El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La provincia de León vuelve a ser una de las piezas clave en la ecuación de las elecciones en Castilla y León. En una comunidad caracterizada por la continuidad de los gobiernos del Partido Popular desde 1987 y por la dificultad histórica del PSOE para traducir sus victorias electorales en capacidad de gobierno, el comportamiento del electorado leonés es uno de los factores más determinantes para el resultado final de las próximas autonómicas. En León convergen varias dinámicas políticas, como el peso del socialismo municipal, el arraigo del leonesismo o el auge de las formaciones provincialistas, que convierten a esta provincia en un termómetro especialmente sensible del equilibrio político regional.

Las encuestas difundidas durante la campaña apuntan a un escenario de enorme competitividad. La media de los sondeos sitúa al PSOE en torno a los 28 escaños en las Cortes de Castilla y León, frente a los 32 o 33 que se atribuyen al PP de Alfonso Fernández Mañueco. Con un Parlamento de 82 procuradores, esa diferencia mantiene abierto el resultado final en función de variaciones mínimas en determinadas provincias. Entre ellas, León aparece de manera recurrente en los análisis demoscópicos como uno de los territorios donde un pequeño desplazamiento de votos podría alterar la distribución de escaños.

En las elecciones autonómicas de 2022, el PSOE fue la fuerza más votada en la provincia, con una ventaja aproximada de 6.000 votos sobre el PP y de alrededor de 18.000 respecto a Unión del Pueblo Leonés (UPL). Sin embargo, ese triunfo no impidió que el partido sufriera un retroceso significativo en representación: pasó de seis a cuatro procuradores, mientras el partido leonesista crecía con fuerza y consolidaba tres escaños. La irrupción de ese voto territorial alteró un equilibrio que durante años había favorecido al socialismo en la provincia.

En ese contexto, la provincia leonesa se ha convertido en uno de los principales campos de batalla para la candidatura socialista que encabeza Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007 y actual líder territorial del partido.

El peso histórico del leonesismo político

El origen del actual debate territorial hunde sus raíces en la historia del antiguo Reino de León, una entidad política medieval que incluía, entre otros territorios, las actuales provincias de León, Zamora y Salamanca. Tras la reorganización provincial de 1833, esos territorios conformaron lo que se conoció como la región leonesa, una realidad administrativa y cultural diferenciada dentro del Estado español.

La construcción del Estado autonómico tras la Transición alteró ese esquema. En el proceso de diseño territorial de finales de los años 70 y principios de los 80, las tres provincias leonesas fueron integradas en la comunidad autónoma de Castilla y León junto a otras seis de tradición castellana: Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Valladolid y Soria. Aquella decisión generó una contestación significativa en algunos sectores de la sociedad leonesa, que reclamaban una autonomía propia o una estructura institucional diferenciada.

De ese movimiento surgió en 1983 Unión del Pueblo Leonés. El partido nació al calor de movilizaciones que reclamaban una autonomía leonesa y pronto encontró un espacio político estable en la provincia. Aunque su implantación fue irregular durante décadas, logró entrar en las Cortes de Castilla y León en 1995 con dos procuradores. En 1999 alcanzó tres escaños y cerca del 19% de los votos, su primer gran resultado electoral.

Durante los años siguientes, la formación mantuvo una presencia más modesta, generalmente con uno o dos procuradores, hasta que en las elecciones de 2022 experimentó un nuevo impulso. Con un 21,3% de los votos y tres escaños, UPL logró su mejor resultado histórico, alimentado por un contexto social marcado por la despoblación, la pérdida de tejido industrial y la sensación de agravio territorial respecto a otras zonas de la comunidad.

Esa evolución explica por qué el voto provincialista se ha convertido en uno de los factores más relevantes de la política autonómica. En León, la reivindicación identitaria se mezcla con preocupaciones socioeconómicas muy concretas: la pérdida de población, el cierre de explotaciones mineras y centrales térmicas o la percepción de que buena parte de las inversiones públicas se concentran en Valladolid, sede de las principales instituciones autonómicas.

Las cifras demográficas ilustran el problema. La provincia ha perdido más de 80.000 habitantes en las últimas cuatro décadas dentro de un proceso de despoblación que afecta especialmente a las zonas rurales y a las antiguas cuencas mineras. En total, el territorio leonés ha visto marcharse a más de 178.000 personas desde los años 80. Para muchos electores, esa evolución refuerza la idea de que el modelo autonómico no ha conseguido revertir la decadencia económica de la provincia.

Un bastión socialista sometido a presión

Pese al crecimiento del leonesismo político, León sigue siendo uno de los territorios donde el PSOE mantiene una implantación más sólida dentro de Castilla y León. La estructura municipal del partido, su presencia institucional en numerosos ayuntamientos y la fuerza de su militancia lo convierten en una de las provincias clave para el socialismo autonómico. De hecho, cerca de un tercio de los aproximadamente 9.000 militantes del PSOE en la comunidad se concentran en León.

La presencia institucional también es significativa. La capital leonesa está gobernada por el socialista José Antonio Díez, uno de los dirigentes más influyentes del partido en el territorio. Junto a León, el PSOE mantiene las alcaldías de Soria y Palencia, las únicas capitales de provincia de Castilla y León gobernadas por socialistas.

Sin embargo, esa fortaleza convive con tensiones internas que reflejan las distintas sensibilidades existentes en el partido respecto a la cuestión territorial. En León coexisten tres posiciones diferenciadas dentro del socialismo: una corriente claramente favorable al reconocimiento político del leonesismo y abierta a la posibilidad de una autonomía propia; otra alineada con la dirección federal del partido y partidaria de mantener el actual marco institucional; y una tercera posición intermedia que reconoce la singularidad histórica de León pero rechaza una ruptura del modelo autonómico.

Carlos Martínez ha intentado situarse en ese punto intermedio. El dirigente soriano ha reconocido públicamente que la identidad leonesa “no es solo un sentimiento, sino una realidad histórica de muchos siglos”. Al mismo tiempo, ha defendido que los problemas estructurales de la provincia —infraestructuras, servicios públicos o despoblación— deben abordarse desde una perspectiva de cohesión territorial dentro de la comunidad autónoma.

Esa posición busca atraer a votantes sensibles al discurso leonesista sin asumir plenamente el proyecto autonomista de UPL. Pero el equilibrio es delicado. Una parte del socialismo leonés considera que el partido debería adoptar una postura más clara en defensa de una autonomía propia, mientras que la dirección nacional mantiene una posición contraria a ese planteamiento.

Las fricciones internas han quedado reflejadas en episodios recientes. El alcalde de León, José Antonio Díez, mantiene desde hace tiempo una relación tensa con algunos sectores de la dirección provincial y con la cúpula federal del partido. Su ausencia en determinados actos de campaña, como el mitin celebrado en la capital leonesa con la participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido interpretada como una muestra más de esas discrepancias.

La campaña y la disputa por el voto útil

Con este panorama, la estrategia electoral del PSOE en León combina varios elementos. Por un lado, el partido ha reforzado su presencia en la provincia durante la campaña con la participación de dirigentes de peso, entre ellos el propio Zapatero, que mantiene una fuerte vinculación simbólica con el territorio.

Por otro, los socialistas han tratado de articular un discurso centrado en el voto útil frente a la posibilidad de una mayoría parlamentaria entre el PP y Vox. El argumento consiste en presentar al PSOE como la única alternativa capaz de disputar la hegemonía conservadora en la comunidad, frente a formaciones provincialistas que, según esta interpretación, fragmentarían el espacio progresista.

El cálculo electoral que manejan en el partido parte de una premisa clara: en un Parlamento tan fragmentado como el de Castilla y León, cada escaño puede resultar decisivo. Según las estimaciones internas del PSOE, existen hasta nueve provincias donde el último procurador podría decidirse por un margen muy estrecho entre socialistas y populares. En ese contexto, cualquier variación en el comportamiento electoral de Vox también podría alterar la distribución final de escaños.

La provincia de León aparece así como uno de los territorios donde esa combinación de factores puede resultar más determinante. Las simulaciones realizadas a partir de los resultados de 2022 sugieren que incluso una transferencia parcial del voto leonesista hacia el PSOE podría traducirse en la obtención de un procurador adicional para los socialistas. Sin embargo, incluso en ese escenario el reparto global de escaños entre bloques seguiría siendo incierto.

Mientras tanto, UPL mantiene su propia estrategia. El partido insiste en que su presencia institucional ha servido para visibilizar los problemas de la provincia y defender una agenda territorial que, a su juicio, los grandes partidos han ignorado durante décadas. La candidatura encabezada por Alicia Gallego aspira a consolidar los tres procuradores obtenidos en 2022 e incluso a ampliarlos si el voto leonesista continúa creciendo.

En paralelo, el PP y Vox también han dirigido parte de su discurso hacia el electorado provincialista. Desde la formación que lidera Santiago Abascal se ha criticado abiertamente a los partidos territoriales, a los que acusa de no haber logrado avances significativos para la provincia pese a su presencia institucional.

En ese escenario fragmentado, León se perfila de nuevo como uno de los territorios donde la política autonómica se decide por márgenes mínimos. Para el PSOE, mantener su posición dominante en la provincia y limitar el avance del leonesismo político se ha convertido en una condición casi imprescindible para aspirar a repetir victoria electoral en Castilla y León —aunque no tenga opciones de gobernar frente a la suma de PP y Vox, según prevén todas las encuestas—, pero el resultado final dependerá también de lo que ocurra en otras provincias donde el equilibrio entre bloques se presenta igualmente ajustado.