El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

El Gobierno ha notificado a 541 empresas con un volumen de gestión superior a 50 viviendas en alquiler cada una la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de arrendamiento, conforme a lo establecido por el Real Decreto-ley 8/2026. Así lo ha hecho mediante una carta enviada este viernes, insistiendo en la obligatoriedad de estas medidas para los contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que el inquilino solicite formalmente la extensión de su contrato y en las mismas condiciones que las vigentes.

Según recoge el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han enviado comunicaciones a inmobiliarias, fondos de inversión y entidades financieras responsables, en conjunto, de más de 50.000 viviendas en régimen de alquiler distribuidas por España. Un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC apunta que el 61% del mercado del alquiler nacional está controlado por multiarrendadores particulares o personas jurídicas. Por el contrario, el denominado pequeño casero, con una sola vivienda en alquiler, solo gestiona el 39% de las unidades en arrendamiento.

La misiva, firmada por el Director General de Consumo, Daniel Arribas, detalla que el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, incorpora medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional, incidiendo especialmente en el sector de la vivienda habitual. En concreto, la disposición obliga a los grandes tenedores a aceptar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, a computar en plazos anuales, para contratos cuya caducidad esté comprendida en el periodo señalado. El arrendador deberá mantener las condiciones existentes y la renovación quedará supeditada únicamente a la solicitud puntual del arrendatario.

Qué implica la nueva obligación de prórroga

La comunicación de la cartera que dirige Pablo Bustinduy destaca que esta exigencia busca reforzar la estabilidad para los arrendatarios. Por otro lado, el documento recuerda también que la cuota de propietarios que gestionan múltiples viviendas resulta especialmente notable en grandes áreas urbanas.

Los datos del estudio conjunto entre Consumo y el CSIC reflejan que la concentración de viviendas en manos de multiarrendadores supera el 60% en ciudades como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%). A nivel nacional, las personas que perciben ingresos por alquiler de vivienda habitual representan el 4,9% de la población, mientras que los inquilinos suponen el 20,8%.

La carta remitida este viernes recomienda a las empresas establecer de manera inmediata todos los procedimientos internos necesarios para asegurar el cumplimiento escrupuloso de la medida. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 exige máxima diligencia en la aplicación de las disposiciones, reiterando la obligación legal que impone el Real Decreto-ley 8/2026 para el sector profesional y corporativo del alquiler en España.

Una medida condenada al fracaso en el Congreso

Esta medida forma parte de un plan del Gobierno de España que busca atenuar los efectos derivados de la crisis económica vinculada al conflicto en Oriente Medio sobre los arrendatarios y reforzar lo que denomina el “escudo social y la protección a los trabajadores y trabajadoras”. Así lo expresó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ahora, esta prórroga debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde se espera que decaiga. No obstante, según el Ejecutivo, la prórroga se aplicará incluso si la norma no recibe el aval parlamentario, siempre que los arrendatarios hayan realizado la solicitud conforme al procedimiento y en el periodo establecido en el real decreto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reconoció que el decreto ley afronta “muchas dificultades” para salir adelante, en vista de las posiciones adoptadas por distintos grupos parlamentarios. Rodríguez remarcó que “va a ser muy complicado” que el Congreso apruebe la norma, sobre todo “observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas”. Según la ministra, Junts “no está por la labor”, mientras que PP y Vox mantienen posturas igualmente contrarias. No obstante, Rodríguez ha añadido que no descarta seguir negociando, afirmando: “Nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos”.

Qué se sabe sobre el rechazo de Junts

El distanciamiento entre Junts y Sumar se ha agravado tras una serie de acontecimientos recientes. Junts ha decidido suspender cualquier contacto con Sumar hasta que se produzca una disculpa pública, después de que Yolanda Díaz calificara a Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, de “racista y clasista”. Las fuentes cercanas a Junts han dejado claro que, mientras no haya rectificación por parte del equipo de Díaz, mantendrán bloqueadas las comunicaciones y rechazarán cualquier negociación, añadiendo: “Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP”.