La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo y en la que fallecieron seis personas.

En concreto, la acción penal se dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación. En el auto, dado a conocer este martes, se declara a la Demarcación de Costas en Cantabria posible responsable civil dado que es la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del Proyecto de la senda peatonal al tratarse de obras no finalizadas, hallando “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

En concreto, explica la magistrada que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados, por lo que la instructora considera que esa actuación “ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia”.

Las obras no eran responsabilidad del Ayuntamiento de Santander

La magistrada ha decidido dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas tras analizar la documentación aportada tanto por la propia administración central como por el Ayuntamiento de Santander. Tras revisar los expedientes, la instructora concluye que “las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado”.

El primer proyecto, iniciado en 2012, se paralizó cuando Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por “desistimiento”. Por su parte, el segundo proyecto de “Finalización” de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse, mientras que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren”.

Según la magistrada, “son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”.

Además, la jueza señala que Demarcación de Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento”, recordando que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras “del mal estado de ciertas maderas”. Pocos meses después, se realizó una reparación de las infraestructuras, incluyendo la pasarela siniestrada.

“Serios indicios de negligencia”

La magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos para ayudar a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, y señala que “del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

La jueza basa esta conclusión en el acta de inspección de la Policía Científica, que advirtió que “todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados”, mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino únicamente sobre su estructura de madera, “lo que, a nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello”, razona la magistrada.

Por ello, también acuerda ampliar el objeto del informe pericial solicitado el pasado 13 de marzo. Ahora, pide que el mismo aclare si la reparación que Costas llevó a cabo en julio de 2024 en la pasarela, “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera, fue suficiente”. La magistrada concluye que “procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, por su posición de garante.

El precinto es responsabilidad del Ayuntamiento

El auto de la magistrada también advierte que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, “el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público”. Así, “detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos”.

Por ello, la jueza considera “relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”. Para clarificar este punto, acuerda que el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial recabe “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma”.

Además, quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada tras solicitar la magistrada a la Policía Judicial que recabara quejas sobre la pasarela. Esta vecina comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo, después de que declaren los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió la llamada, la policía local que recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.