Amnistía Internacional señala a España como uno de los pocos estados que denuncia “sistemáticamente” las violaciones del derecho internacional ante “el desprecio de la ley”

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha publicado este martes su informe anual, y sitúa en él a España como uno de los pocos países que se han mantenido constantes en su denuncia del desmantelamiento del derecho internacional.

“Pocos” Estados tuvieron “el valor de alzar la voz contra el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia”, según el documento, que destaca que España forma parte de los que han “denunciado sistemáticamente el desmantelamiento de las salvaguardias normativas”.

AI advierte sobre una “deriva hacia el desprecio de la ley”

Durante la presentación del documento en Londres, Agnès Callamard - secretaria general de la ONG - ha señalado como, en 2025, “Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala”. Según Callamard, la única reacción aceptable ante estos hechos es que “los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil” rechacen “la política de conciliación a cualquier precio” y resistan colectivamente “esos ataques”.

De acuerdo con el informe, en 2025 se cometió una “gran cantidad” de crímenes bajo el derecho internacional. Menciona, concretamente, la represión contra manifestantes en Irán o el “genocidio” en Gaza atribuido a Israel; y recalca que, aunque “el activismo y la presión judicial” llevaron a algunos Estados a restringir o prohibir las exportaciones de armas a Israel, “las transferencias irresponsables de armamentos han seguido fomentando atrocidades”.

Las instituciones internacionales, según Amnistía, han sufrido los “peores” ataques desde 1948, con sanciones estadounidenses a integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) y la retirada de Estados Unidos de organismos y tratados clave como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, resume el contexto afirmando que se asiste a una “deriva hacia el desprecio de la ley”, con “ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel”.

España, entre los pocos países que denuncian violaciones sistemáticas del derecho internacional

En este sentido, Callamard ha cuestionado la “inacción” y el “silencio” de los Estados frente a estos ataques, afirmando que “depredadores políticos y económicos” buscan acabar con el status quo “porque no está al servicio de su hegemonía y su control” e imponer un “orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos”.

De acuerdo con el informe, España es uno de los escasos países que ha denunciado sistemáticamente estas violaciones, recordando también que, antes de 2025, ya había adoptado medidas para reducir el suministro de armas a Israel: “aunque a menudo se limitaron a no conceder nuevas licencias de exportación y siguieron suministrando armas bajo licencias antiguas”. Ya en 2025, España fue más allá con la aprobación de un embargo de armas a Israel.

La ONG también ha valorado positivamente las acciones de estibadores en España, Francia y Marruecos, que tomaron medidas para tratar de “perturbar los envíos de armas hacia Israel”. En este sentido, el documento subraya que el Ejecutivo español ha sido uno de los pocos en la Unión Europea en calificar como “genocidio” la campaña bélica de las FDI en Gaza, además de reclamar una respuesta internacional frente al deterioro de las garantías normativas.

Menas desprotegidos, xenofobia, desahucios, ley mordaza, violencia machista

Al mismo tiempo, más allá de la valoración positiva que hace este informe sobre la postura española en relación al paradigma internacional, el informe dedica un apartado a los desafíos pendientes en España. La ONG lamenta, por ejemplo, que los menores migrantes no acompañados no hayan sido “debidamente” protegidos y critica que, a finales de año, solo 408 niños solicitantes de asilo hubieran sido trasladados desde Canarias a centros estatales en la península, en cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo.

También condena el brote de violencia xenófoba registrado el verano pasado en Torrepacheco (Murcia) tras una agresión a un vecino de 68 que motivó la organización de “‘cacerías de inmigrantes’ contra personas racializadas” por parte de “grupos antiderechos”, amplificados además por la difusión de contenidos racistas en Internet.

La ONG denuncia también la ejecución de miles de desahucios, la mayoría por motivos económicos; y critica que el Parlamento no haya derogado la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. Resalta la continuidad de “restricciones desproporcionadas” al derecho de reunión pacífica, así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en protestas en solidaridad con el pueblo palestino, como las que llevaron a la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid.

Además, Amnistía Internacional advierte con su balance de que “ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos” en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones tras la Dana trágica que asoló la provincia valenciana el 29 de octubre de 2024, dejando 229 víctimas mortales.

El balance recoge también las 46 mujeres asesinadas a manos de sus exparejas en 2025 y la insuficiente eficacia de muchos centros de crisis para víctimas de violencia sexual, que “no funcionaban las 24 horas y tampoco ofrecían apoyo integral ni garantizaban acceso efectivo” a todas las víctimas.

Por último, el informe señala la existencia de una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la justicia española rehusara investigar denuncias de tortura durante la dictadura franquista.