa serán juzgados por utilizar fondos para agasajar, con motivo de las celebraciones navideñas, a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio, como compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica. A todos ellos el matrimonio les hizo llegar una cesta de navidad en los años 2006 y 2007. Estamos hablando de 100.139,17 euros.