El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

La mitad de los hogares con menos renta vive en edificios levantados antes de 1981 o sin una reforma importante desde entonces, una situación que el Observatorio de vivienda asequible (Provivienda) vincula a mayor exposición a la emergencia climática y a más dificultades para rehabilitar viviendas con peor aislamiento y mayor demanda energética. Según Provivienda, el 50,7% de los hogares del quintil de menor renta reside en inmuebles anteriores a 1981 o no reformados de forma sustancial desde entonces, frente al 35,9% del quintil de mayor renta. A escala nacional, algo más del 43% de los hogares vive en edificios construidos antes de 1981.

El observatorio de la entidad incorpora por primera vez datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 para seguir una cadena concreta: antigüedad del parque residencial según ingresos, necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no ejecutadas, barreras para acometerlas y daños materiales asociados a fenómenos climáticos extremos.

Esa lectura enlaza, según la propia organización, con dos marcos de política pública ya en marcha: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en la rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030, que incorpora la regeneración del parque residencial como herramienta de transición justa.

Un parque de vivienda envejecido

El parque residencial español aparece como un parque envejecido, pero la media esconde una fractura social. En el tramo de edificios más antiguos, los anteriores a 1961, vive el 18,2% de los hogares del quintil de menor renta, frente al 11,2% del quintil más alto. Según Provivienda, esa diferencia tiene una consecuencia material: la normativa de eficiencia energética en edificación llegó a España en 1980 con las primeras exigencias de aislamiento. Los inmuebles anteriores a 1981, donde se concentra una parte mayor de la población con menos recursos, se construyeron sin exigencias térmicas relevantes y soportan peor las olas de calor.

El indicador que la entidad considera central es la necesidad declarada de mejoras de eficiencia energética no realizadas. No se trata de una auditoría técnica, sino de una autodeclaración, pero permite localizar dónde existe una carencia reconocida que sigue sin resolverse. A nivel nacional, el 34,4% de los hogares afirma necesitar mejoras de eficiencia energética que no ha ejecutado. La proporción cambia con intensidad según la comunidad autónoma y el régimen de tenencia de la vivienda.

Además, la organización describe un problema de incentivos divididos: la propiedad suele asumir el coste de la rehabilitación, mientras que el principal beneficio inmediato, desde una factura energética más baja hasta un mayor confort térmico, lo recibe quien habita la vivienda. Cuando ambas figuras no coinciden, las obras se aplazan. En ese contexto, el alquiler concentra hogares con menos renta y menor margen para exigir mejoras, lo que refuerza el atasco.

La brecha entre inmuebles antiguos y recientes es amplia. Entre los edificios anteriores a 1961 y los construidos desde 2011 hay 24,6 puntos porcentuales de diferencia en necesidad de mejoras energéticas no cubiertas, hasta el punto de que residir en un edificio previo a 1961 multiplica por 2,5 esa probabilidad respecto a vivir en uno posterior a 2011. La distribución territorial también es desigual. En la parte alta figuran Extremadura con el 41%, Andalucía y Castilla-La Mancha con el 39,6%, Galicia con el 38,3%, Ceuta con el 37,6% y Madrid con el 36,4%; en la baja, País Vasco registra el 24,8%, Canarias el 25,8% y La Rioja el 26,8%.

Según Provivienda, el coste es la barrera dominante para actuar. A nivel nacional, el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta lo señala como principal obstáculo, y en los edificios anteriores a 1961 esa proporción sube al 80,6%. La entidad sostiene que, en los quintiles de renta más bajos, ese freno financiero adquiere un carácter casi único. En el quintil más alto aparecen con más peso relativo otras razones, como “otras razones” con el 19,8% y la “falta de interés” con el 11%.

Los daños climáticos no se reparten igual aunque la incidencia declarada sea parecida

El 9,2% de los hogares declara haber sufrido daños por fenómenos climáticos extremos, con una distribución por quintiles casi plana, entre el 9% y el 9,6%. Para Provivienda, esa aparente igualdad no significa que la vulnerabilidad sea la misma. La entidad sostiene que ese indicador no mide bien la vulnerabilidad climática porque registra si el evento ha ocurrido, no la capacidad de anticiparse, asegurar la vivienda, reparar los daños o recuperarse después. Esa capacidad, añade, sí está estratificada por renta.

La desigualdad sí aparece con claridad en el mapa territorial. El observatorio sitúa los niveles más altos en comunidades autónomas del arco mediterráneo y de la cuenca atlántica gallega, y relaciona esa distribución con la dana de Valencia de 2024, la sucesión de olas de calor en el sur y los temporales atlánticos en Galicia.

Castilla-La Mancha aparece en cabeza, una posición que el texto atribuye probablemente a la combinación de episodios térmicos extremos en verano y lluvias torrenciales en las cuencas del Tajo y el Júcar. La nota metodológica precisa que todos los indicadores proceden de tablas agregadas publicadas por el INE a partir del módulo ECV 2025 y no de microdatos, según Provivienda.