El Algarrobico sigue en pie pese a que la justicia frenó las obras hace 20 años: “Las maniobras dilatorias del Ayuntamiento de Carboneras son muy burdas”

Dos décadas después de que la justicia paralizara, por primera vez, las obras del hotel de El Algarrobico en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), los grupos ecologistas como Greenpeace que han encabezado la batalla legal contra este edificio alertan de que la principal dificultad para su demolición definitiva son las “maniobras dilatorias del Ayuntamiento de Carboneras”. A pesar de que el 21 de febrero de 2006 una orden judicial paralizó las obras del inmueble, que ya estaban ejecutadas al 95% y, aunque ha sido declarado ilegal en numerosas ocasiones, esta mole de hormigón de 21 pisos sigue en pie junto al mar.

“Aquella sentencia de hace 20 años fue solo la primera de una kafkiana sucesión de dictámenes e incumplimientos que, aún hoy, mantienen el cochambroso esqueleto ilegal de esta bestia en primera línea de playa”, indican desde Greenpeace, que asegura que es el Ayuntamiento de Carboneras quien tiene que anular la licencia de obras que le fue otorgada al hotel, si bien “los alcaldes que han estado al frente del municipio llevan años mareando la perdiz para no hacerlo, poniendo excusas con poco fundamento”, lamentan.

“El alcalde de Carboneras [Salvador Hernández (Ciudadanos)] está incumpliendo con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a revisar la licencia de obras aprobada en 2003″, indica a Infobae Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. Ante la prolongación de los trámites municipales, la organización ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que asuma el procedimiento y anule directamente el permiso de construcción, eliminando así la competencia del Ayuntamiento. Si no se anula esa licencia, advierten, el caso podría alargarse varios años más por los recursos.

La organización ecologista, que sitúa a la Junta de Andalucía y a la propietaria del hotel Azata del Sol como actores responsables en segundo y tercer lugar por sus incumplimientos, también ha solicitado al TSJA que multen a Hernández y se le exijan responsabilidades penales “por un presunto delito de desobediencia”.

“Se trata de maniobras dilatorias muy burdas cuando el alcalde debería dar los pasos para derribar el hotel de forma definitiva”, sostiene Berraquero, que también recuerda que El Algarrobico sigue sin ser demolido pese a que el Gobierno central puso en marcha al año pasado el proceso para expropiar la parte de terreno que es de su competencia.

Por su parte, Salvador Hernández atribuye la responsabilidad del polémico proyecto tanto a la Junta de Andalucía como al Ejecutivo central, al señalar que ambos respaldaron y autorizaron la construcción del hotel. Por ello, el alcalde insiste en que ambas administraciones deben negociar y llegar a un acuerdo definitivo que permita resolver el conflicto, según informa la agencia EFE.

“Alargar un poco más la vergüenza”

Desde Greenpeace, sin embargo, insisten en que tanto las acciones del alcalde como las del resto de administraciones solo contribuyen a posponer la demolición del hotel y “a alargar un poco más la vergüenza de haber permitido que esta cicatriz haya destrozado el rostro de la costa andaluza durante dos décadas”, critican.

Respecto a Azata del Sol, la organización ecologista asegura que “sabía a lo que se arriesgaba” construyendo el hotel en este enclave, ya que “conocía la servidumbre de protección era de 100 metros” respecto a la línea de playa y, además, la promotora dio por válido un plano modificado, “que se alteró sin expediente alguno”.

Además del derribo definitivo del edificio, Greenpeace pide la restauración del Parque Natural del Cabo de Gata.