
El Ministerio de Trabajo ha tomado nota de las críticas del Consejo de Estado a su proyecto del control del registro horario y, tras el dictamen del organismo consultivo, el departamento de Yolanda Díaz pretende modificar el real decreto. Aun así, fuentes ministeriales han confirmado este martes a EFE que estas valoraciones no van a impedir que el texto llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Así, las autoridades laborales mantienen como prioridad que el registro de jornada sea completamente digital y de fácil acceso para la Inspección de Trabajo. Esta digitalización pretende minimizar la manipulación de los datos y facilitar la supervisión de los horarios en tiempo real, para hacer frente a las miles de horas extraordinarias no pagadas, una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
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Frente al rechazo del Consejo de Estado, Trabajo recalca su potestad para legislar en materia laboral y señala que la normativa ya obliga a las empresas, desde 2018, a llevar un registro horario. Según las mismas fuentes, si existiese algún problema en el tratamiento de datos personales, este ya se estaría produciendo bajo el marco actual, y no solo con la nueva redacción propuesta.
Además, desde el Ministerio señalan que la aprobación de la reforma es necesaria para cumplir tanto los compromisos del Gobierno de coalición como las exigencias de la justicia europea. Consideran que frenar la medida supondría una falta grave al acuerdo político entre el PSOE y Sumar.
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Refuerzo en la protección de datos y la negociación colectiva
El nuevo borrador del real decreto reforzará la protección de los datos personales de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo planea introducir ajustes que den mayor seguridad jurídica al proceso, en respuesta a las observaciones del Consejo de Estado y para blindar la norma ante previsibles recursos judiciales.
De igual manera, se contempla una mayor participación de la negociación colectiva como vía complementaria para adaptar el registro a las distintas realidades sectoriales y empresariales. El Ministerio considera que esta colaboración no puede sustituir la regulación estatal, ya que el objetivo es garantizar la protección efectiva de todos los empleados, sin distinciones por el tamaño de la empresa.
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Aun así, para las fuentes ministeriales, muchos de los argumentos del Consejo de Estado son inciertos y no reflejan la realidad del funcionamiento del registro horario ni de las competencias del Gobierno en materia laboral.
Discrepancias dentro del Gobierno
El avance de esta reforma ha generado tensiones dentro del propio Ejecutivo. Desde Trabajo se acusa tanto al Ministerio de Economía como a la CEOE de alinearse con intereses empresariales contrarios a la regulación. Aun así, Díaz ha dejado claro este martes que la propuesta seguirá adelante “a pesar de los intentos del Ministerio de Economía” de que no ocurra.
El Ministerio insiste en que la reforma responde a una necesidad social y que la proposición de Economía pone en riesgo el cumplimiento de los acuerdos gubernamentales. Para Trabajo, la normativa permitirá mejorar un sistema que ya existe, pero que requiere mayor eficacia para erradicar el abuso de las horas extraordinarias no remuneradas.
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La CEOE, por su parte, se prepara para comenzar una batalla judicial contra la reforma, lo que ha llevado al Ministerio a acelerar los cambios y asegurar que la norma sea sólida ante posibles impugnaciones en los tribunales.
*Noticia elaborada con información de agencias.
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