El Gobierno exige a la Generalitat Valenciana blindar la vivienda pública para frenar la especulación y evitar nuevos escándalos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que recupere los controles públicos en la adjudicación de VPO y que blinde la vivienda pública para evitar cualquier intento de especulación.

Rodríguez realizó estas declaraciones en Alicante, tras reunirse con varias asociaciones vecinales que la semana pasada se manifestaron para denunciar lo que consideran un “escándalo” en el proceso de adjudicación de viviendas protegidas en el complejo residencial Les Naus.

Durante su intervención, la ministra defendió que la vivienda protegida debe mantenerse siempre al servicio del interés general. En este sentido, reclamó a la administración autonómica que adopte medidas para evitar que se repitan situaciones como la que ha generado polémica en la ciudad.

“No es un accidente, es un modelo”

Rodríguez insistió en que la vivienda pública debe quedar protegida frente a cualquier intento de uso especulativo y pidió que se refuercen los mecanismos de control sobre su adjudicación.

Según explicó, el problema actual no es fruto de un hecho aislado, sino de un cambio en el modelo de gestión de estas viviendas: “No es un accidente, es un modelo”, aseguró. La ministra recordó que la Generalitat aprobó una normativa que eliminaba algunas de las garantías existentes y permitía la “privatización” de los sistemas de adjudicación de vivienda protegida.

A su juicio, recuperar los controles públicos resulta fundamental para garantizar que las viviendas protegidas lleguen realmente a quienes más las necesitan y no se conviertan en un instrumento para la especulación inmobiliaria.

Una auditoría para detectar más casos

Además de reclamar cambios en la normativa, la ministra pidió al presidente valenciano que impulse una auditoría que permita revisar el sistema de adjudicación de VPO en toda la comunidad autónoma. El objetivo, según explicó, es comprobar si existen otros casos similares al de Alicante y garantizar que los procesos se desarrollan con transparencia y con criterios sociales.

Rodríguez defendió que este tipo de viviendas deben gestionarse con “máxima responsabilidad”, ya que están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con mayores dificultades económicas.

Aplicar la Ley de Vivienda para congelar alquileres

Rodríguez aprovechó su visita para reclamar a la Generalitat que aplique la Ley de Vivienda de España en zonas con fuerte presión inmobiliaria. Señaló especialmente a ciudades como Alicante, donde el incremento del turismo y la llegada de inversión extranjera han provocado una subida muy significativa de los precios del alquiler en los últimos años.

Por ello, pidió al Gobierno autonómico que declare zonas tensionadas y utilice las herramientas previstas en la ley para congelar o limitar los precios del alquiler, una medida que, según defendió, ayudaría a aliviar la situación de muchas familias.

Reunión con asociaciones vecinales

Antes de sus declaraciones, la ministra mantuvo un encuentro con diversas asociaciones vecinales de Alicante que han liderado las protestas tras el escándalo de las VPO.

Durante la reunión, Rodríguez trasladó a los representantes vecinales su reconocimiento por las reivindicaciones que están impulsando en defensa del acceso a la vivienda y su apoyo a quienes han denunciado las irregularidades. También destacó el papel de los medios de comunicación que han contribuido a destapar el caso.

En el encuentro participaron representantes de varias entidades vecinales de la ciudad, entre ellas asociaciones de barrios como Rabasa, Divina Pastora, Carolinas Baixes–Les Palmeretes, Alipark o Virgen del Remedio.

La visita de la ministra y sus declaraciones han intensificado el debate político sobre la gestión de la vivienda protegida y el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana, un asunto que sigue generando creciente preocupación social ante el encarecimiento del mercado inmobiliario.