
Tras poco más de cinco meses desde que el Tribunal Supremo condenase a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por revelación de secretos, el letrado ha concedido su primera entrevista. Jordi Évole ha conversado con el excargo público en La Sexta, donde han revisado conjuntamente, y con gran precisión, lo sucedido antes y después de que se publicase la sentencia, el 9 de diciembre de 2025.
Durante la entrevista, el ex fiscal general ha descrito el carácter excepcional de la sentencia del Supremo, que lo ha convertido en el primer fiscal general condenado por supuestas filtraciones relacionadas con un ciudadano anónimo. García Ortiz ha calificado la condena como una “muerte civil” y ha reconocido el impacto personal de la situación al enfrentarse a episodios desagradables en la vía pública, sobre todo en Madrid. “Hay una polarización evidente”, ha mencionado, “hay una crispación en la calle”.
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En Lo de Évole, García Ortiz ha afirmado de forma tajante que no facilitó el correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, negando su implicación tanto en la filtración como en la publicación posterior de la nota de prensa por la que resultó sancionado. El dato diferenciador de esta comparecencia es la manifestación pública de que “no había ninguna carga probatoria” contra él, subrayando que la condena se fundamentó en “una convergencia de indicios”, pero “sin pruebas directas”.
El proceso judicial que ha desembocado en esta resolución se inició a raíz de la filtración, en marzo de 2024, de un correo enviado por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto, donde se proponía un acuerdo para evitar una posible pena de prisión por presuntos delitos fiscales. Según ha expuesto García Ortiz en su entrevista, ese documento contenía un “reconocimiento de los hechos” descontextualizado por parte de la defensa, y fue el posterior cruce de mensajes el que desencadenó la polémica.
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La respuesta de García Ortiz ante las preguntas incómodas: no responde “por lealtad institucional”
Durante la conversación mantenida en Lo de Évole, Álvaro García Ortiz ha evitado responder a ciertas preguntas planteadas por el periodista Jordi Évole. En concreto, se ha negado a revelar la identidad de la “alta instancia judicial” que, en una reunión celebrada el 12 de octubre de 2024, le transmitió de antemano que iba a ser imputado. “Lo recuerdo perfectamente, pero no voy a decir quién me lo dijo”, ha sostenido García Ortiz ante la insistencia del presentador, justificando este silencio por “lealtad institucional”.
García Ortiz también declinó valorar si es viable que un juez que ha ordenado prisión preventiva para una persona luego absuelta pueda seguir en la élite de la justicia. “Esa pregunta no me la puede hacer a mí. Eso lleva a un cuestionamiento de la figura o persona que, precisamente, yo no quiero hacer. Me quiero centrar en lo que es mi proceso”, ha remarcado durante la entrevista en La Sexta.
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En el plano económico, el exfiscal ha confirmado el abono de la indemnización impuesta a Alberto González Amador y de las costas del juicio, aunque ha manifestado su malestar por el destino de esos fondos. “Está pagado”, ha zanjado ante el micrófono. Además, ha calificado la situación como una “paradoja democrática”, por cuanto la sanción económica recae sobre quien se dedicaba a la persecución de delitos, a favor de una persona que permanecía investigada cuando los hechos se juzgaron.
Durante toda la entrevista, García Ortiz ha mantenido su defensa de la profesionalidad de la Fiscalía frente a lo que considera una “intoxicación” orquestada desde la Comunidad de Madrid. En palabras dirigidas a La Sexta: “Hay un intento claro de calumnia de la Fiscalía”. A su juicio, quienes representan instituciones deberían actuar con responsabilidad y evitar la deslegitimación pública. Según su análisis, ni la Justicia española, ni la Fiscalía, ni el Supremo han resultado vencedores tras el proceso: “Creo que hemos perdido todos y espero que un interés particular no gane”.
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