
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que el multilateralismo, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos están en jaque ante los ataques por parte de "gobiernos "depredadores" que buscan acabar con los cimientos del orden basado en normas y recrudecer prácticas autoritarias contra la sociedad civil y los movimientos sociales.
En su informe anual de más de 400 páginas sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, Amnistía pone el foco en el "genocidio" de Israel contra la población en Gaza, los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania, el retroceso democrático en Estados Unidos, así como otros crímenes cometidos en Birmania, Sudán y otras zonas en conflicto, como Somalia, Burkina Faso, Malí y Sudán del Sur.
"La diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema. Se trata de un ataque directo a los cimientos de los Derechos Humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios", ha expresado la secretaria general, Agnès Callamard.
Callamard, que ha cuestionado la "inacción" y el "silencio" de los Estados frente a estos ataques, ha afirmado que "los depredadores políticos y económicos" buscan acabar con el orden imperante "porque no está al servicio de su hegemonía y su control" e imponer un "orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos".
EEUU, ISRAEL, RUSIA E IRÁN
El informe detalla las "prácticas autoritarias" llevadas a cabo por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, entre ellas los ataques contra el poder judicial, los medios y adversarios políticos, así como los indultos a simpatizantes, recortes en ayuda exterior, su agenda "racista y antiinmigrante", la represión de las protestas propalestinas o la reversión "drástica" de derechos sexuales y derechos LGTBI.
Amnistía critica la falta de rendición de cuentas por "los homicidios de civiles cometidos anteriormente en Siria, Irak, Afganistán y Somalia", a la par que aquellos cometidos en los últimos meses contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe.
Además de revocar medidas que dan respuesta a los daños ambientales y climáticos, la Administración Trump también asignó recursos federales para "promover tácticas agresivas de actuación policial", en particular en un contexto de despliegue de agentes "enmascarados" del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que detiene a personas migrantes y nacionales.
La ONG también cuestiona a la Administración Trump por anular una orden que imponía sanciones a colonos y organizaciones de colonos israelíes y a otro grupo armado palestino, además de atacar y sancionar a miembros de organismos internacionales, en particular el Tribunal Penal Internacional (TPI) por las órdenes de arresto contra líderes israelíes por la ofensiva en la Franja de Gaza.
Con respecto a Israel, Amnistía denuncia los "crímenes de genocidio y apartheid" contra la población palestina, en concreto los gazatíes, que sufrieron "de manera masiva hambruna, homicidios y desplazamientos" en medio de un contexto de destrucción generalizada de viviendas y otras infraestructuras de carácter civil pese a haberse firmado un alto el fuego.
La ONG, que señala que más de 13.000 niños y niñas ingresaron en los hospitales por malnutrición aguda debido a las restricciones de accceso a ayuda humanitaria, apunta a que se siguieron produciendo bloquos de carreteras que obstruían la circulación de la población palestina y retrasaban el acceso de los servicios de emergencia.
En Cisjordania, se incrementaron las operaciones militares en Yenín, Tulkarem, Nablús y Tubas, en el norte de Cisjordania, y en Hebrón, en el sur. La violencia de los colonos, respaldada por el Estado, exacerbó el clima de hostilidad y provocó el traslado forzoso de población civil. Asimismo, Israel siguió sometiendo en 2025 a las aldeas beduinas a demoliciones y desalojos forzosos mientras miles de palestinos siguen detenidos en cárceles israelíes sin cargos ni juicio, muchos de ellos sometidos a malos tratos.
Amnistía resalta así que solo uno cinco soldados acusados de agredir sexualmente y vejar a un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman, en el sur de Israel, fue declarado culpable. Los cargos contra todos los reservistas, de hecho, fueron retirados por parte de la Fiscalía Militar en marzo.
En el informe precisa que Israel sigue sin permitir la entrada en Gaza a periodistas internacionales, mientras que el ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó Estados Unidos y Hungría, pese a a la orden de detención del TPI, lo que refuerza el clima de impunidad y mina el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
En otro punto del documento, la ONG recuerda los bombardeos aéreos "deliberados" de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, ubicado en la capital, Teherán, lo que representó una "grave violación del Derecho Humanitario que debe investigarse penalmente como crimen de guerra".
Con respecto a Rusia, destaca que en 2025 siguió cometiendo violaciones del Derecho Internacional y persistieron los abusos graves contra los prisioneros ucranianos, tanto militares como civiles, a quienes se trasladaba a Rusia, incluyendo desaparición forzada, arrestos arbitrarios, detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos.
En 2025, se han intensificado las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, en particular por oponerse a la guerra de Ucrania, mientras que el derecho a la información está limitado, con buena parte de la cultura extranjera incluida "arbitrariamente" en una lista de "terroristas y extremistas". El Estado también ha aumentado los procesos penales contra la disidencia con cargos como terrorismo, traición o espionaje.
La ONG ha seguido documentando detenciones arbitrarias y las torturas y los malos tratos siguen siendo "endémicos", mientras que las autoridades han continuado con la criminalización de "la expresión de identidades LGBTI y reprimiendo la cultura queer".
En Irán el conflicto armado de 12 días que estalló con Israel provocó la muerte de civiles e implicó violaciones del Derecho Humanitario, un episodio utilizado por las autoridades para intensificar la represión interna contra opositores, periodistas o mujeres por el uso obligatorio del velo y aumentar las detenciones, los interrogatorios y los procesamientos arbitrarios.
En represalia al ataque de junio, las fuerzas iraníes lanzaron un ataque con misiles y drones contra Israel en el que utilizaron ilícitamente municiones de racimo en zonas residenciales y mataron al menos a 29 personas, entre ellas niños y niñas.
La ONG ha puesto el foco también en las "prácticas generalizadas y sistemáticas" de tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y la detención en régimen de incomunicación, a la par que juicios injustos y "el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989".
TRANSFERENCIA DE ARMAS
El informe contiene un apartado en el que critica que Estados Unidos haya seguido facilitado "transferencias irresponsables de armas incluso a agentes implicados en la comisión de crímenes de Derecho Internacional" y cuestiona a Emiratos Árabes Unidos por los mismos motivos en el marco del conflicto en Sudán.
Asimismo, documenta la intensificación de las políticas "depredadoras" contra las mujeres en Afganistán; los ataques del grupo rebelde M23 en República Democrática del Congo (M23), con el "apoyo activo" de Ruanda", o la represión de las protestas en países como China, Egipto, India, Kenia y Venezuela.
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