El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

Justo entre el límite que separa los términos municipales de las ciudades madrileñas de Las Rozas y Torrelodones hay una presa abandonada, bautizada como El Gasco, y que Carlos III empezó a construir en 1786 para intentar dar forma a un proyecto faraónico: la presa formaría parte de un canal navegable de 771 kilómetros que uniría Madrid con el Océano Atlántico. De hecho, la presa de El Gasco, de haber sido terminada, hubiese supuesto un hito en la construcción de este tipo de obras, ya que fue diseñada como la mayor del mundo en aquel momento. Tanto la presa como el canal son Bienes de Interés Cultural (BIC). Pero hay un problema. Cualquier ciudadano que quiera visitar la presa hoy no puede hacerlo.

¿Por qué? Porque para llegar a ella hay que recorrer un camino cuyo trazado cruza una finca privada, llamada La Isabela, que pertenece a la empresa Europroperty. Una firma representada por otra, Inverlasa, que pertenece al matrimonio formado por Víctor Fernando Ruiz Rubio y Rosario Lafita González-Gayarza, que tienen intereses en el sector inmobiliario y el hotelero. Víctor Ruiz fue socio fundador de la constructora Eurofinsa, que en el año 2023 entró en concurso de acreedores, en lo que fue la mayor quiebra empresarial en la España postpandemia. A través de Inverlasa tienen también el 29% del Grupo Azkoyen, una multinacional con sede en Navarra que se dedica a las máquinas expendedoras (producción y venta de máquinas de café, bebidas frías y calientes, tabaco y aperitivos); sistemas de pago; y tecnología y seguridad (software y hardware para control de acceso y registro horario).

El matrimonio Rubio Lafita llevaba ya tiempo intentando que senderistas y vecinos no atravesaran su finca, de 700.000 metros cuadrados, sobre todo los fines de semana, cuando se organizan excursiones para visitar la presa y el canal de navegación. En septiembre de 2019 el Ayuntamiento de Las Rozas declaró público el camino de La Isabela, un camino carretero que transportó en el pasado cereales desde Villanueva del Pardillo a Torrelodones. Pero los propietarios no aceptaron esta decisión y consiguieron en febrero de 2023 que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid impugnara el acuerdo municipal que había declarado público ese camino. Una decisión que fue recurrida por el Consistorio de Las Rozas, gobernado por el PP. Así que el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en febrero de 2024 desestimó la pretensiones de Las Rozas y dictaminó que el camino, en el tramo que pasa por la finca La Isabela, no podía considerarse público.

Tras la sentencia, los propietarios, que quieren que la finca se utilice para caza, colocaron bloques de hormigón para impedir el paso, incluso seguridad privada los fines de semana. Eulalia Ramírez, portavoz de la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, asegura que “cabría disputar la titularidad del camino, pero eso habría que hacerlo en un procedimiento civil y con pruebas más sólidas y que predominen sobre las que ha presentado la propiedad en el procedimiento contencioso administrativo que les han servido para conseguir que se acepte que el trazado del Camino de La Isabela es particular. El ayuntamiento de Las Rozas, que es quien podría continuar este proceso, no va a hacerlo, por lo cual asume la sentencia como firme”. A pesar de ello, desde esta sociedad, que pertenece a la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos, aseguran que “estamos esperanzados” porque tanto el Consistorio de Las Rozas como el de Torrelodones (los do gobernados por el PP) están intentando encontrar una solución.

Otro camino distinto

“El Ayuntamiento de Las Rozas defendió en su día que el camino de la Isabela era dominio público, pero una sentencia firme decantó que era propiedad privada. Ahora hemos aprobado la concesión de la licencia del vallado de la finca”, explica un portavoz municipal. Es decir, los propietarios pueden vallar pero deben permitir el acceso a otro camino público, el de La Carrasquilla. “Este camino discurre por el término municipal de Las Rozas, pero no llega a la Presa de El Gasco porque su paso definitivo depende de Torrelodones. Se han tenido conversaciones con el Ayuntamiento de Torrelodones para que facilite en la medida de lo posible el tramo que discurre por su término municipal para que caminantes y vecinos tengan acceso a la presa”. Desde Torrelodones confirman que esta misma semana “vamos a tener una reunión con Urbanismo de Las Rozas para conocer la situación creada tras la licencia concedida a la Isabela y buscar alternativas para el acceso a la Presa del Gasco desde ambos municipios”.

Para el grupo municipal socialista de Las Rozas, la importancia de que “el camino de La Isabela esté cortado no es solo que ya no se pueda acceder, a través de caminos públicos, al municipio de Torrelodones, si no que esta era la vía natural de acceso a la presa, que el Tribunal Supremo ha confirmado como Bien de Interés Público. Otra sentencia dice ahora que el camino público es el de La Carrasquilla, pero este permanece desaparecido por falta de uso”, señala el concejal Ángel Álvarez, que valora positivamente que “se obligue a la propiedad de la finca a dejar expedito el trazado del camino de la Carrasquilla, en su consideración de camino público histórico en el tramo que atraviesa la finca. Es necesario buscar una solución que pase por coordinarse con el Ayuntamiento de Torrelodones, la Comunidad de Madrid y los propietarios de la finca”. Es decir, si por el camino de La Isabela ya no se puede pasar porque no es público, hay que adecentar el de La Carrasquilla, que sí lo es, para poder llegar a la presa y a la localidad vecina de Torrelodones.

Miguel Díez, portavoz de Vox en Las Rozas, cree que en este asunto no solo hay que poner todo el foco en el empresario dueño de la finca La Isabela, sino en el Ayuntamiento de Las Rozas, que “está mirando de perfil. No ha recurrido la última sentencia. Hay una posible connivencia extraña. El empresario ha empezado a vallar mal pegando su valla a la de otros vecinos, sin respetar pasos públicos, y le la han obligado a retranquear el vallado. El propietario de la finca está encantado, una sentencia le ha dicho que el camino que pasa por su finca no es público y el ayuntamiento le permite poner un vallado. Pero el Consistorio no actúa como debería hacerlo. Mientras no se decida por dónde va el camino de La Carrasquilla no daría licencia para vallar. Y si hay un incendio forestal, ¿por dónde pasan los bomberos?”, se pregunta Díez. Este diario se han puesto en contacto con la empresa Europroperty, que no ha querido hacer comentarios.

Las quejas vecinales porque, de momento, no hay camino público que lleve a la presa y al canal de navegación, no son las únicas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil investiga ya tres denuncias que la Agrupación Ecologista de Torrelodones presentó a mediados de abril porque en la finca La Isabela, y en otras dos fincas limítrofes, “existen sistemas de evacuación de aguas residuales mediante pozos ciegos no estancos, siComunidan constancia de autorización administrativa de vertido ni de adecuación a la normativa vigente”. Pozos que “han supuesto, suponen y pueden suponer la infiltración directa de aguas residuales al suelo y al subsuelo, con riesgo de afección a las aguas subterráneas”. Los ecologistas denuncian que estos pozos ciegos han venido funcionando de forma continuada durante más de 20 años. “Los titulares de las fincas eran conscientes de la obligación y necesidad de cambiar los pozos ciegos por fosas sépticas desde hace años, sin que se hayan tomado medidas de adecuación a la normativa vigente”.