¿Estrategia o amenaza de la industria? El Gobierno y las farmacéuticas ocultan el precio real de los medicamentos

Los medicamentos en España no tienen un único precio. Dependiendo de su financiación, quién los compre y para qué, costarán más o menos. Todos parten de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que fija en sus acuerdos un precio máximo al que se puede vender. Pero no es el que se termina pagando. El Ministerio de Sanidad y las farmacéuticas negocian después una serie de descuentos y rebajas hasta llegar a un valor que contente a todos, pero que nunca llega a publicarse.

Mantener el secreto es necesario, según Sanidad, para no poner en riesgo la comercialización temprana de estos fármacos en España. Sin embargo, para la fundación ciudadana Civio, este oscurantismo genera justo lo contrario: que los países negocien peor y paguen más de lo que deberían por estos tratamientos. Por ello, ha llevado esta confidencialidad ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si la mantiene o la convierte en información pública.

“En la propia legislación, se habla de que la transparencia tiene que ser un principio rector en las decisiones que se toman sobre medicamentos y productos sanitarios”, explica a Infobae Javier de Vega, responsable de comunicación de Civio, que recalca que “no existe ningún otro ámbito en la contratación general del Estado donde el vendedor obligue a que la negociación sea secreta”.

Las diferencias entre el precio oficial y el precio real (precio neto) no son pequeñas, según afirma Civio. En 2023, esta plataforma reveló que los hospitales públicos pagaban 1,34 millones de euros (sin IVA) por cada tratamiento de Zolgensma, un medicamento para tratar la atrofia muscular espinal. El precio oficial era de 1,94 millones de euros, 600.000 euros más caro.

¿Protección o desventaja negociadora?

La industria farmacéutica defiende que el precio neto no debe publicarse para no perjudicar a los propios países que compran sus medicamentos. “La confidencialidad de los precios netos y condiciones de financiación de los medicamentos financiados por el SNS es un elemento estratégico para preservar la capacidad negociadora del Estado, garantizar la sostenibilidad presupuestaria y asegurar el acceso equitativo a la innovación terapéutica”, recalcan desde Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica en España) a consultas de este medio.

La patronal española cita un estudio realizado por la consultora Charles River Associates en 2020, financiado por la farmacéutica Merck Sharp and Dohme (MSD), que concluyó que revelar este precio neto supondría un aumento de los costes en Europa, con incrementos de más del 50% para países como Grecia, España o Portugal. “El Ministerio de Sanidad y los diferentes Gobiernos —de todo signo— siempre han defendido que la publicación del precio neto final obtenido tras el descuento negociado con las compañías por el Estado perjudica la capacidad negociadora de los Estados para conseguir el precio más ventajoso en función de sus particulares circunstancias económico-financieras”, insisten.

Pero una reciente investigación de la European Fair Pricing Network apunta justo lo contrario: el secretismo en el precio de los medicamentos estaría provocando diferencias de hasta el 183% en lo que pagan unos Estados europeos y otros por el mismo fármaco. En medicamentos como el ribociclib, utilizado contra el cáncer de mama metastásico, el precio llegaba a variar en 3.961 euros.

El análisis, realizado en 23 hospitales de nueve países europeos con precios de 2022, revela además que las instituciones sobrevaloraban su capacidad de negociación: creían pagar por debajo de la media, cuando en realidad superaban hasta en un 22% el coste promedio de su país.

“Casi el 60% se equivocaba en su propia evaluación sobre su desempeño en términos de negociación”, especifica Wim Van Harter, coautor del estudio, a Infobae. “Dentro de los propios países, encontramos diferencias mucho mayores, algunas incluso de hasta el 200%”, describe Van Harten. Esto ocurría en naciones como Países Bajos o Alemania, donde los grupos hospitalarios pueden negociar directamente con las farmacéuticas. “No encontramos ninguna lógica a estas diferencias de precios, ninguna relación con el precio notificado por las empresas (list price)”, insiste el investigador neerlandés.

Van Harter asegura que son muchos los hospitales interesados en exponer estas desigualdades, “pero tienen miedo de las consecuencias”. “A veces, tienen acuerdos con la industria farmacéutica en términos de financiación e investigación y no quieren dinamitarlos”, lamenta.

Donald Trump se ha cansado de pagar

La denuncia de Civio se ha tomado en serio desde el Gobierno español, que ha intentado frenar desde el Congreso un fallo desfavorable en el Supremo. El pasado mes de marzo, PSOE y Sumar introdujeron juntos una enmienda a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para blindar la confidencialidad del precio neto de los fármacos.

La enmienda se ha presentado ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, en un intento de “puentear” a la Comisión de Salud, en opinión de Civio. Las intenciones del Gobierno quedan claras en la justificación de dicha enmienda: evitar “que una interpretación judicial restrictiva del artículo 97.3 de la Ley de garantías obligue a divulgar precios efectivos y acuerdos de financiación, con efectos estructurales sobre el gasto y el mercado farmacéutico”.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, justificó este intento de reforma como un mecanismo para hacer frente a una de las “bravuconadas diarias de Donald Trump”. A finales de 2025, el mandatario estadounidense pidió a 17 multinacionales farmacéuticas un “compromiso vinculante” para bajar los precios de los medicamentos en todo el país. Lo haría aplicando la cláusula de la Nación Más Favorecida (MNF, por sus siglas en inglés): Estados Unidos pagaría por los medicamentos lo mismo que el país que menos pague por ellos dentro del G7.

“Parece que la implantación de la cláusula MFN está suponiendo ya en la actualidad pequeños retrasos y reticencias en la entrada en el mercado europeo; es decir, la publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores en España”, explicó Padilla en su canal de Substack. Es una problemática contra la que nuestro país ya lucha: el último informe WAIT revela que España espera todavía 537 días para acceder a medicamentos innovadores, pese a que las leyes europeas establecen un máximo de 180 días.

Para Civio, este discurso es más “una amenaza de la industria farmacéutica al Ministerio” que una realidad. “Ahora mismo, el precio de los medicamentos no correlaciona con la capacidad adquisitiva de un país, es decir, países con mucha menos capacidad de compra están pagando más dinero por ellos”, explica De Vega. El secretismo con los precios tampoco logra que los fármacos lleguen antes, según el periodista: “Las empresas farmacéuticas ya toman la decisión de retrasar lanzamientos de medicamentos o de no comercializarlos en un país, según si piensan que ese país les va a pagar o no. No les importa si esa información [el precio] era pública o no”.

A la espera del Supremo

La ley de discapacidad se encuentra actualmente en periodo de ponencia, pero las comisiones pertinentes ya están avisadas del intento de PSOE y Sumar. Múltiples diputados respondieron a Civio agradeciendo el aviso, pero se desconoce si la reforma legal saldrá adelante.

Mientras, es el Tribunal Supremo el que debe deliberar: ¿los precios de los medicamentos deben ser públicos o blindarse? Por el momento, “el Supremo ha descartado que haya vista oral, lo que significa que el tribunal se siente cómodo con la información que ya tiene para tomar una decisión”, explica De Vega.