
Medio millar de investigadores ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la eliminación de los obstáculos actuales para acceder al archivo del Ministerio del Interior, donde permanece información sobre cárceles y actuaciones policiales durante el franquismo. En la misiva trasladada este miércoles al ministro, han advertido que “esta situación frena el avance del conocimiento histórico y afecta al derecho de la ciudadanía a acceder a archivos públicos conforme a los estándares internacionales”, según recoge la carta abierta difundida por los investigadores.
El archivo del Ministerio del Interior acumula decenas de miles de cajas con millones de documentos del siglo XIX, la Segunda República y el franquismo, pese a que la normativa propia establece que no debe conservar, por regla general, documentación de más de treinta años. El permiso para la transferencia de 6.111 cajas (que contienen documentación fechada entre 1829 y 1994) al Archivo General de la Administración está pendiente desde diciembre de 2024, pero no se ha ejecutado.
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Piden que se eliminen los elementos de censura
Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran docentes e investigadores de historia contemporánea, ciencia política y disciplinas afines de universidades españolas y extranjeras, han lamentado que actualmente “las solicitudes se atienden con grandes retrasos, no se facilitan los instrumentos de consulta y, en ocasiones, se entrega documentación que no se encuentra sometida a restricciones de acceso, con marcas actuales de censuras”, según han descrito al ministro. Añaden que en sus peticiones la documentación a veces se les entrega con “restricciones de acceso”, como la eliminación de nombres de personas “aunque lleven décadas fallecidas”, una práctica que califican de censura.
los investigadores ubican el origen de esta suma de trabas que dificulta su trabajo en “la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada, que debe renovarse acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares de apertura que rigen en la archivística nacional e internacional”, de acuerdo con el documento enviado esta semana al Ministerio del Interior.
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Qué reclaman los investigadores del archivo de Interior y cómo proponen cambiarlo
El núcleo de las demandas se concreta en la exigencia de que, “bajo la aplicación estricta de la normativa, se ordene la transferencia de la documentación histórica custodiada en el sistema de archivos del Ministerio del Interior”. El primer paso, según la carta, es “ejecutando de manera inmediata la transferencia al Archivo General de la Administración que lleva autorizada desde diciembre de 2024”. Además, plantean continuar identificando y programando el traslado escalonado de la documentación histórica que permanezca tras esta transferencia.
Hasta que ese proceso sea efectivo, los firmantes piden que se garantice el acceso a este patrimonio documental “con condiciones equiparables a las del resto de la red de archivos estatales”. Entre las medidas concretas reclaman: “Hacer públicos y accesibles los instrumentos de consulta del archivo”, “simplificar el procedimiento de solicitud de documentación”, “velar por que las solicitudes se resuelvan dentro del plazo obligatorio de un mes, reforzando en su caso el personal y los recursos del archivo para garantizarlo”, y “garantizar el acceso íntegro a la documentación que no tenga restricciones de acceso”.
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El grupo de investigadores demanda también facilitar y normalizar la consulta presencial en el archivo, habilitando espacios adecuados “para blindar este derecho”, así como “revisar y sustituir la Instrucción que regula el acceso a la documentación, de 2006, por un reglamento actualizado”. Finalmente, exigen “garantizar la no retroactividad de la ley franquista de secretos oficiales de 1968”, de modo que no se aplique de forma que impida el acceso a documentación relevante.
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