
La Comunidad de Madrid está teniendo problemas para encontrar empresas que gestionen las escuelas infantiles de la red autonómica. Varios contratos han quedado desiertos. Mientras que los profesionales que trabajan en ellas y Más Madrid coinciden en señalar que el problema es que las condiciones ofrecidas hacen que no sean rentables, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso echa la culpa “a los impuestos estatales”. El mejor ejemplo es el de la escuela infantil ‘La Mimosa’, situada en Fuenlabrada. El centro se abrió en el año 2010. Hasta 2020 lo gestionó la empresa ‘Musieduca SL’. Entre 2020 y 2023 fue otra firma quien atendió a los menores matriculados: ‘Atreyu Blota Carto SL’. Pero Atreyu ya no quiso seguir y la Comunidad de Madrid licitó un nuevo concurso en marzo de 2024 que quedó desierto. Mientras se tramitaba un nuevo procedimiento, se tuvo que formalizar un acuerdo para su gestión con la empresa ‘Paloma Barrios Martín SL’ para garantizar la continuidad de la escuela. A finales de 2024 otro contrato quedó desierto. Tampoco hubo suerte en un tercer intento de licitación, en marzo de 2025.
El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso tuvo que tirar de nuevo de un acuerdo con la empresa ‘Paloma Barrios Martín’ para que siguiera gestionando el centro hasta septiembre de 2025. En octubre del año pasado, un cuarto contrato quedó desierto. Para la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, esta descripción de los hechos “pone en evidencia que la gestión de la citada escuela no resulta interesante para las empresas del sector. Aun tratándose de un edificio bastante nuevo que consta de 12 unidades, la matrícula es muy baja y por, lo tanto, es poco rentable para las empresas”. En la misma situación se encuentran las escuelas infantiles ‘La Comba’ y ‘El Romancero’, ambas situadas en Leganés, cuyos últimos contratos licitados para su gestión han quedado desiertos. Otra, como ‘Piruetas’ (en la capital), por fin ha encontrado una firma que lleve el día a día tras quedar desiertos varios contratos anteriores.
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La Comunidad de Madrid es titular de 57 escuelas infantiles de gestión directa (la última se puso en funcionamiento en 1998) y de 80 escuelas infantiles de gestión indirecta, es decir, pertenecen a la red pública pero son gestionadas por empresas privadas que reciben, a cambio, una compensación por parte del Ejecutivo autonómico. En el caso de ‘La Mimosa’, por ejemplo, cuenta con 84 plazas y la Administración ofrece 1.502.940 euros por tres años. Educación ofrece unos módulos por alumno: 440,34 euros al mes. Luego los padres pagan por el comedor (96 euros al mes) y 10,83 euros mensuales por horario ampliado. “La entidad gestora podrá también percibir de los usuarios cualesquiera otras cantidades correspondientes a actividades y servicios de carácter complementario y voluntario que se realicen fuera del horario escolar”, matizan desde Educación.

La verdad es que la propia Consejería se contradice en los propios pliegos de los contratos. Asegura que el módulo que paga por alumnos “ha experimentado un incremento del 16,76% sobre la cuantía aplicable en el curso 2024-2025, lo que se estima suficiente para garantizar el funcionamiento de dichos centros”. Y al mismo tiempo señala en el caso de ‘La Mimosa’ que la matrícula es baja y poco rentable. La diputada Raquel Huerta, de Más Madrid, ha preguntado al Gobierno regional cuáles son los motivos que están dejando muchos contratos desiertos. La Administración regional tira balones fuera y echa culpa al Gobierno central. “Los motivos son variados e incluyen, entre otros, la presión fiscal que soportan las empresas a nivel nacional y que se ha incrementado en los últimos años en lo relativo a los impuestos estatales”, señala en su respuesta.
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2008, punto de inflexión
“Esta respuesta es peregrina y no tiene nada que ver con la realidad”, asegura a Infobae un portavoz de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (Ameigi), una plataforma de cooperativas de maestros y educadores que se creó en el año 2008 “porque la Comunidad cambió entonces las bases de licitación”. Antes de esa fecha el proyecto educativo era lo que más se puntuaba. “Pero llego la crisis y los presupuestos a la baja, al mejor postor. Ya no se da valor al proyecto educativo. Ahora gana el peor proyecto educativo. Ahora se valora más la oferta económica".
Las cuentas no cuadran, y eso que el sector de la educación está exento de IVA. “El problema no son los impuestos estatales. Es que los pliegos que ofrece la Comunidad son malos. Y es lógico que muchas empresas no se presenten porque no quieren ir a pérdidas porque las condiciones que plantea el Ejecutivo autonómico no son atractivas. Esto se soluciona pagando más. Ahora se paga por alumno, en lugar de por aula. Los gastos fijos son los mismos, aunque varíen los ingresos de los menores. La clave es mejorar los pliegos, como por ejemplo, dar más puntos a aquellas firmas que paguen mejor a sus plantillas, ofrezcan una bajada de ratios de alumnos en las aulas o tengan mejoras materiales para los niños en las aulas", explica la diputada Raquel Huerta. En cada aula de 0-1 años puede haber un máximo de 8 menores, en las aulas de 1-2 años hasta 14 niños, y en las de 2-3 años hasta 20.
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“Un proyecto educativo requiere su tiempo. Muchas cooperativas no aguantan, porque la Comunidad paga con presupuesto de 2020 los gastos de 2025. Estamos asfixiados”, afirman desde Ameigi. Y eso que la Comunidad ha mejorado los módulos porque en junio de 2025 se aprobó un nuevo convenio para los trabajadores. Esto conlleva que una empresa que gane un contrato para gestionar una escuela infantil después de esa fecha tiene que pagar un salario de 1.432,22 euros brutos al mes a cada educador. Si lo ha licitado antes del convenio, el sueldo es de 1.210 euros brutos al mes. Los sueldos, en cambio, son muchos mejor en las escuelas de gestión directa, las que dependen de la Comunidad. La retribución media es de 2.000 euros brutos al mes.
Calculadas mal las condiciones
Desde Ameigi aseguran que han traslado a la Comunidad que están calculando mal las condiciones económicas de los pliegos. En el primer año de contrato siempre te gastas más en salarios porque la Administración no tiene en cuenta la antigüedad del personal. Y se fija un gasto de 30.000 euros en alimentación para un centro tipo de ocho aulas, cuando el gasto real es de 50.000 euros. Porque no se puede jugar con la alimentación de los niños. Por eso algunos Ayuntamientos, como está haciendo Getafe, hacen una aportación a las escuelas infantiles autonómicas que hay en su municipio".
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De momento, la Consejería de Educación ha prorrogado la gestión de las escuelas infantiles cuyos nuevos contratos de licitación han quedado desiertos con sus actuales adjudicatarios, los que están prestando el servicio durante este año escolar 2025/26. “De cara al próximo curso volveremos a licitar en breve los contratos, cuyos módulos se han incrementado un 40% desde 2019 y que incluirán distintas mejoras para las empresas que opten a la gestión”, aseguran desde la Comunidad de Madrid". En las escuelas de gestión directa hay matriculados 14.000 niños; en los de gestión indirecta, 23.300.
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