El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.
El fallo concluye que “debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales”.
Añaden que “le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación” y que “los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán”.
“La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma”, indican desde la Oficina de Comunicación del Supremo y añaden que “la resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala II D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García que disienten de la misma lo que determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta".
Las dudas de la filtración
El juicio contra García Ortiz terminó el jueves pasado, tras dos semanas de sesiones y el paso de 40 testigos por la Sala del Supremo, entre fiscales, periodistas y agentes de la UCO, todo para determinar quién filtró el correo en el que el abogado de González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales de su representado.
Varios de los profesionales de la información que pasaron por el tribunal, declararon que habían tenido el correo antes que el propio acusado, que según su declaración y las pruebas tuvo acceso al mismo a las 21:59 del 13 de marzo de 2024, creando dudas razonables de su culpabilidad.
El primero de ellos fue José Precedo, director adjunto de elDiario.es, que en su declaración relató que recibió una captura de este correo en papel una semana antes, el 6 de marzo. Aunque no quiso revelar su fuente, sí que indicó que no se trataba del fiscal general.
El 12 de marzo al mediodía, el entonces subdirector de El País, José Manuel Romero-Salazar, recibió una llamada de “una fuente solvente” que le indicó el contenido de este correo ante los “bulos” que estaba soltando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que era la Fiscalía la que había iniciado el acercamiento para conseguir el acuerdo.
Unas pocas horas más tarde, sobre las 14:00, el periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos Peñarroja, recibió una llamada de una de sus fuentes, a la que tampoco quiso nombrar, y fue a visitarla a su despacho, donde le dejó ver el correo íntegro y, aunque no se lo facilitó, si le dejó copiarlo.
Desde la defensa también argumentaron que este correo se envío a una cuente genérica de la Fiscalía, al que tienen acceso “unas 600 personas” lo que “desvirtúa la condición de secretos exclusivo”.
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