Arranca el juicio por el ‘caso Mercasa’: empresas españolas, una pública, que habrían pagado millones en ‘mordidas’ para construir un mercado en Angola

Tras cuatro años de espera desde que el juez tomó la decisión de abrir juicio oral, este lunes se celebra la primera sesión de la rama principal del caso Mercasa, una causa que aglutina una empresa pública, Mercasa, otras tantas privadas, y supuestos sobornos a funcionarios para conseguir la adjudicación para la construcción de un mercado mayorista en Luanda, Angola, entre 2006 y 2016. En total, están acusadas 18 personas físicas y cuatro mercantiles, con penas que pueden alcanzar más de 20 años años de cárcel.

El primer paso para entender este caso, es saber que es Mercasa. Esta es una empresa pública española cuyo objetivo principal es la gestión, desarrollo y modernización de mercados mayoristas de alimentación en España, formando parte del grupo de empresas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Su labor se centra en asegurar el abastecimiento eficiente de productos frescos, como frutas, verduras, carne, pescado o productos lácteos, a través de los mercados mayoristas que administra, pero también desarrolla proyectos internacionales, asesorando o participando en la planificación de mercados en otros países, como parte de su estrategia de internacionalización.

Comisiones que alcanzan los 20 millones

De esto último es de donde nace la causa que va a ser juzgada. En 2006 Angola quiso llevar a cabo un proyecto de construir un mercado en su capital, Luanda, y tras enterarse, el consorcio CMIC, integrado por Mercasa y la empresa privada Incatema, no quiso perder la oportunidad de hacerse con este contrato. Para ello habría desplegado una serie de actuaciones irregulares para garantizar que los contratos recayeran a su favor, mediante pagos de comisiones a funcionarios angoleños a cambio de favores en la adjudicación.

Sin embargo, el tema no se quedó solo en eso. Durante la ejecución de los contratos adjudicados en Angola, los acusados habrían recurrido a la celebración de contratos de consultoría o agencia que carecían de prestación real de servicios. Estos contratos se formalizaban con personas físicas o sociedades y tenían la apariencia de servicios legítimos, pero en realidad no se prestaban servicios efectivos.

Según la acusación ejercida por la Fiscalía, su único propósito era actuar como vehículo para justificar el pago de comisiones derivadas de los contratos públicos adjudicados al consorcio CMIC. El Ministerio Público estima que el importe total de estas comisiones superó los 20 millones de euros, representando un porcentaje del valor global de los contratos en cuestión.

Además, los pagos se canalizaban a través de sociedades instrumentales o “pantalla” y cuentas vinculadas a intermediarios, entre ellos el comisionista prófugo Guillherme de Oliveira Taveira Pinto, así como a sociedades controladas por terceros. Desde estas cuentas, el dinero se redistribuía entre quienes debían facilitar el acceso o garantizar el mantenimiento de los contratos.

El juez instructor describió estos mecanismos como una forma de pago de “mordidas” camufladas en facturas y contratos aparentes, lo que permitía eludir los controles legales y contables habituales que rigen en una empresa pública como Mercasa.

El mercado en Luanda no se llegó a completar

La acusación fiscal considera que parte de las comisiones abonadas bajo esos contratos sin objeto real acabaron en manos de altos cargos del Gobierno de Angola, y en algunos casos también en intermediarios y sociedades vinculadas a los acusados. La investigación apunta a que esos pagos se hicieron sistemáticamente conforme se iban percibiendo los importes de los contratos principales y que constituyeron una condición continua para asegurar la adjudicación y ejecución del proyecto.

A esto se suma, que, aunque el contrato para la construcción del mercado incluía compromisos técnicos y de infraestructura, la ejecución real de la obra no cumplió con la totalidad de las expectativas: grandes sumas se pagaron y recibieron por el consorcio, pero el mercado mayorista en Luanda no se completó con infraestructuras básicas suficientes para funcionar plenamente pese a los altos presupuestos adjudicados.

La Fiscalía ha utilizado esta circunstancia como parte del argumento de que, más allá de las comisiones, hubo una mala gestión o malversación de fondos públicos.

Los implicados en el juicio

En el banquillo de los acusados se van a sentar 18 personas físicas y cuatro mercantiles, como presuntos autores de estos hechos. Entre ellos se encuentra José Herrero de Egaña, empresario vinculado a la sociedad Tuy Cincuenta y sobrino del Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, a quien la Fiscalía considera coordinador de los pagos ilegales y principal responsable de la canalización de las comisiones a funcionarios angoleños. Para él, la acusación solicita 21,5 años de prisión junto con multas millonarias por la supuesta apropiación indebida de fondos.

Los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana, responsables de la empresa privada Incatema, habrían gestionado la relación del consorcio con Mercasa y supervisado la ejecución de los contratos en Angola, incluyendo la aprobación de pagos que, según la Fiscalía, no correspondían a servicios reales sino a sobornos. Para ambos se solicitan 15,5 años de cárcel cada uno, además de sanciones económicas.

Otros directivos de Mercasa, como María Jesús Prieto Jiménez, están acusados de intervenir en la aprobación y supervisión de las operaciones que permitieron los pagos ilegales y de contribuir a la falsificación o manipulación de documentación contable y contractual que ocultaba la verdadera naturaleza de las transacciones. La Fiscalía sostiene que su implicación era esencial para garantizar que los contratos se desarrollaran bajo el esquema ilícito, beneficiando tanto a los intermediarios como a las empresas del consorcio.

Además, se juzga a un grupo de intermediarios y representantes de sociedades instrumentales que habrían facilitado la distribución de las comisiones y la gestión de cuentas vinculadas a terceros, con el objetivo de encubrir los pagos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Entre ellos está José María Castroviejo, embajador en Angola desde 2009 a 2012, que habría cobrado 300.000 euros por mediar ante las autoridades de Angola para desbloquear deudas con el consorcio CMIC y que, en varios correos incorporados a los autos, el propio embajador expresaba su intención de “ofrecer dinero” a funcionarios angoleños para facilitar esos pagos.

La empresa pública Mercasa también figura en el juicio como acusada y, a su vez, como parte acusadora. Reclamando 26 millones de euros en concepto de indemnización, la compañía sostiene que los hechos causaron un perjuicio económico y reputacional, y que ciertos directivos habrían actuado al margen de los procedimientos legales establecidos, comprometiendo la gestión de recursos públicos y la transparencia que se espera de una entidad pública de su naturaleza.