Más de 60 trabajadoras de escuelas infantiles de Madrid se quedan sin empleo tras meses sin cobrar: “El modelo de gestión indirecta de Ayuso fracasa”

Meses sin cobrar, sobrecarga de trabajo y deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones. Si el curso pasado supuso un auténtico calvario para las trabajadoras de las escuelas infantiles públicas El Señor Don Gato, ubicada en el distrito madrileño de Vicálvaro, y Tesoros, en Arganda del Rey, este no ha comenzado mucho mejor. Ambos centros educativos han cerrado después de que la empresa que asumió su gestión indirecta, Atreyu Blota Carto, entrara en concurso de acreedores y ninguna compañía mostrara posteriormente interés cuando salieron a concurso público. Ahora tanto las educadoras como CCOO denuncian que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid “no quiere hacerse cargo de la subrogación de las plantillas”, a pesar de que así lo contempla su convenio laboral.

El consejero de Educación, Emilio Viciana, dijo el pasado viernes que, según la Ley de Contratos de sector público “la relación jurídica que tiene la Comunidad de Madrid es con la empresa” y, al no abonar las nóminas a sus trabajadoras, aplicaron “todos los mecanismos legales a su disposición”, es decir, sancionaron a Atreyu Blota Carto, si bien aseguran que han cumplido con “su obligación de garantizar la escolarización de los alumnos”. Viciana también precisó que los trabajadores de la región ingresan por oposición y, por tanto, deben “cubrir los puestos con empleados públicos”.

“La Comunidad de Madrid ha actuado para garantizar este servicio a las familias y todos los alumnos escolarizados en Tesoros y Don Gato podrán acudir con normalidad a las instalaciones durante el curso 2024-2025″, han señalado a Infobae España fuentes del departamento, donde explican que las plazas se han adscrito a colegios de la zona y “las clases se impartirán en esos mismos inmuebles”, que dependen de la Comunidad, a partir del 5 de septiembre. Desde la Consejería aseguran que “una administración pública no puede subrogar trabajadores” y que esa tarea le correspondería a la nueva empresa que pasase a prestar el servicio, pero desde CCOO “no están de acuerdo con esa interpretación de la ley” y creen que el Gobierno regional que lidera Isabel Díaz Ayuso podría hacerse cargo de esos empleos. El sindicato ha anunciado, además, que llevará a los tribunales la actuación de la consejería.

“El consejero evita llamar a las cosas por su nombre, no quiere decir claramente que el modelo de gestión indirecta que impulsa el Gobierno regional fracasa y hay que preguntarse por qué. Eso sí, manifiesta que ha decidido dejar a las trabajadoras tiradas y sin trabajo y dice que lo hacen porque así lo dice la ley”, dice a este periódico Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid. “Nosotros no estamos de acuerdo con esta interpretación, ya que atendiendo al convenio, a la Ley de Contratos Públicos y a la propia Lomloe (ley educativa), es perfectamente posible que la Consejería mantenga el empleo de estas trabajadoras, que han demostrado sobradamente ser muy competentes. Es responsabilidad de la Comunidad de Madrid”, añade.

El sindicato asegura que llevan más de un mes solicitando una reunión al consejero de Educación, pero el departamento “se niega a negociar”. “Queremos que estas trabajadoras no se queden sin empleo porque es perfectamente posible que la Comunidad se haga cargo, es lo justo y es lo que necesita el alumnado”, insisten, al tiempo que recuerdan que ya ha habido casos similares en otros servicios públicos donde los empleados “han sido reasumidos por los titulares directos, las administraciones públicas”. El cierre de estas dos escuelas afecta a un total de más de 60 empleadas, principalmente mujeres con hijos a su cargo, y a unos 300 alumnos.

Respecto a la justificación de la Comunidad de Madrid de que los puestos de trabajo deben cubrirse con empleados públicos, el abogado de las empleadas, Aitor Portillo, explica que no tienen por qué ingresar en esa condición porque “no existen esas vacantes, dado que el servicio continúa como tal” y también destaca los numerosos antecedentes en la administración pública en los que se ha producido subrogación de personal. El representante del despacho Portillo Abogados también señala que en el artículo 30 del convenio colectivo “queda claro el derecho a la subrogación de toda la plantilla, pase a una entidad pública o privada”.

La empresa Atreyu Blota Carto, por su parte, solo ha comunicado a sus empleadas que “la Comunidad de Madrid subrogaría a todo el personal” y sigue sin pagar a sus empleadas las nóminas pendientes. “No tenemos más información, no tenemos un papel de despido ni por parte de la empresa ni de la Comunidad de Madrid y seguimos dadas de alta en la Seguridad Social”, cuentan las afectadas, por lo que este lunes han acudido a su puesto de trabajo “aunque sin poder acceder a las instalaciones”.

Una auditoría para hacer seguimiento

Aunque las trabajadoras de El Señor Don Gato y Tesoros son las que más problemas laborales han tenido en estos últimos meses, las plantillas de los otros siete centros educativos que la empresa gestiona en la región también han sufrido retrasos en el pago de sus nóminas y falta de personal. Por ello, CCOO ha pedido al Ejecutivo autonómico que realice una auditoría a la empresa para que haya un “correcto seguimiento” y no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. “Si esta empresa gestiona mal la educación infantil, no debería poder acceder a estas adjudicaciones”, sostiene el sindicato. “Este tipo de empresas creen que la educación es un negocio más y basan su línea de negocio en maltratar a sus trabajadoras y bajar la calidad del servicio”, concluyen.