De una supuesta invasión al voto en las elecciones generales: los bulos más frecuentes sobre la regularización de migrantes en España

La percepción no siempre se corresponde con la realidad y, cuando se trata de personas migrantes, la distancia entre lo que se dice y lo que ocurre es aún mayor. La regularización extraordinaria, que entra en vigor en España este 16 de abril, vuelve a poner en primer plano los bulos y prejuicios que circulan en torno a la migración: desde comentarios racistas a la idea de que roban el puesto de trabajo a la población local. Sin embargo, los datos y la experiencia de quienes llevan años en el país muestran una realidad distinta.

Son principalmente dirigentes y agitadores de ultraderecha quienes lanzan mensajes de odio y difunden falsedades sobre la población migrante, a la que vinculan con la delincuencia y el deterioro de los servicios públicos sin aportar pruebas o datos fiables, e incluso hablan directamente de “invasión migratoria”. Sobre esta nueva regularización extraordinaria, Vox ha señalado que el proceso “pretende promover el efecto llamada para acelerar la invasión”, unas críticas a las que también se ha sumado la derecha.

En una intervención ante diputados y senadores del Congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que su partido rechaza la nueva regularización, a la que calificó de “irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Feijóo ha argumentado que el proceso “alienta a las mafias”, pues reciben el mensaje de que “España es un chollo”, y perjudica “a quien cumple y ha entrado de forma legal”, además de “sobrecargar el Estado del bienestar”.

Esta postura alineada con la de Vox difiere de la de 2024, cuando el PP votó a favor de admitir a trámite en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una medida impulsada por la plataforma Regularización Ya para que miles de personas que ya residían y trabajaban en España pudieran obtener papeles. Además, durante los años 2000 y 2001, bajo el gobierno de José María Aznar, el PP también promovió procesos de regularización de migrantes.

Las personas migrantes que quieran acogerse al proceso deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, mientras que quedarán excluidas aquellas con antecedentes penales graves o consideradas una amenaza para el orden público. Además de permitir que medio millón de personas migrantes accedan a permisos de residencia y trabajo, el Gobierno señala que la regularización busca “reducir la economía informal, proteger frente a abusos laborales y asegurar que quienes ya viven en España lo hagan con plenas garantías legales”. A continuación, en Infobae desmentimos los principales bulos que circulan en torno a la regularización.

No concede automáticamente el derecho a voto

Una de las desinformaciones más extendidas asegura que el Ejecutivo ha impulsado la regularización para que las personas migrantes puedan votar en las próximas elecciones, pero se trata de una información falsa, pues este proceso no concede automáticamente el derecho a voto. Solo quienes tienen nacionalidad española pueden votar en elecciones generales y en las autonómicas, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales.

Aunque la regularización permite vivir y trabajar legalmente en España, no concede la nacionalidad. Con la residencia legal, las personas migrantes regularizadas solo podrán votar en elecciones municipales, y únicamente si proceden de países con acuerdos de reciprocidad con España.

No hay un efecto llamada

Otro de los bulos que circula en redes es que la regularización va a provocar un efecto llamada cuando en realidad la medida solo afecta a las personas que ya viven y trabajan en España, y no a las que puedan llegar en el futuro. Esta es la séptima regularización que se produce en el país desde la llegada de la democracia y tampoco en los procesos anteriores se produjo ningún efecto llamada. De hecho, según un estudio de la Universidad de Chicago, la última regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de Zapatero, no redujo el empleo ni los salarios de los trabajadores nativos con menor cualificación. Por el contrario, añade el informe, mejoró la calidad del empleo y los salarios de los perfiles más cualificados.

Lo que sí cambia es la balanza de las aportaciones: las personas regularizadas pasan de usar los servicios públicos sin cotizar formalmente a financiarlos con sus impuestos. De hecho,, tras la regularización de 2005, cada persona regularizada generó más de 4.400 euros anuales en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.

Además, al regularizar a personas que ya están trabajando en la economía informal se evita que algunos empleadores puedan aprovecharse de su situación para pagar salarios más bajos. En ese sentido, otro estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sostiene que las personas migrantes ni quitan el empleo a los españoles ni hacen que sus sueldos sean menores.

Más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir

En España actualmente unas 156.000 vacantes laborales sin cubrir, según datos del INE, principalmente en los servicios, la construcción y el sector primario. De hecho, estas son las áreas donde se concentra la mayoría del empleo de quienes se beneficiarán de la regularización: el 17% trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio. En ese sentido, la Comisión Europea también apunta a la migración como palanca esencial para mantener sectores estratégicos de difícil cobertura.

Si en España disminuyera la inmigración, también peligrarían servicios esenciales, tal y como advierte un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), que calcula que, si la inmigración cae un 30% para 2075, la población activa se reduciría en 9 millones de personas, habría 63.000 médicos especialistas menos y cerrarían unos 90.000 bares.

No se agrava la situación en la sanidad

Las afirmaciones que vinculan la regularización con el colapso de la sanidad, la falta de vivienda o el aumento de la inseguridad también carecen de respaldo en la evidencia. Los datos de procesos anteriores muestran que las personas migrantes contribuyen más a las arcas públicas de lo que reciben en ayudas. Además, el uso que hacen del sistema sanitario es equiparable al de la población española de la misma edad. Se estima que la regularización podría suponer un ingreso adicional de hasta 3.300 euros por persona para el Estado, desmontando así el mito de que los migrantes son una carga para el sistema.

En cuanto a la vivienda, la regularización no cambia la demanda, ya que las personas beneficiarias ya residen en España y alquilan o comparten piso. El proceso tampoco da acceso a vivienda social ni a ayudas específicas, pero sí ofrece seguridad jurídica y permite firmar contratos de alquiler, presentar una nómina como aval o abrir una cuenta bancaria.