La tormenta política desatada esta semana por el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho tambalear los cimientos del PSOE. Santos Cerdán, hasta ahora número tres del partido, presentó su dimisión como secretario de Organización y ha anunciado que dejará su acta de diputado el próximo lunes. La presión política es ya insoportable para una formación que ve cómo el llamado “caso Koldo” se extiende como una mancha de aceite, salpicando no solo a antiguos cargos, sino también a empresas públicas, constructoras del Ibex y hasta a familiares y exparejas de los implicados.
Todo comenzó en febrero con la detención de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, pero los nuevos datos revelan una trama más compleja, con múltiples actores operando desde las sombras. El informe de la UCO, que ha precipitado la caída de Cerdán, identifica una red organizada para manipular adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. En el epicentro: el propio Ábalos, Cerdán y Koldo.
Según la investigación, estos tres nombres formaban un engranaje perfectamente engrasado: Koldo como operador directo con empresas constructoras, Cerdán como facilitador de pagos, y Ábalos como el político clave que habría allanado el camino desde el Ministerio de Transportes. El dinero fluía en efectivo, según las grabaciones recogidas por la Guardia Civil, y las obras públicas se convertían en moneda de cambio.
Una red de favores, empresas y altos cargos
Pero más allá del trío protagonista, el informe apunta a otros nombres que refuerzan la hipótesis de una auténtica organización criminal. Es el caso de Víctor de Aldama, supuesto comisionista y conseguidor, que colaboró con la justicia a cambio de evitar prisión provisional. Según sus declaraciones, fue testigo de pagos ilegales que alcanzaban los 600.000 euros y vinculaban directamente a Ábalos y Koldo.
En el Ministerio de Transportes, la UCO sitúa también a dos altos cargos clave: Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. A ambos se les atribuye haber sido instrumentalizados por Koldo para facilitar adjudicaciones. Herrero incluso habría sido cesado tras mostrar reticencias a seguir participando en ciertas prácticas, lo que generó inquietud entre los implicados por lo que pudiera llegar a contar.
El papel de las constructoras ha resultado igualmente central. Acciona, una de las principales compañías del sector, está bajo el foco tras detectarse pagos presuntamente ilegales ligados a contratos en varias ciudades como Murcia, Logroño o Sant Feliú de Llobregat. Aunque la empresa ha negado los hechos y ha abierto una investigación interna, el juez ha solicitado los expedientes de al menos cinco obras, algunas de ellas financiadas con fondos europeos. Junto a Acciona, figuran firmas más pequeñas como Servinabar, OPR y Levantina Ingeniería y Construcción, vinculadas por lazos personales con los protagonistas de la trama, ya sea a través de contrataciones cruzadas o de líneas telefónicas encriptadas.
Nepotismo, colocaciones y organización criminal
El caso no solo destapa corrupción en contrataciones, sino también en el reparto de empleos públicos. La investigación revela la existencia de una red de “colocados” que incluye a exparejas de Ábalos y Koldo, familiares directos y personas cercanas a la red. Tragsatec, Ineco, Logirail o Emfesa aparecen como destino laboral de estas figuras, lo que refuerza la imagen de un ecosistema construido para recompensar lealtades y favores personales.
En el punto más grave del informe, la UCO concluye que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura con indicios claros de organización criminal. El juez ha imputado ya por este delito a Koldo, Ábalos y Aldama, y ve pruebas suficientes para citar también a Cerdán. Una red compleja, con ramificaciones empresariales, políticas y personales, que amenaza con dejar una huella duradera en el panorama político español.
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