Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

La Agencia Tributaria atribuye al empresario Víctor de Aldama un presunto fraude fiscal superior a 1,6 millones de euros vinculado directamente a los beneficios obtenidos en el llamado “negocio de las mascarillas”, una de las piezas centrales del ‘caso Koldo’. Así se desprende de un informe de 151 páginas remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y al que ha tenido acceso Infobae, en el que los inspectores concluyen que el empresario habría articulado un sistema para reducir de forma ilícita su tributación durante el ejercicio 2020.

El núcleo del reproche fiscal es claro: los ingresos que percibió por su papel de intermediario en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia debieron tributar como rendimientos personales en el IRPF. Sin embargo, según Hacienda, esos beneficios fueron canalizados a través de dos sociedades —Deluxe Fortune S.L. y MTM 180 Capital S.L.— con el objetivo de minorar la carga fiscal. El resultado, sostienen los técnicos, fue un “importante ahorro fiscal” obtenido de forma dolosa.

La cuantificación que recoge el informe distingue entre la cuota total supuestamente defraudada, que asciende a 2.410.748,95 euros, y la cuota finalmente exigible, fijada en 1.624.308,20 euros tras descontar cantidades ya ingresadas vía Impuesto sobre Sociedades por las empresas interpuestas. Aun así, la cifra supera con creces el umbral penal de 120.000 euros, lo que lleva a los inspectores a apreciar indicios de delito contra la Hacienda Pública.

Ingeniería fiscal en el negocio de la pandemia

El análisis de la Agencia Tributaria sitúa a Víctor de Aldama como una figura clave en la obtención de contratos públicos durante la emergencia sanitaria. Su “proximidad y contactos con el sector público”, según el informe, resultaron determinantes para facilitar adjudicaciones millonarias a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., eje mercantil de la operativa investigada.

Junto a él aparece el empresario Juan Carlos Cueto, a quien se atribuye un papel complementario centrado en la financiación y la dirección efectiva del negocio. Ambos habrían estructurado el reparto de beneficios mediante contratos de prestación de servicios y préstamos remunerados, fijando las cantidades en función de los resultados obtenidos.

Es en ese contexto donde Hacienda identifica los mecanismos defraudatorios. Los beneficios generados por la intermediación y por la propia actividad de la empresa adjudicataria se desviaron hacia estructuras societarias que, en opinión de los inspectores, carecían de sustancia real para justificar ese flujo de ingresos. La finalidad última habría sido rebajar la tributación personal del principal implicado.

El informe no se limita a la actuación individual de Víctor de Aldama. También apunta a posibles irregularidades en la propia Soluciones de Gestión, a la que atribuye un presunto fraude de alrededor de 200.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades. En este caso, el foco se sitúa en la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que los técnicos consideran “no ajustadas a la realidad”, al cuestionar las operaciones que las generaron.

La concurrencia de estos elementos lleva a la Agencia Tributaria a sostener que existen indicios suficientes para apreciar delito fiscal tanto en el ámbito personal como en el societario.

Del circuito empresarial al patrimonio personal

Uno de los aspectos que subraya el informe es el destino final de los fondos. Lejos de permanecer en el circuito empresarial, parte del dinero habría sido utilizado por Víctor de Aldama para fines estrictamente personales. Los inspectores citan, entre otros ejemplos, donaciones a su cónyuge, el pago de gastos corrientes, la amortización de intereses hipotecarios o la adquisición de acciones del Zamora Club de Fútbol.

Estos movimientos refuerzan la tesis de que los ingresos canalizados a través de las sociedades correspondían en realidad a rentas personales encubiertas, lo que, de acuerdo con Hacienda, obligaba a su tributación directa en el IRPF.

Una pieza más en la causa judicial

El informe ha sido incorporado a la investigación que dirige el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, centrada en las contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia. Se trata de una de las derivadas del ‘caso Koldo’ que no afecta directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuya situación se dirime en el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

En paralelo, la investigación judicial examina el supuesto pago de comisiones ilegales a Ábalos y a su entonces asesor Koldo García para facilitar la adjudicación de contratos públicos. En ese entramado, Víctor de Aldama habría actuado como intermediario y beneficiario de los márgenes generados por las operaciones.