Javier Avial, asesor financiero: “Uno de los errores más caros que pueden cometer las empresas es contratar a alguien con una categoría inferior a sus funciones reales”

En el ámbito laboral, la correcta clasificación de los trabajadores continúa siendo uno de los puntos más sensibles dentro de la gestión de recursos humanos y uno de los focos habituales de conflicto en las relaciones entre empresas y empleados. En sectores donde existe una amplia variedad de categorías profesionales y donde las tareas pueden implicar distintos niveles de responsabilidad, riesgo o capacitación, la frontera entre lo que marca el contrato y lo que se ejecuta en la práctica suele difuminarse con facilidad, abriendo la puerta a reclamaciones, sanciones y problemas legales difíciles de revertir.

Por esa razón, cada vez más especialistas insisten en que ajustar la categoría laboral a las funciones efectivamente desempeñadas es una cuestión que no solo protege al trabajador, sino que también resguarda a la propia empresa. Al respecto, el asesor financiero Javier Avial advierte sobre lo que considera uno de los errores más costosos que puede cometer una compañía: contratar a una persona con una categoría profesional inferior a las funciones que realmente realiza.

Avial sostiene que este tipo de prácticas, lejos de representar un ahorro, pueden convertirse en una fuente de problemas que afecten tanto al equilibrio económico del negocio como a su seguridad jurídica. Avial plantea un ejemplo concreto para ilustrar la situación: una empresa contrata a un empleado bajo la categoría de peón de albañil, pero luego le asigna tareas que implican subir a andamios, manejar maquinaria o realizar trabajos en altura. Todas esas funciones corresponden a un oficial, una categoría que conlleva mayor responsabilidad y un nivel de riesgo significativamente superior.

En caso de fraude puede intervenir la Inspección de Trabajo

A partir de este caso, el asesor detalla las posibles consecuencias que puede enfrentar la empresa si mantiene a un trabajador desempeñando tareas que no coinciden con la categoría del contrato. Una de las primeras, señala, es que el empleado puede reclamar el reconocimiento de la categoría profesional, así como las diferencias salariales derivadas de ese desajuste. Esas reclamaciones podrían incluso tener efectos retroactivos, lo que supone para la empresa un impacto económico que puede acumularse de forma considerable con el paso del tiempo.

Más allá de la relación directa entre trabajador y empleador, Avial subraya que la Inspección de Trabajo también puede intervenir en casos donde detecte un fraude en la contratación. Según explica, la empresa podría enfrentarse a un acta de infracción no solo por la categoría incorrecta, sino también por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Y es que, al tratarse de funciones que implican un mayor grado de peligrosidad, resulta especialmente grave que se realicen sin la formación adecuada o sin el reconocimiento contractual correspondiente.

El asesor financiero advierte además que el escenario se complica todavía más en caso de que ocurra un accidente laboral. En esa situación, afirma, las consecuencias pueden incluir un recargo de prestaciones -lo que implica un aumento del coste que la empresa debe asumir-, responsabilidades económicas adicionales e incluso responsabilidades de carácter penal si se determina que existió negligencia. De este modo, una decisión aparentemente menor, motivada por la intención de ahorrar dinero en la contratación, puede terminar derivando en un problema mucho más profundo y costoso.