Oriol Junqueras salió visiblemente contento del Palacio de la Moncloa este jueves, donde logró un nuevo modelo de financiación para Cataluña que reportará 4.700 millones de euros extra a esta comunidad. Auguraba que todas estarían satisfechas porque “nadie pierde” en el reparto, pero lo cierto es que antes incluso de conocer los detalles, ofrecidos 24 horas después por María Jesús Montero, presidentes autonómicos del PP y también del PSOE ya lamentaban el secretismo con el que se ha elaborado, así como que el interlocutor principal haya sido Junqueras.
Emiliano García-Page se lanzó el primero: “En estos años, mi partido ha cruzado muchas líneas rojas, pero si alguien de verdad se quiere plantear poder cruzar la de la igualdad, literalmente estaría siendo el mayor quebranto a la ideología del PSOE en toda su historia”. Juanma Moreno también ha protestado. Acusa al Gobierno de romper la “multilateralidad” y de hacerle “un traje a medida” al líder de ERC. El barón ha deslizado además una tesis que seguramente comparta su compañero Jorge Azcón. Los dos se las ven en las urnas este 2026.
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El PSOE ya se estrelló en Extremadura y encara ahora Aragón. Después será Andalucía. Sánchez pidió a sus ministros ingeniar iniciativas de impacto social que no tengan que pasar por el Congreso, donde las cuentas han dejado de salir. Esta semana, el Ministerio de Trabajo ha aportado una, proponiendo subir el SMI (salario mínimo interprofesional) a 1.221 euros en 14 pagas. Para Moreno, la lluvia de millones de la nueva financiación —son 21.000 millones más— responden a un cálculo electoral. Este buscaría hacer daño al PP por dos vías.

El dilema del PP
La primera de ellas es que las candidatas socialistas, Pilar Alegría y Montero, puedan vender que el Gobierno ha propiciado mayores recursos para Aragón y Andalucía. La segunda, meter al PP en un debate interno. Más o menos satisfechos, sus presidentes quieren ese dinero, lo necesitan para ser más ambiciosos en sus políticas, pero quien vota esa financiación no son ellos, sino los diputados del Grupo Popular en el Congreso, donde casi de forma sistemática el voto es no. De ser un sí, darían al PSOE una importante victoria parlamentaria en pleno ciclo electoral.
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Volviendo a Junqueras, pero continuando con barones, pudiera parecer que Pedro Sánchez ha despreciado a Salvador Illa, dejando que sea un rival quien saque pecho. Pero lo que ha hecho Sánchez es apuntalar un apoyo sólido a su gobierno y también al de Illa, quien ha tenido voz y ha estado al tanto de la negociación. Los presupuestos de Cataluña, más cerca. Ni uno ni otro serían presidentes sin ERC, que ha dejado a un lado el empeño independentista para poner por delante la defensa de los derechos sociales, siendo muleta del PSOE en el Congreso y del PSC en el Parlament.
2026 al ataque
Tanto es así que costaría negar que las siguientes palabras han sido pronunciadas por Sánchez o alguno de sus ministros, este jueves en la Cadena SER, a la pregunta de si queda legislatura por delante: “Ante las necesidades tan manifiestas de la ciudadanía, de las familias, tenemos la obligación de intentarlo. Apela a la responsabilidad de todos nosotros. (...) Un acuerdo lo más amplio posible entre las fuerzas de tradición democrática, las que han hecho posible el desarrollo del Estado del bienestar. Lo necesitamos casi como el aire que respiramos”. Lo dijo Junqueras.
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Sánchez vive en Moncloa desde hace ocho años porque es hábil —que cada cual elija su palabra—. 2025 terminó de mala manera para PSOE y Gobierno, pero el presidente ha arrancado el 26 proclamando que va a seguir vendiendo muy cara su —por tantos esperada— derrota. Al tercer día de enero se subió a la captura de Nicolás Maduro y, a las horas, anunció la intención de enviar tropas a Ucrania. Con manos atadas en lo nacional, perfil internacional. Y al séptimo día vino la munición para el cuerpo a cuerpo con el PP. La financiación abre el juego.
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