El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la nueva hoja de ruta del Ministerio de Vivienda para hacer frente a la crisis habitacional. Con especial atención a la creación de un parque público permanente y la adopción de medidas para frenar la especulación, el real decreto aprobado contempla un presupuesto de 7.000 millones de euros que triplica la inversión del anterior programa del Gobierno.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que ante la actual situación del mercado inmobiliario “no valen parches” y tampoco existe una “varita mágica” para resolver el problema. Por ello, ha celebrado el plan aprobado como el acuerdo nacional robusto en torno a este tema que reclama la sociedad ante la falta de oferta y los precios disparados de la vivienda.

Según Rodríguez, la elaboración del plan ha contado con el mayor nivel de diálogo y colaboración hasta ahora registrado en la materia, con más de 28 encuentros y la recepción de 400 aportaciones del sector. Además, por primera vez, el Consejo de Estado ha incluido el análisis de este tipo de iniciativa en su agenda. La entrada en vigor de las medidas será inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado mediante Real Decreto, aplicándose con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año en curso.

Vivienda protegida permanentemente, ayudas al alquiler récord y cláusula “antifraude”

Una de las novedades clave es la protección indefinida de las viviendas públicas financiadas por el plan, lo que garantiza que los inmuebles adquiridos y promovidos mantendrán la calificación de protegidos de forma permanente. De este modo, se busca evitar la pérdida de parque público destinada a quienes más lo necesitan.

Entre las medidas más destacadas se encuentran las ayudas al alquiler con opción a compra para jóvenes, con viviendas protegidas de hasta 300.000 euros y subvenciones superiores a 10.800 euros para la compra o construcción de la primera vivienda en municipios con riesgo demográfico. El bono alquiler joven aumentará hasta 300 euros mensuales y se contemplan ayudas adicionales para colectivos vulnerables y situaciones de especial dificultad.

El plan también prevé ayudas a la rehabilitación estructural, accesibilidad y eficiencia energética, con cuantías que pueden alcanzar los 35.000 euros para viviendas vacías que, tras ser rehabilitadas, se destinen al alquiler asequible por al menos cinco años.

Como medida de control, se incorpora una cláusula antifraude que exigirá registros públicos y sorteos ante notario para la adjudicación de viviendas de protección oficial, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de los fondos públicos.

Financiación y distribución del presupuesto

El esquema de financiación previsto establece que el 60% de la inversión correrá a cargo del Ejecutivo central, mientras que las comunidades autónomas asumirán el 40% restante. Estas últimas verán triplicados sus fondos disponibles para políticas públicas que aseguren la protección y asequibilidad de la vivienda en el largo plazo. Sin embargo, la mayor aportación económica desde los gobiernos regionales ha generado críticas desde la oposición, que consideran el esquema una amenaza para el principio de igualdad y autonomía regional.

La distribución presupuestaria prevé que el 40% de los fondos se destinen a aumentar de manera permanente la oferta de vivienda protegida, mientras que un 30% será asignado a la rehabilitación de viviendas existentes mediante ayudas específicas. El 30% restante se dirigirá a subvenciones centradas en la emancipación juvenil, la reducción del esfuerzo financiero para acceder a una vivienda y la intervención en zonas donde el mercado inmobiliario presenta mayores dificultades.

*Con información de agencias