
La destitución fulminante de Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades ha desencadenado la mayor crisis interna en el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la legislatura. La decisión de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, adoptada en el peor momento del pulso con las universidades públicas, ha provocado una reacción inmediata en la Asamblea: tres diputados del Partido Popular, estrechamente vinculados al ya exconsejero, han presentado su dimisión “por coherencia”, evidenciando la fractura abierta en el grupo parlamentario.
El portavoz popular en la comisión de Educación, Pablo Posse, fue el primero en anunciar su renuncia al acta de diputado. Le siguieron Mónica Lavín, responsable de Política Social, y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud. Los tres forman parte del núcleo conocido en los pasillos como “Los Pocholos”, un grupo de jóvenes parlamentarios que irrumpieron en 2023 en las listas del PP y que habían orbitado políticamente alrededor de Viciana.
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La secuencia se precipitó en la comisión de Educación celebrada esta mañana en la Asamblea. En su último turno de intervención, Posse no solo avanzó su marcha, sino que dio por hechas las salidas de dos directores generales del equipo del consejero cesado: la directora general de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo. Horas después, Lavín y Pasarón confirmaban también su renuncia.
El movimiento sorprendió incluso a la dirección del grupo parlamentario popular. Desde la Puerta del Sol aseguraban no tener constancia formal de algunas de las decisiones anunciadas en sede parlamentaria. “Habíamos escuchado rumores, pero no más que eso”, apuntaban fuentes del Ejecutivo regional, que subrayaban que las renuncias deben comunicarse oficialmente al grupo y tramitarse ante la Mesa de la Cámara.
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La despedida de Posse fue especialmente emotiva. Según varios diputados presentes, agradeció el trabajo compartido y habló de una etapa “muy enriquecedora”, hasta el punto de que se le quebró la voz al anunciar su salida. En corrillos parlamentarios justificó la decisión por “coherencia”, una expresión que enmarca su dimisión como gesto de lealtad política hacia Viciana.
El malestar en el seno del grupo popular es evidente. La caída del consejero ha dejado descolocado a un sector que había ganado peso en el diseño de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), el proyecto estrella de la legislatura en materia educativa y el principal foco de conflicto con los rectores.
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El pulso con los rectores
El cese de Viciana se produce tras meses de desgaste por la falta de acuerdo con las seis universidades públicas madrileñas. El último borrador de la LESUC, fechado en noviembre, no logró el respaldo de los rectores, que cuestionaban tanto el modelo de financiación como el alcance de la reforma. Aunque su posición en el Consejo de Universidades es minoritaria, su oposición pública —sumada a una multitudinaria manifestación de la comunidad universitaria— convirtió la tramitación en un problema político de primer orden.

La financiación es el núcleo del conflicto. Los rectores denuncian que los campus arrastran problemas estructurales, con edificios deteriorados y tensiones para abonar nóminas. La situación es especialmente delicada en la Universidad Complutense y en la Rey Juan Carlos. El Gobierno regional aprobó a finales del año pasado un incremento presupuestario superior al 6%, pero los responsables académicos lo consideran insuficiente para revertir la precariedad acumulada.
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En paralelo, un juzgado investiga presuntas irregularidades en la construcción de centros de Formación Profesional, con contratos troceados y adjudicaciones directas, lo que ha añadido presión sobre el departamento.
En este contexto, Ayuso ha optado por un relevo de máxima confianza. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el decreto de cese de Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera. Exdiputada regional y exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Zarzalejo había sido ascendida a viceconsejera en octubre tras su protagonismo en la comisión de investigación de la Asamblea sobre Begoña Gómez.
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La presidenta ha agradecido públicamente el trabajo de Viciana, al que ha definido como un “hombre honrado y serio”, y ha enmarcado el relevo en la necesidad de reforzar el área para culminar los proyectos en marcha, entre ellos el nuevo sistema de financiación universitaria. El propio exconsejero sostuvo en redes sociales que su cese se produjo “a petición propia”.
La lectura política de la oposición
La oposición interpreta la crisis como la constatación de un fracaso político. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, señaló que con las dimisiones “caen los ejecutores de la política educativa de Ayuso” y reclamó un cambio de rumbo en la educación pública madrileña. El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, Óscar Puente, calificó a Viciana como “la primera víctima del Ayusazgo universitario” y acusó al Ejecutivo regional de asfixiar económicamente a la universidad pública.
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Más allá de las declaraciones, el episodio revela una tensión acumulada en el área que gestiona 7.000 millones de euros, el 22% del presupuesto autonómico. La destitución de Viciana y la salida en cascada de diputados y altos cargos dibujan un ajuste de poder en el seno del PP madrileño. En el entorno de la presidenta se da por hecho que la nueva consejera configurará un equipo propio, lo que anticipa más cambios en los próximos días.
El tiempo político de “Los Pocholos” parece haberse agotado con la caída del consejero al que estaban alineados. La crisis universitaria, lejos de cerrarse, entra ahora en una nueva fase, con un Gobierno que necesita recomponer puentes con los rectores y redefinir su estrategia legislativa en una de las áreas más sensibles de la Comunidad de Madrid.
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