El Ministerio de Asuntos Exteriores ha propuesto a la Comisión Europea permitir imponer límites a la compra de viviendas no destinadas a la residencia habitual en Canarias, según ha informado este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Con esta medida, el Gobierno busca aliviar la presión en el mercado inmobiliario de las islas y dificulta el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.
Esta petición se suma a la anteriormente presentada por el Gobierno de Canarias, que sugirió a Bruselas aplicar restricciones o incluso prohibir la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros no residentes para contener el encarecimeinto de la vivienda en el territorio.
Este anuncio se enmarca en un paquete de medidas que el Ministerio ha trasladado a las autoridades comunitarias para valorar su inclusión en la futura reforma de la regulación de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Este grupo abarca los territorios más alejados del continente pero pertenecientes a España, Francia y Portugal que, por su situación socioeconómica y geográfica, cuentan con condiciones específicas dentro de los tratados europeos.
Una de cada cuatro viviendas se destina a uso no residencial
Con esta propuesta, la cartera de Torres espera crear mecanismos legislativos específicos “para que se pueda abaratar el precio” de la vivienda en la región, donde el coste del acceso a un inmueble se ha visto particularmente afectado por el aumento de la demanda habitacional que supone el turismo y la falta de oferta disponible para residentes.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha llevado personalmente a Bruselas cifras que ilustran la magnitud del fenómeno. Según sus datos, una de cada cuatro viviendas en venta en las islas termina en manos de compradores extranjeros. Esta tendencia, subrayó, repercute de manera directa en el acceso a la vivienda para los residentes, por las características de un territorio “fragmentado y limitado”.
Las otras propuestas de España para las RUP
Más allá de la intervención en materia de vivienda, el Gobierno de España ha incluido en su documento de sugerencias para la futura simplificación de la normativa de las RUP otras demandas que afectan a sectores clave de las islas y apuestan por consolidar en estas regiones un espacio de experimentación normativa para poner a prueba innovaciones legislativas antes de extenderlas al resto de la Unión Europea.
Una de ellas es la solicitud de mantener la singularidad presupuestaria y administrativa del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), considerado “de vital relevancia para el sector primario” canario. Tanto Agricultura como Hacienda defienden que se preserve la especificidad del POSEI para garantizar la estabilidad de las ayudas y la continuidad de las producciones locales.
En materia de ayudas públicas, el Gobierno español propone dotar a Canarias y al resto de las RUP de mayor flexibilidad para aprobar ayudas de Estado. Reclama que no existan límites estrictos ni en las cuantías, ni en los sectores o plazos, siempre que no se comprometa la cohesión de la Unión. Además, el Ejecutivo aboga por actualizar el reglamento europeo para permitir ayudas “de minimis” destinadas a la renovación urgente de la flota pesquera pequeña de menos de 12 metros, y a reformas que mejoren la seguridad y sostenibilidad de estos buques.
En el terreno migratorio, España ha solicitado a la Unión Europea un marco que facilite la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las regiones ultraperiféricas al continente, para evitar su concentración en estos territorios. En 2025, Canarias llegó a tutelar en solitario a casi 6.000 menores africanos rescatados en el mar, que empezaron a ser distribuidos entre otras comunidades autónomas tras la modificación de la Ley de Extranjería.
*Con información de agencias
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