Peramato defiende que García Ortiz es "fiscal hasta la médula" y dice que mantienen una relación de "apoyo absoluto"

Durante el desarrollo del procedimiento judicial que culminó con la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Teresa Peramato ha compartido conversaciones con su antecesor, manteniendo una relación basada en la confianza institucional. Según informó TVE y tal como recogió el medio en el programa ‘La Noche en 24 Horas’, Peramato explicó en su primera entrevista tras tomar posesión del cargo que la relación entre ambos se sustenta en un “apoyo absoluto” y que ese espíritu de respaldo trasciende a la persona en el cargo, reforzando el compromiso con la institución.

De acuerdo con TVE, Peramato definió a García Ortiz como “fiscal hasta la médula” y enfatizó su compromiso con el cargo, más allá de cualquier circunstancia personal. La fiscal general señaló que Álvaro García Ortiz, tras convertirse en el primer fiscal general del Estado condenado en España —una decisión adoptada por el Tribunal Supremo que determinó una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos respecto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—, mantiene intacto su respaldo institucional: “Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero sobre todo muy institucional y fiscal hasta la médula, de manera que apoyaría a cualquiera”.

TVE detalló que Peramato describió cómo se vivió internamente el proceso judicial contra García Ortiz, haciendo hincapié en la incertidumbre experimentada durante el desarrollo del caso. Según la fiscal general, la Fiscalía mantuvo en todo momento durante el procedimiento y en el acto del juicio oral una posición absolutoria porque “entendimos que los hechos no eran constitutivos de delito”. Destacó que la postura adoptada por la institución fue “la correcta”, firme en su criterio a pesar del desenlace judicial.

Referida a las repercusiones sobre la imagen y el funcionamiento del Tribunal Supremo tras la condena a García Ortiz, la fiscal general del Estado argumentó, según publicó TVE, que no resulta inédito enfrentar resoluciones donde los magistrados no alcanzan un voto mayoritario e incluso existen votos particulares. Según sus declaraciones, esa situación no compromete ni desacredita el ejercicio de las funciones judiciales ni pone en cuestión la actuación del alto tribunal.

En relación con la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la fiscal general fue consultada por la decisión de la Fiscalía de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el retorno de la causa a la jueza instructora, ya que no apreciaron indicios suficientes contra Mazón para mantener una imputación. Peramato afirmó ante TVE que la petición se sustenta en “absoluta autonomía” y responde al objetivo de determinar con precisión las responsabilidades individuales de los investigados. Sostuvo que las instrucciones deben ser “exhaustivas y efectivas” para que la acción penal pueda ejercitarse, y que el Ministerio Fiscal precisa contar con un “acervo probatorio mínimo con lo que acusar”.

En este sentido, según consignó el mismo medio, Teresa Peramato indicó que el fiscal actuante consideró que la instrucción estaba conclusa y por ello solicitó la devolución del procedimiento. Matizó que, en la situación actual del caso, no resulta posible realizar una imputación a Carlos Mazón porque existen diligencias de instrucción previamente acordadas que aún no fueron practicadas. Por consiguiente, explicó que la Fiscalía pidió la realización de dichas diligencias antes de tomar una decisión definitiva sobre posibles imputaciones.

A lo largo de la entrevista, TVE dio cuenta del énfasis que mantiene Peramato en la autonomía y la solidez institucional, así como en la necesidad de actuar conforme a la legalidad y a la exigencia de pruebas suficientes antes de proseguir con procedimientos penales. También subrayó la solidez de las relaciones profesionales entre quienes ocupan cargos de máxima responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, independientemente de las circunstancias personales o judiciales que puedan rodear a los titulares de la institución.