La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

La Inspección de Trabajo ha reclamado a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones sociales no abonadas, tras detectar 60.000 altas de repartidores como falsos autónomos en la plataforma, según informa Europa Press. Esta decisión se enmarca en una investigación iniciada en julio del año pasado para verificar si el modelo de contratación de la empresa cumplía con la legislación vigente sobre reconocimiento de laboralidad.

Según indican fuentes del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, la actuación buscaba garantizar que las plataformas de reparto respeten la llamada Ley Rider de 2021, que obliga a reconocer como asalariados a quienes trabajan bajo dependencia y organización de la empresa. El procedimiento identificó que Uber Eats mantenía a decenas de miles de repartidores bajo un modelo irregular, privándoles de derechos laborales y de la correspondiente cotización a la Seguridad Social.

En enero, Uber Eats anunció su decisión de dejar de operar con repartidores autónomos en España, comprometiéndose a cumplir con la Ley Rider y adaptando su modelo para que los repartidores pasaran a ser empleados de flotas colaboradoras.

Las plataformas se adaptan a la Ley Rider

La plataforma siguió así el camino de otras empresas del sector, como Just Eat y Glovo, que en los últimos años modificaron su modelo de contratación para ajustarse a la normativa. Desde 2025, más de 7.000 repartidores han pasado a formar parte de flotas colaboradoras en régimen laboral, dejando atrás la posibilidad de trabajar como autónomos, una opción que Uber Eats permitió durante un periodo híbrido entre 2021 y 2022.

La Ley Rider entró en vigor en agosto de 2021 como resultado de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Esta normativa establece la presunción de laboralidad para todas las personas que realizan servicios de reparto a través de plataformas digitales, obligando a las empresas a contratarlas como asalariadas y no como autónomas.

El texto legal surgió en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020, que determinó que los repartidores de estas plataformas debían ser considerados trabajadores por cuenta ajena. Además, la norma busca atender la necesidad de regularizar la situación de miles de repartidores que, hasta entonces, desarrollaban su actividad en condiciones precarias y sin los derechos laborales reconocidos a los empleados asalariados.

Del modelo híbrido a contratar solo asalariados

Desde el año 2022, Uber Eats permitía a sus repartidores elegir entre trabajar como autónomos o integrarse como empleados en flotas colaboradoras. La decisión de dejar de colaborar con repartidores independientes y solo ofrecer la opción de empleo asalariado a través de dichas flotas, según fuentes de la compañía, responde a la intención de “fomentar un modelo sostenible a largo plazo” y evitar sanciones económicas o la apertura de nuevos procedimientos penales.

Con el nuevo modelo, los repartidores que hasta ahora utilizaban la aplicación como autónomos pueden continuar trabajando únicamente si se incorporan como asalariados en alguna de las flotas colaboradoras vinculadas a la plataforma.