
Maricarmen, vecina de 87 años del barrio madrileño del Retiro, iba a enfrentarse este 3 junio a un segundo intento de desahucio después de vivir siete décadas en la misma casa, pero la presión vecinal y el apoyo del Sindicato de Inquilinas han logrado aplazarlo 20 días. Lejos de ser una victoria, denuncia la organización, es una manera de intentar desmovilizar a quienes se han organizado para evitar el desalojo, por lo que el sindicato ha decidido mantener la manifestación convocada para esta tarde, a partir de las 18:30 horas, en la biblioteca de Retiro para exigir “soluciones reales”, además de la acampada que se realizará por la noche.
“Alargar 20 días la espera para saber si Maricarmen tiene alguna alternativa habitacional, o si se soluciona el problema, es una tortura, es alargar la agonía de una mujer que ya no aguanta más. Un aplazamiento no es una solución real, por eso mantenemos la convocatoria de hoy”, dicen a Infobae desde el Sindicato de Inquilinas, que asegura que a la empresa propietaria del piso donde vive Maricarmen, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, no le va a quedar más remedio que presenciar cómo centenares de personas se movilizan para evitar el desalojo. La organización también recuerda que, desde que se paralizó el primer intento de desahucio en octubre pasado, la salud de Maricarmen, con un 50% de discapacidad, se ha deteriorado notablemente debido a la incertidumbre y el miedo que conllevan estos procesos.
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Las actividades convocadas para esta tarde incluyen un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como la periodista Olga Rodríguez, los actores Alberto San Juan y Juan Diego Botto y el cómico Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una acampada por la noche.

Contrato de renta antigua
Maricarmen cuenta con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, al morir esta en 2005, Maricarmen asumió el derecho a residir en la vivienda bajo las mismas condiciones. Durante años, la propiedad respetó esta situación y la renta se actualizaba conforme al IPC. Sin embargo, tras varios cambios de propietario, en 2018 la situación se modificó.
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Urbagestión Desarrollo e Inversiones argumenta que, según una sentencia del Tribunal Supremo, el contrato finalizó con el fallecimiento de la madre de Maricarmen, ya que ella no cumple el requisito de tener una discapacidad del 65% para acceder a una segunda subrogación. La empresa únicamente le ofreció seguir en la vivienda si aceptaba un aumento del alquiler del 275%, hasta 1.650 euros, una cantidad inasumible con su pensión.
Tras el primer intento de desahucio en octubre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantuvo una reunión con Maricarmen y representantes del Sindicato de Inquilinas y, aunque la organización envió una propuesta para buscar una salida, aseguran que no han recibido respuesta durante estos meses.
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Tampoco han obtenido comunicación alguna, según denuncian, por parte del Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida ni del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, mientras que “los servicios sociales no han logrado ofrecer a Maricarmen una alternativa habitacional digna”.
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