Fin al mandato de la fiscal Almudena Lastra, marcado por García Ortiz y el impulso del caso de las residencias

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, concluirá en mayo su mandato al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, poniendo fin a una etapa marcada por la gestión del caso de las residencias durante la pandemia y el impacto institucional de la causa que llevó al banquillo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, se reunirá este jueves para debatir el relevo en la jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid. Aunque Lastra ha formalizado su candidatura para la reelección, fuentes jurídicas consideran poco probable su continuidad, en gran medida por el desgaste derivado del caso que afectó al anterior fiscal general.

La falta de sintonía entre Lastra y García Ortiz quedó especialmente expuesta durante el proceso judicial que acabó en condena. El juicio por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos relativos a la pareja de la presidenta madrileña,Alberto González Amador evidenció tensiones internas dentro del Ministerio Público.

Celebrada en noviembre de 2025, la vista oral concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo que inhabilitó a García Ortiz durante dos años, convirtiéndolo en el primer fiscal general del Estado condenado en ejercicio. El impacto de este caso no se limitó a la cúpula del Ministerio Fiscal, sino que alcanzó a la Fiscalía de Madrid, bajo la dirección de Lastra.

En el juicio, Lastra declaró que preguntó personalmente a García Ortiz si había filtrado los correos del caso. Según su versión, éste respondió de forma evasiva, lo que ella interpretó como sospechoso. El fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, Diego Villafañe, puso de relieve la "animadversión" de Lastra hacia el entonces fiscal general del Estado.

EL IMPULSO DEL 'CASO RESIDENCIAS'

Otro de los pilares del mandato de Lastra ha sido el impulso al denominado caso de las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19 y cuyas causas se instruyen en diferentes juzgados de instrucción de la región.

Este procedimiento tiene su origen en las denuncias presentadas por familiares de personas fallecidas en residencias durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria. Las acusaciones apuntan a la posible existencia de decisiones sanitarias discriminatorias, especialmente en relación con los protocolos que limitaron la derivación hospitalaria de determinados pacientes.

En 2024, más de un centenar de familias interpusieron denuncias colectivas, lo que dio lugar a la apertura de múltiples diligencias en distintos juzgados de la región. Desde entonces, uno de los principales debates jurídicos ha girado en torno a la conveniencia de unificar todas estas investigaciones en una macrocausa o, por el contrario, mantenerlas fragmentadas.

La Fiscalía de Madrid ha defendido la acumulación de procedimientos, argumentando que la dispersión de causas genera un escenario procesal "caótico", dificulta la obtención de una visión global de lo sucedido y puede obstaculizar la depuración de responsabilidades.

Sin embargo, varios órganos judiciales han rechazado esta unificación. Los jueces sostienen que cada fallecimiento presenta circunstancias clínicas y contextuales propias, lo que obliga a un análisis individualizado y hace inviable, desde el punto de vista jurídico, una investigación conjunta de todos los casos.

Está pendiente aun que la Audiencia Provincial de Madrid haga público el fallo sobre la solicitud de unificación de criterios solicitada por asociaciones de familiares de víctimas.