Ayuso quiere blindar la educación concertada ampliando los convenios hasta 14 años y aumenta la brecha entre la pública y privada

La Comunidad de Madrid ha lanzado una nueva propuesta para ampliar los conciertos educativos de 10 a 14 años, reforzando la protección de la educación concertada en la capital. Según el Ejecutivo autonómico, la medida “ampliará en cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos para beneficiar a las familias de 350.000 alumnos que estudian en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos”.

La iniciativa, presentada por la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se encuentra en fase de análisis por la Comisión de Dictámenes del Consejo Escolar autonómico, que laborará un borrador antes de su discusión con la Comisión Permanente.

El Gobierno de Ayuso ha justificado dicha ampliación como una forma de acompañar el proceso de reducción de ratios hasta 2031, proporcionar estabilidad jurídica, facilitar la planificación a largo plazo y unificar la duración de los convenios entre distintos tipos de enseñanzas financiadas con fondos públicos.

Esta será la segunda ampliación en cinco años: en 2021, el Ejecutivo de Ayuso ya elevó la duración de los conciertos de seis a diez años en respuesta a la LOMLOE, alegando que se trataba de “garantizar la libertad de elección de los alumnos madrileños”. Con este nuevo incremento, Madrid se desmarca de la mayoría de comunidades autónomas, donde los conciertos se limitan a seis años.

Madrid: la única comunidad donde hay más alumnos en la privada que en la pública

Actualmente, la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso presenta un situación singular: existen menos alumnos en centros públicos que en privados, lo que le convierte en la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta, después de Hungría.

El peso de la red privada es significativo. La Comunidad de Madrid invierte menos en servicios públicos de lo que debería según su peso económico, y cada vez más recurre a empresas privadas para gestionar sanidad, educación y otros servicios esenciales, a través de conciertos y externalizaciones, en lugar de fortalecer la gestión pública directa.

En 2023, el gasto público de la región representó solo el 10,07% del PIB, 7,4 puntos menos que la media de otras comunidades autónomas, según el informe Diagnóstico y perspectivas de CCOO Madrid ante los presupuestos de la Comunidad.

Concretamente, en educación, el Gobierno de Ayuso dedicó en 2023 el 2,4% del PIB, el porcentaje más bajo de España. Casi uno de cada cinco euros del presupuesto educativo se destina a colegios privados y concertados y el 43,7% del profesorado trabaja en uno de ellos. “El esfuerzo inversor en educación pública sigue siendo claramente insuficiente, con consecuencias en la calidad de la enseñanza y la equidad entre estudiantes”, señaló CCOO Madrid.

La consolidación de la “nueva concertada”

La escuela concertada ha sido un pilar del proyecto educativo del Partido Popular en Madrid, con medidas que incluyen cesiones de suelo público y convenios garantizados antes de la apertura de centros.

Así, el Ejecutivo regional sostiene que esta medida permitirá ordenar el sistema “mientras se completa una transformación estructural”, ofreciendo estabilidad a las familias y seguridad a los centros durante el proceso de reducción de ratios y planificación a largo plazo.