Pedro Sánchez se queda solo con su plan de vivienda: Sumar le da la espalda, sus socios lo ven como una “tomadura de pelo” y la derecha lo señala como otro “ridículo”

Pedro Sánchez presentó este lunes una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban el alquiler con la convicción pública de quien cree tener aún el control del tablero. Lo hizo en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde el Gobierno prevé levantar 10.700 viviendas asequibles, y con una apelación directa a la “gente”, a la estabilidad y a la certidumbre de millones de familias. Pero apenas unas horas después, la iniciativa ya había sido desautorizada por su socio de Gobierno, rechazada por los aliados parlamentarios de la izquierda y convertida por la oposición en una prueba más de la fragilidad política del Ejecutivo.

El presidente trató de justificar la iniciativa con una advertencia muy concreta. En 2026 se actualizarán más de 600.000 contratos de alquiler que cumplen cinco años y, sin una intervención pública, esas renovaciones podrían traducirse en subidas muy superiores a las permitidas en las revisiones ordinarias. Según los cálculos del Gobierno, hasta 1,6 millones de hogares podrían verse afectados. La bonificación fiscal pretende actuar como dique de contención: si el propietario no sube la renta, el Estado le compensa a través del IRPF por lo que dejaría de ingresar.

Sánchez enmarcó esa decisión en un pulso político con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a las que acusó de no aplicar los mecanismos de la Ley de Vivienda que permitirían frenar los precios. Ante esa negativa, vino a decir, al Gobierno central solo le quedan las herramientas que controla directamente. Y entre ellas, la fiscalidad. “¿Cuáles son las herramientas que tiene el Gobierno de España?”, se preguntó. Y se respondió con los incentivos fiscales como palanca inmediata para intervenir en el mercado.

El choque con Sumar

Ese razonamiento, sin embargo, chocó casi de inmediato con su propio Ejecutivo. La fractura no fue soterrada, sino explícita. Sumar, el socio minoritario de la coalición, no solo no avaló el anuncio, sino que lo rechazó frontalmente. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue tajante: en los términos planteados, la medida no contará con su apoyo. La calificó de “ineficaz” e “injusta” y defendió que la única vía real para proteger a los inquilinos es la prórroga obligatoria de los 600.000 contratos que vencen este año, una propuesta que, según explicó, lleva meses bloqueada en la negociación con el PSOE.

Bustinduy añadió además un detalle revelador: no sabía que Sánchez iba a anunciar el plan. La admisión subrayó el carácter unilateral de una iniciativa lanzada sin un acuerdo previo en el seno del Gobierno. “No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios”, insistió, al tiempo que reclamaba al PSOE que se siente a negociar una alternativa que convierta la congelación de las rentas en un derecho y no en una opción sujeta a la voluntad del casero.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reforzó ese mensaje con un rechazo público: “Regalar dinero público a los rentistas es un grave error”. La vivienda, recordó, es un derecho constitucional, no un regalo fiscal. Su partido cerró filas en esa línea. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, habló de “regalos a los caseros”, y Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda y dirigente de Compromís, advirtió de que el único decreto con posibilidades de prosperar es el que frene las renovaciones con subidas de hasta un 40%.

A ese frente se sumó Podemos. Irene Montero anunció que su formación votará en contra y acusó al Gobierno de priorizar los ingresos de los propietarios frente a la situación de los inquilinos. A su juicio, el Ejecutivo podría hoy mismo bajar los alquileres por ley, prohibir la compra de viviendas a no residentes y vetar los pisos turísticos, pero ha optado por proteger a los “rentistas”. “Pagan siempre los mismos: la gente que ya va ahogada”, afirmó.

El bloque de investidura se descuelga

El malestar se extendió también a los socios parlamentarios del PSOE. Esquerra Republicana y EH Bildu se desmarcaron de la propuesta y censuraron las bonificaciones fiscales. Gabriel Rufián advirtió de que permitir que alguien pague “cero impuestos por tener casas” es una receta segura para alejar a los trabajadores sin vivienda y alimentar la desafección política. Oskar Matute, de Bildu, calificó la iniciativa de “tomadura de pelo” y reclamó la prórroga automática de los contratos que vencen en 2026 en lugar de “regalar dinero público a los caseros”.

De este modo, la medida que Sánchez presentó como una forma de “unir” a propietarios e inquilinos en un supuesto “bien común” nació rodeada de un rechazo casi unánime dentro del bloque que sostiene al Gobierno. Y ese aislamiento se convirtió de inmediato en un filón para la oposición. El PP subrayó que el presidente ya no logra apoyos ni siquiera en su propio Ejecutivo. Juan Bravo resumió la escena con una frase: “No tiene apoyos ni en el Parlamento ni en el propio Gobierno”. Miguel Tellado fue más duro al afirmar que Sánchez “ya no es capaz ni de evitar hacer el ridículo”, mientras otros dirigentes hablaban de improvisación, propaganda y un Ejecutivo sin rumbo.

Vox también despreció la iniciativa. Su portavoz, José Antonio Fúster, recordó que ya existen ayudas fiscales a los propietarios y sostuvo que las políticas de control de precios han fracasado allí donde se han aplicado. En su diagnóstico, Sánchez es el principal responsable de la crisis de la vivienda y su nuevo plan solo traerá menos oferta y precios más altos.

Mientras el Gobierno insiste en que el decreto se aprobará en las próximas semanas y que aún hay margen para trabajarlo con los socios, la escena que deja el anuncio de Campamento es la de un presidente que lanza una de las banderas sociales de la legislatura sin haber asegurado antes los apoyos necesarios, confiando en que la gravedad del problema y la presión política acaben alineando una mayoría que, por ahora, le da la espalda.