Los sindicatos de inquilinas critican el nuevo plan del Gobierno: “Solo se destinan 336 millones al año a vivienda protegida, el 1% del gasto en defensa”

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este martes por el Gobierno, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros -el triple que el anterior-, no convence a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La organización cuestiona que solo el 40% del presupuesto se destine a la construcción o adquisición de vivienda protegida, en un contexto donde acceder a una casa, ya sea en propiedad o alquiler, sigue siendo el principal problema social en España.

Lejos de ser una inversión significativa, critican, “el presupuesto real del plan resulta mucho más limitado de lo que sugieren las cifras oficiales”, de forma que de los 1.400 millones anuales destinados cada año, “el Estado aporta únicamente el 60% (840 millones al año) y solo un 40% del total se destina a la construcción o adquisición de vivienda protegida”, indican en un comunicado. “La inversión estatal para crear vivienda protegida se limita a apenas 336 millones de euros anuales”, lo que supone un presupuesto “ridículo”, sostienen los sindicatos, que para ilustrar la diferencia, recuerdan que el Estado dedica 33.000 millones de euros anuales al gasto en defensa, por lo que “la inversión en vivienda protegida equivale solo al 1% de esa cantidad”.

“Una inversión así no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda. Es dinero público que sirve para complementar al mercado, no para sanearlo”, sostiene la confederación.

No aborda la raíz del problema

También critican que el plan sigue sin abordar el origen de la crisis de la vivienda, ya que “no saca la vivienda del ciclo especulativo ni contempla acciones para frenar el aumento de los precios”. Además, recuerdan que el proyecto deja fuera medidas urgentes como avanzar hacia alquileres indefinidos, prorrogar contratos existentes o reducir los alquileres. Tampoco incluye mecanismos para que la Administración “pueda intervenir en compraventas y recuperar viviendas en manos de fondos de inversión”, ni establece impuestos a quienes mantienen viviendas vacías fuera del mercado de alquiler, añaden.

Prioridad a la vivienda concertada

Los sindicatos consideran que el modelo elegido por el Ejecutivo prioriza la vivienda concertada, gestionada por agentes privados y sujeta a criterios de rentabilidad. En la práctica, esto permite “excluir a las familias con menores ingresos de las promociones de vivienda asequible y consolida la lógica de la vivienda como negocio, no como derecho”. “La inclusión de vivienda protegida en régimen de venta refuerza este modelo y compromete el carácter social del parque público”, explican.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas propone una alternativa centrada en los derechos de quienes alquilan y en la expansión decidida de la vivienda pública. Por ello, reclaman una gestión pública directa, acceso universal con precios ajustados a los ingresos, reconocimiento de derechos sindicales y una política de alquiler o cesión de uso, descartando la venta.