Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

El plazo estándar para devoluciones con reembolso puede ampliarse hasta doce meses si el comerciante no comunica claramente los derechos del consumidor, según la normativa vigente

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Una consumidora recibe varios paquetes de productos comprados por internet (Freepik)
Una consumidora recibe varios paquetes de productos comprados por internet (Freepik)

El crecimiento del comercio electrónico ha transformado los hábitos de consumo en España, facilitando el acceso a bienes y servicios sin necesidad de desplazarse. Sin embargo, esta comodidad también ha obligado al legislador a reforzar los mecanismos de protección del consumidor, especialmente en aquellos supuestos en los que no existe contacto previo con el producto. En este contexto, la regulación del derecho de desistimiento se ha consolidado como una de las herramientas clave para equilibrar la relación entre compradores y vendedores en el entorno digital.

Muchas personas desconocen que, al realizar compras por Internet, pueden disponer de un plazo relativamente largo para devolver un producto si no han sido informadas expresamente del derecho de desistimiento. Este detalle, explicado por el abogado Natalio Valenzuela en un video publicado en su perfil de TikTok (@nataliovalenzuelaabogado), marca una diferencia en la protección de los consumidores frente a las compras en línea.

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El derecho de desistimiento establece que los consumidores tienen normalmente catorce días para devolver lo adquirido en tiendas virtuales. Sin embargo, la ley exige que el vendedor comunique de forma clara este plazo. Si el empresario omite la información, el periodo para devolver la compra no empieza a contar hasta que el consumidor reciba el aviso, y puede prolongarse hasta doce meses adicionales.

Hasta un año para devolver el producto

Este marco jurídico se encuentra regulado principalmente en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que incorpora al ordenamiento español las directivas europeas en materia de consumo. En concreto, la normativa establece que la información sobre el desistimiento debe facilitarse antes de que el consumidor quede vinculado por el contrato, y debe presentarse de forma clara, comprensible y accesible. No basta con incluirla en términos genéricos o en apartados de difícil localización dentro de la web.

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Montaje digital de un consumidor realizando una compra por internet. (Imagen: Shutterstock)
Montaje digital de un consumidor realizando una compra por internet. (Imagen: Shutterstock)

Este beneficio se aplica exclusivamente cuando la transacción se realiza entre un consumidor y un empresario online. No está vigente para compras efectuadas en tiendas físicas, donde el comprador puede examinar el producto antes de adquirirlo. Además, existen algunas excepciones legales: los artículos fabricados a medida, el software o la música precintados no pueden devolverse una vez abiertos por razones de protección de derechos de autor o personalización.

Otros derechos de los consumidores

Más allá de esta garantía, los compradores online cuentan con varios derechos respaldados por la legislación española y europea que garantizan una mayor protección en el entorno digital. Entre ellos destaca el derecho a recibir información clara antes de comprar, lo que obliga al vendedor a detallar el precio final, los gastos adicionales y las condiciones de la operación. También existe el derecho a la entrega en un plazo máximo de 30 días, salvo acuerdo distinto, pudiendo el consumidor reclamar o cancelar si no se cumple.

Asimismo, la ley reconoce una garantía mínima de tres años para productos nuevos, durante la cual el comprador puede exigir reparación, sustitución o reembolso si el bien presenta defectos o no se ajusta a lo anunciado. A esto se suma la prohibición de cargos ocultos, que impide incluir servicios adicionales sin consentimiento expreso. Por último, los consumidores tienen derecho a la protección de sus datos personales y a presentar reclamaciones a través de mecanismos oficiales de consumo.

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