El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

El caso que investiga el rescate a Plus Ultra sacude el final de la legislatura y fía su futuro en las explicaciones que dé el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

Los últimos informes del juez José Luis Calama han reconstruido cronológicamente cómo el expresidente operaba presuntamente una “red criminal” —así lo denominan— a través de su entorno. Son varios informes extensos que analizan las 39 empresas que envuelven el rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea, por dónde se movía el dinero, dónde acababa y, sobre todo, qué papel habría jugado en todo esto Zapatero para influir en el actual Gobierno.

La argumentación del juez se apoya en mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y volcados de los móviles de personas del entorno de Zapatero. El juez Calama trata de justificar que las operaciones del expresidente estuvieron fuera de la actividad lobista y se enmarcaron en el terreno del tráfico de influencias. Este delito no es sencillo de demostrar judicialmente, pues la delgada línea que los separa depende de probar que Zapatero ejerció presión para favorecer a una empresa de manera injusta. A pesar de la contundencia de las afirmaciones del juez, muchas de las pistas, especialmente las que siguen el rastro del dinero, todavía permanecen inconexas, y las afirmaciones de los informes contienen muchas suposiciones.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha dado instrucciones a su Ejecutivo para redoblar su apuesta por Zapatero, a la espera de nuevos informes que puedan incluir información sensible. Desde Moncloa intentan transmitir que todavía no hay nada concluyente que incrimine a Zapatero ni al Gobierno y que el rescate contó con todas las de la ley al estar avalado por los tribunales europeos y el Tribunal de Cuentas.

Aitor Esteban: “Es muy grave y muy preocupante”

Pero la realidad que ha dibujado el juez preocupa mucho a los socios del Gobierno. El PNV ha sido el último de ellos en expresarse públicamente. La formación de Aitor Esteban no esconde su pérdida de confianza en Pedro Sánchez tras el “noveno caso judicial” que se abre a su entorno, además de la parálisis legislativa que le impide desde hace meses cumplir con sus compromisos legislativos.

“Aquí no vale todo, [...] ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, expresó este domingo el líder del PNV, Aitor Esteban. Y aunque se está “en una fase indiciaria de la instrucción” del caso, Esteban alertó de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno “es muy grave y muy preocupante”.

De momento, la formación jeltzale evita unirse a los llamamientos de la oposición, que trata de sumar apoyos para hacer prosperar una moción de censura. Y con el apoyo de Vox, necesita los votos del PNV o Junts per Catalunya. En parte porque, al igual que ocurre con el resto de socios, todavía hay pendientes muchos acuerdos que dependen de la supervivencia del Gobierno. Las cosas se complican todavía más con el bloqueo de Zapatero, quien ha sido un activo negociador del Gobierno para tratar de sortear el bloqueo de Junts per Catalunya.

A pesar de los llamamientos desesperados de Vox, el PP tampoco tiene prisa por hacer prosperar la moción, ya que prefiere esperar a que los avances judiciales estrangulen todavía más al Ejecutivo. El malestar es general en el espacio progresista por lo que significa la figura de Zapatero, que, al igual que el PSOE, ha abandonado el argumento del lawfare —la presunta utilización política del sistema judicial, con la connivencia de algunos jueces— para defender la figura del expresidente. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, lo reconoció así en el Congreso de los Diputados, donde advirtió que, de ser verdad, el caso “era una mierda”.