
Los inquilinos cuyo contrato de alquiler finaliza entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 tienen hasta el día 28 de abril para comunicar a sus caseros -por escrito y con comprobante de entrega- que quieren prorrogar las condiciones de sus contratos. Esa fecha es en la que se votará en el Congreso de los Diputados si se convalida o se deroga el Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el pasado 22 de marzo.
La norma, impulsada por Sumar, reconoce el derecho de los inquilinos a solicitar una prórroga extraordinaria de dos años en sus contratos de alquiler de vivienda habitual e incluye que la renta sólo puede actualizarse hasta un máximo del 2% anual.
Con estas medidas, el Gobierno pretende minimizar los efectos de la crisis económica generada por el conflicto de Oriente Medio sobre los inquilinos y ampliar el “escudo social y la protección a los trabajadores y trabajadoras”, aseguró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Una parte de esta protección se llevará a cabo incluso si no se convalida la norma, ya que podrán prorrogar sus contratos aquellos inquilinos que hayan enviado a su casero la comunicación con la solicitud desde la entrada en vigor del real decreto, el 22 de marzo, hasta la fecha de su no convalidación, en caso de que se produzca, el 28 de abril.
Una medida condenada al fracaso
Por el momento, todo apunta a que el Congreso tumbará la medida. Así lo ha reconocido esta semana la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, al reconocer que “va ser muy complicado” que el decreto ley salga adelante en el Congreso de los Diputados, “observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas”.
Rodríguez señaló que parece que Junts “no está por la labor”, mientras que el PP y Vox parece que tampoco. No obstante, aún no tira la toalla: “Nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos”, indicó.
Junts no se habla con Yolanda Díaz
Lo de Junts está más que descartado, a juicio de los analistas, si se tiene en cuenta que ha decidido suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que «se disculpe», después de que Yolanda Díaz, tachara al partido que lidera Carles Puigdemont de «racista y clasista». Si los de Yolanda Díaz no rectifican, los de Junts no les cogerán el teléfono ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto, advirtieron. «Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP», añadieron las mismas fuentes.
La polémica se originó a raíz de una entrevista de Díaz en Onda Cero, en la que el periodista Carlos Alsina recordó a la ministra de Trabajo que en otras ocasiones ha asegurado que Junts es un proyecto «racista y clasista», a lo que ella respondió que lo ha sido «siempre».
No obstante, antes de este choque, Junts ya había anunciado su voto en contra al decreto de prórroga de los alquileres que Sumar se ha propuesto defender para evitar que la mayoría del Congreso la tumbe. Con este objetivo, Sumar había anunciado una ronda con los grupos reticentes a la medida, si bien fuentes del partido de Puigdemont indicaron que, en su caso, no se ha llegado a abrir ninguna negociación.
El optimismo de la ministra de Trabajo
En este escenario, Yolanda Díaz se muestra optimista y cree que en el debate que se celebrará en el Congreso el próximo 28 de abril se convalidará el real decreto.
“Estamos negociando con todas las formaciones políticas. Pero yo tengo esperanza. Siempre tengo esperanza”, dijo Díaz. Añadió que no puede comprender cómo las tres derechas (Junts, PP y Vox) están en contra de una medida que ya estuvo en vigor en España, que fue prorrogada ocho veces y que, en último término, “no es ni de derechas ni de izquierdas”.
En caso de que al final voten en contra de esta medida, Díaz cree serán Junts, PP y Vox quienes tendrán que explicar por qué tumban el decreto y “golpean y hacen daño” a los españoles, no al Gobierno de España, pues “todo el mundo, todos los votantes de Vox, consideran que hay que actuar en materia de vivienda”.
Topar al 2% la subida del alquiler ahorrará hasta 658 euros
Sumar también calcula que la limitación extraordinaria del 2% en la actualización del alquiler permitirá a los hogares ahorrar entre 182 y 658 euros entre 2026 y 2027, pudiendo alcanzar cifras aún mayores en territorios tensionados, como la Comunidad de Madrid (867 euros) o Cataluña (790 euros).
Este ahorro, a juicio de sumar, será aún mayor para los hogares que prorroguen dos años sus contratos de alquiler, ya que a la limitación se suma lo que evitarán pagar al no hacer un nuevo contrato a precio de mercado, que el Ministerio de Consumo ya cifró en más de 1.730 euros al año.
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