El impulso inversor del Gobierno en materia de vivienda familiar ha llevado a las licitaciones de obra pública residencial en 2025 a su mejor registro desde 2009, consolidando un cambio de tendencia tras más de una década de mínimos. Así, entre enero y noviembre del año pasado, el Gobierno ha licitado 900,9 millones de euros en vivienda familiar, lo que supone un incremento del 44,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.
A falta de incorporar las cifras correspondientes al mes de diciembre, 2025 ya se perfila como el año con mayor volumen de licitaciones en vivienda pública de los últimos 16 años, un hito que no se alcanzaba desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera.
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El último dato mensual confirma esta tendencia al alza. En noviembre se licitaron obras por valor de 58 millones de euros, un 27% más que en el mismo mes de 2024. Este crecimiento sostenido refleja el efecto acumulado de las políticas públicas impulsadas en los últimos años para aumentar el parque de vivienda asequible y reforzar el papel del sector público en un mercado marcado por la escasez de oferta y el encarecimiento de los precios.
El efecto de los planes estatales y los fondos europeos
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destacan que estas cifras son consecuencia directa del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (PEV) 2022-2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos. Ambos instrumentos han permitido movilizar recursos públicos para promover vivienda protegida, rehabilitar inmuebles y activar nuevas promociones residenciales con destino a familias.
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El Ejecutivo ya trabaja en la siguiente fase de esta estrategia. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que dará continuidad al esfuerzo inversor, contará con una dotación de 7.000 millones de euros, de los cuales al menos el 40% se destinará a la construcción de vivienda asequible. El objetivo es reforzar de forma estructural la oferta pública y aliviar la presión sobre el mercado, especialmente en las zonas con mayor tensión residencial.
Más allá del volumen de inversión, el Gobierno ha puesto el acento en el carácter permanente de la protección de las viviendas financiadas con dinero público. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de garantizar que estas promociones permanezcan siempre al servicio del interés general y no acaben integrándose en el mercado libre.
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“Las viviendas construidas con el esfuerzo de todos deben protegerse para siempre”, ha reiterado la ministra, defendiendo un modelo que evite la pérdida de vivienda pública a medio o largo plazo. Bajo este enfoque, el liderazgo del Ministerio ha propiciado que solo aquellas viviendas con garantía de protección permanente puedan acceder a la financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda.
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