
La regularización extraordinaria de personas migrantes pactada a finales de enero entre el Gobierno y Podemos, que permitirá que más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia, sigue siendo un proceso que todavía no se definido completamente ni ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y mientras miles de migrantes en situación administrativa irregular esperan la aprobación de la medida para dejar atrás la clandestinidad, ya han comenzado a detectarse abusos y estafas por parte de supuestos asesores que, a cambio de sumas que pueden incluso superar los 400 euros, prometen agilizar trámites que todavía no existen.
Se trata de intermediarios y falsos gestores que publican anuncios engañosos en los que prometen facilitar los trámites y solicitan pagos anticipados, aprovechando la incertidumbre de quienes esperan obtener sus papeles. “Trámites garantizados, no pagas hasta la obtención de la cita. No pierdas el tiempo delante de un dispositivo para conseguirlo, contacta, le asesoramos y se la conseguimos”, se puede leer en uno de los mensajes que circulan en portales como Milanuncios sin estar vinculados a despachos legales. Desde el sindicato CCOO también advierten que se han detectado ofertas de servicios de particulares e incluso agencias de viajes que cobran “desde 50 euros por una simple consulta hasta 450 euros por tramitar gestiones” que no pueden realizarse hasta que la norma esté publicada.
Esta situación preocupa especialmente a los colectivos de migrantes que conforman el movimiento Regularización Ya, que han luchado durante años para impulsar la iniciativa, y advierten que las estafas detectadas solo consiguen “aumentar la ansiedad” de quienes esperan este proceso para salir de la clandestinidad. También lamentan que algunos despachos de abogados se estén lucrando de esta necesidad. “Están intentando sacar dinero a la gente para leerles simples borradores, algo que debería ser sancionado. Por eso pedimos a la gente que espere a la publicación en el BOE”, explica a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya.
También critica la demora en la publicación oficial de la regularización y la ausencia de una comunicación oficial por parte del Gobierno para desmentir borradores o filtraciones, ya que, según sostiene, solo sirve para “alimentar la confusión y la inquietud” entre los afectados.

Desde Regularización Ya informan que, junto con organizaciones aliadas, publicarán en su sitio web un listado de entidades donde las personas migrantes podrán tramitar informes de vulnerabilidad y gestionar sus expedientes de forma gratuita. Insisten en que quienes cumplan con los requisitos podrán presentar la documentación en oficinas de Correos y otros puntos públicos que se habilitarán para ello, ya que las oficinas de Extranjería están saturadas por la falta de personal, con miles de expedientes pendientes de tramitación, y no podrían asumir esa nueva tarea.
La importancia de poder empadronarse sin cita previa
El movimiento solicita a las administraciones, y en particular a los ayuntamientos, que simplifiquen los trámites y permitan el empadronamiento de personas migrantes sin necesidad de cita previa. Columba asegura que muchos municipios siguen imponiendo requisitos que no son obligatorios, como contratos de alquiler, visados o permisos de residencia, lo que dificulta el acceso al padrón. Cabe recordar que el certificado de empadronamiento es fundamental para acceder a servicios básicos como la atención sanitaria, la escolarización de menores y la tramitación de permisos de residencia.
Por todo ello, la plataforma Regularización Ya insiste en que “hay que esperar a la publicación oficial en el BOE” antes de iniciar gestiones o hacer pagos. También aclaran que no existe un límite de plazas para la regularización, por lo que no es cierto que solo las primeras 500.000 personas puedan acceder al trámite.
Quién puede acogerse al proceso
Hasta la publicación definitiva en el BOE, el borrador acordado exige como requisitos para la regularización extraordinaria haber solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o poder acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes de esa fecha, además de no tener antecedentes penales.
El periodo para presentar solicitudes todavía no está habilitado, por eso también se recomienda consultar únicamente fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informarse sobre el proceso.
Aunque la regularización migratoria otorga residencia legal, no implica la concesión automática de la nacionalidad española, por lo que quienes se beneficien del proceso no podrán votar en elecciones generales. El derecho al voto en estos comicios está restringido a quienes tengan nacionalidad española, sean mayores de 18 años y estén inscritos en el censo electoral.
Las personas migrantes regularizadas podrán votar únicamente en elecciones municipales y solo si su país tiene acuerdos con España. Para votar en elecciones generales o autonómicas necesitan la nacionalidad española, un proceso que requiere varios años de residencia y cumplir con una serie de requisitos legales.
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